Lo ocurrido la semana pasada cuando un hombre con machete irrumpió violentamente en la Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre con machete en la mano para exigir que no se cumpliera con el deber legal que le corresponde a los funcionarios de esa entidad de control migratorio, que tramitaba una orden de expulsión de una joven a la que se le negó la residencia en la isla, es de una gravedad tal que solo se entiende como la entronización de las vías de hecho que ya se habían inaugurado con los bloqueos generales de vías de North End, para echar al traste medidas de control ambiental en el cayo Johnie Cay impuestas por Coralina.
Ese mal antecedente parece haberle dado argumentos o justificaciones a algunas personas para impedir que la Ley se cumpla y que el control o la oposición que deban ejercer los ciudadanos, sea aquella que las mismas normas establecen pero siempre en derecho y por la vía de la legalidad, más no por las vías de hecho.
En los acontecimientos ocurridos la semana pasada se alteró el orden público, se amenazó a autoridades públicas, se irrumpió en un despacho público y por la violencia se trató de constreñir a unos funcionarios públicos para incumplir con un deber legal que les corresponde.
Esto ha generado el temor de los funcionarios de la Occre a ser agredidos por personas que se ven afectados con la aplicación de las normas de control migratorio, y sienten que están amenazados, por lo que se requiere que la Policía Nacional y la Gobernación del Departamento establezcan los dispositivos de seguridad necesarios en la propia oficina donde el personal administrativo debe resolver a diario toda suerte de reclamos, peticiones, tramites, demandas legales, etc., algunas de las cuales se efectúan con algún tono de agresividad o inconformidad de parte de quienes hacen tales solicitudes.
Pero más allá de esas actitudes violentas de los ciudadanos que se ven afectados con las decisiones migratorias de la Occre, lo que si resulta incomprensible es que sean ciudadanos raizales y residentes los que promuevan estos comportamientos, y peor aún que no se entienda cual es la función de esa entidad y el compromiso que tiene en el control a la sobrepoblación que es hoy la madre de todos los problemas y conflictos sociales que aquejan a todos los habitantes, tales como delincuencia, armamentismo, atracos, caos urbanístico, proliferación de basuras, daños ambientales, tugurización, etc.
La sociedad está obligada no solo a contribuir con las medidas de control poblacional, si no a tener mayor conciencia ciudadana, ya que no se entiende cómo es que la sociedad cuando se trata de ejercer con rigurosidad los controles poblacionales, salen en defensa de quienes no tienen derecho a residir en el archipiélago y cuestionan el cumplimiento de la normas que hace la entidad migratoria.
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