De acuerdo con este documento reservado, del magistrado José Leonidas Busto Martínez, desde diciembre del 2015 se está tramitando un recurso de apelación entablado por el parlamentario Julio Eugenio Gallardo Archbold contra la acusación formal de la propia Corte Suprema de Justicia por delitos contra la administración Pública.
Llama la atención que este trámite que hace rato ha debido ser evacuado por el despacho del magistrado, como ha ocurrido con otros trámites similares a los que ese despacho le ha imprimido celeridad, parece dormir el sueño de los justos.
El representante a la Cámara Julio Gallardo Archbold sembró sus esperanzas en que el magistrado José Leonidas Bustos Martínez le conceda la apelación a instancias de la Sala de Casación Penal dentro del proceso 28016 que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por algunos escándalos de corrupción cuando éste fue presidente de la Cámara de Representantes.
Se trata de la providencia de auto interlocutorio número AP7433-2015 en una actuación de única instancia de fecha 16 de diciembre de 2015 por el delito de Peculado por apropiación, según conoció The Archipiélago Press en fuentes judiciales.
En noviembre de 2011 la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Guillermo Salazar Otero, reactivó el proceso penal que cursa en el Alto Tribunal contra los ex congresistas Julio Gallardo Archbold y Alfredo Cuello Baute, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra de equipos tecnológicos entregado durante la presidencia de éstos en la Cámara de Representantes. La Corte citó a ocho personas que conocían del asunto para que rindieran su versión como testigos del caso.
La investigación
La Corte se declaró competente para adelantar la investigación por las conductas punibles que se les imputan a éste y que tienen relación con las funciones desempeñadas por éste como Presidente de la Cámara de Representantes, ya que los mencionados hechos sucedieron siendo Presidente de esa Corporación y ordenador del gasto de la entidad, condición bajo la cual suscribió diversos contratos donde presuntamente se presentó un peculado por apropiación que motivaron dicho expediente.
La Corte habría recopilado pruebas que demostrarían que labores relacionadas en los contratos de prestación de servicios ejecutados por contratistas seleccionados por Gallardo Archbold, además de los sobrecostos denunciados, no demandaban especiales conocimientos profesionales, técnicos o científicos, y podían realizarlas los profesionales, los técnicos o el personal operativo vinculado a la planta de la Cámara de Representantes, con lo cual le ocasionaron un detrimento al patrimonio del Estado, mediante peculado por apropiación en favor de terceros, por el cual debe responder el parlamentario en su condición de ordenador del gasto de la Cámara de Representantes, para la época de los hechos.
La adquisición de servicios profesionales con los contratistas además de resultar onerosa frente a las labores desarrolladas y desproporcionados los pagos en los contratos suscritos era innecesaria para el cumplimiento de las funciones públicas a cargo de la Cámara de Representantes, de las cuales tenia plena comprensión Gallardo Archbold dadas sus calidades académicas, experiencia como congresista desde 1991 y su condición de Presidente de esa Corporación, que le permitían tener pleno conocimiento acerca del funcionamiento de las diversas dependencia de la entidad, la planta de empleados que las integraban, las funciones asignadas, y cuándo, en realidad, se requería contratar servicios profesionales para ejecutar labores que de otra manera no pudieran satisfacerse.
A juicio de la Corte Suprema Gallardo hizo imperar el argumento genérico de la insuficiencia de personal, y con lo cual se buscaba atender las necesidades del servicio y el cumplimiento de las funciones de la entidad, sino a satisfacer intereses de variada naturaleza como la recomendación política, o los vínculos de amistad, lo que demostraría la materialidad de sus comportamientos penales y que le atribuirían responsabilidad a doctor Julio Eugenio Gallardo Archbold, razón por lo que se procedió a dictar acusación en su contra, como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, en concurso homogéneo y sucesivo, ejecutado a través de los contratos de prestación de servicios examinados investigados.
Este proceso cobra particular importancia cuando la propia Fiscalía General de la Nación ha destapado pruebas de presunta corrupción descubiertas por la DEA de Estados Unidos contra el magistrado Bustos Martínez por que el magistrado, a quien el Gobierno de ese país le canceló la visa de ingreso, haría parte de un carrusel de corrupción en la justicia colombiana, donde al parecer, negociaba fallos judiciales por multimillonarios sobornos. Por lo tanto desde ya se espera que como todos los procesos de Bustos Martínez, este que adelanta contra el representante sanandresano Julio Eugenio Gallardo Archbold- actualmente aliado del gobierno de Juan Manuel Santos Calderon-, también sea revisado y se determinen las causales de la morosidad que ha caracterizado el recurso de alzada presentado por el parlamentario contra la propia acusación de la Corte Suprema de Justicia.
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