El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés en fallo de este 29 de noviembre de 2017 dentro del Radicado número 88-001-23-33-000-2017-00059-00 en marco del medio de control de Protección de los derechos e intereses colectivos demandados por Edna Rueda Abrahams y Olga Patricia Dickens contra el Departamento y la Secretaria de Salud ordenó la apertura de incidente de descarado contra el gobernador Ronald Housni Jaller y el comandante de la Policía coronel Jorge Mendoza Lizcano.
Al imprimirle trámite constitucional el Tribunal procedió a estudiar el cumplimiento de la medida cautelar adoptada mediante auto fechado 31 de julio de 2017, para lo cual tuvo en cuenta las intervenciones hechas en la audiencia de pacto de cumplimiento el pasado 21 de septiembre de 2017.
El operador judicial recordó las órdenes impartidas por este Despacho mediante la medida cautelar decretada donde se ordenó al operador y terceros aliados abstenerse de retirar los equipos técnicos necesarios para garantizar la continuidad del servicio de salud, hasta tanto entre el nuevo operador a prestar el servicio.
En dicha medida también se ordenó al Representante legal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que de manera inmediata adopte los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud para toda la población insular. Dicho servicio entraña: el principio de integralidad, lo que significa que, además del servicio de salud propiamente dicho, Urgencias, Médicos, Laboratorio, Farmacia, UCI etc. sino también los de mantenimiento, aseo, esterilización, vigilancia, recolección de residuos peligrosos.
A este proceso se vinculó a la Policía Nacional, al presente trámite de acción popular, la cual se notificó de manera personal y se le ordenó para que preste la vigilancia necesaria, adoptando todas las medidas necesarias para evitar incidentes en el Hospital Departamental.
Posteriormente, mediante Auto fechado 15 de agosto de 2017, se ordenó el levantamiento de la medida cautelar respecto a la primera orden impartida por este tribunal, mediante auto de fecha 31 de julio de 2017, esto es, «Ordenar al operador y terceros aliados abstenerse de retirar los equipos técnicos necesarios para garantizar la continuidad del servicio de salud, hasta tanto entre el nuevo operador a prestar el servicio». Sin embargo, siguió pesando sobre el Gobernador del Departamento y la Policía Nacional, la medida consistente en: que el Representante legal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de manera inmediata adopte los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud para toda la población insular.
Dicho servicio entraña: el principio de integralilad, lo que significa que, además del servicio de salud propiamente dicho, urgencias. Médicos, laboratorio, farmacia, uci etc. sino también los de mantenimiento, aseo, esterilización, vigilancia, recolección de residuos peligrosos, que la Policía Nacional, preste la vigilancia necesaria, adoptando todas las medidas necesarias para evitar incidentes en el Hospital Departamental.
Para el Tribunal, después de escuchar a las partes en audiencia pública de fecha 21 de
septiembre de 2017, se considera que se han hecho denuncias en el sentido de que no se está garantizando el servicio público de salud de manera eficiente y oportuna. Lo anterior, se traduce en la inobservancia del principio de integralidad que caracteriza el servicio público de salud que debe garantizar el Estado mediante la entidad territorial demandada, en pro de la comunidad de las Islas.
Para un cabal cumplimiento a las órdenes impartidas el representante Legal del Departamento Archipiélago-Gobernador-debía adoptar las medidas necesarias para mantener en óptimas condiciones todas las áreas de atención médica del Hospital. Es decir, el área de urgencias, laboratorio, farmacia, UCI adultos y neonatal, quirúrgica, medicina interna, pediatría, salud mental, sala de cirugía y sala de parto. Asimismo, el área de mantenimiento, aseo, esterilización, vigilancia y recolección de residuos peligrosos.
Por otro lado, es menester del Despacho, señalar que encuentra una presunta renuencia por parte de la Policía Nacional, respecto a su vinculación al presente proceso, porque según su respuesta a la demanda, «el asunto en sí mismo se contrae a garantizar de forma general la prestación de los servicios de salud en la isla, situación
que no es del resorte o competencia de la entidad policial, por lo que no está llamada a ser direccionada en contra de la institución…», debido a que la Policía tiene como misión, velar por el orden y seguridad de toda la comunidad y en este caso, de las personas que laboran o reciben atención médica en el Hospital.
Por tanto, este Despacho conforme al artículo 241 del C.P.A.C.A., procede a dar apertura a incidente de desacato con el fin de establecer el cabal cumplimiento de la medida en contra de Ronald Housni Jaller, en calidad de representante legal de la entidad territorial demandada en el presente proceso y el señor Comandante de la Policía Coronel Jorge Enrique Mendoza Lizcano.
Por 