El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés decidió sancionar con multas de 20 y 10 salrios minimos respectivamente a las autoridades del Departamento, de la salud y directivos hospitalarios por descatar ordenes de ese Tribunal que ordenaban la prestacion integral de servicios medicos y de suministro de medicamentos a los pacientes.
En tal sentido se impone la máxima sanción al al señor gobernador del Departamento Ronald Housni Jaller, en calidad de representante legal de la entidad territorial demandada en el presente proceso con multa de veinte (20) SMLMV, al señor Heider Avendaño en calidad de secretario de salud departamental con multa de diez (10) SMLMV, la señora Martha Cecilia Ramírez Orrego representante legal de la IPS Universitaria con multa de veinte (20) SMLMV y al señor José Julian Carvajal Mejía representante legal de Salus Global Partners GC S.A.S, con multa de veinte (20) SMLMV respectivamente, por los motivos expuestos en la presente providencia.
Sobre el caso concreto, cabe señalar, que la sanción procede cuando queda en
evidencia, que el obligado a cumplir las medidas cautelares tiene el ánimo de
dilatar o incumplir la orden que se le ha dado, circunstancia que se vislumbra en el presente caso, pues, como se explicó, de las respuestas dadas por los responsables del cumplimiento de las mencionadas órdenes y de la valoración de las pruebas en su conjunto, se observa claramente que se quiere hacer una especie de transvase de competencias u obligaciones, es decir, alegar que el
incumplimiento no es suya, sino del otro y así sucesivamente, con lo que se pretende diluir la responsabilidad aquí determinada. Situación que no es de recibo para esta Sala, comoquiera que se trata de derechos fundamentales e
intereses colectivos, los que se debaten en este proceso, referidos a la situación de amenaza a la salud y a la vida que se presenta respecto de la prestación de este servicio público en el Departamento Archipiélago.
La conducta asumida por los representantes de las entidades que están llamadas a cumplir las cautelas, se puede calificar de negligente, dado que a pesar de no haber encontrado desacato en el primer incidente, no se compadece que pasado el tiempo no se observa una verdadera mejorías en la prestación del servicio, ni mucho menos, el acatamiento de las órdenes impartidas de cara a que este servicio se pueda suministrar de manera eficiente y efectiva para esta
comunidad.
Así las cosas, el desacato deviene en notoria y se halla debidamente probada dentro del trámite constitucional y aun cuando se alega por parte de las entidades encontrarse limitada su competencia a las obligacione contratadas, lo cierto es que cada uno de los responsables debe acatar las órdenes judiciales que les corresponde.
Finalmente, es menester de este cuerpo colegiado, señalar que la imposición de
la sanción no debe ser arbitraria y por esta razón, se tiene en cuenta la importancia de los derechos constitucionalmente protegidos y en el caso concreto, la necesidad de acudir a esta acción para lograr por medio de una orden judicial la prestación del servicio público de salud a la comunidad de las islas,enóptimas condiciones.
Teniendo en cuenta lo dicho en precedencia, esta Sala siguiendo reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, procederá a imponer sanción habida consideración que hecha la evaluación de la conducta asumida por los incidentados, se comprobó negligencia por el incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas, en consecuencia, se impondrá una sanción consistente en multa de veinte (20) SMMLV al señor Gobernador del Departamento Archipiélago, diez (10) SMMLV al Secretario de Salud, veinte (20) SMMLV al representante de la IPS Universitaria de Antioquia y veinte (20) SMMLV al representante de Salus Global Partners C.G. S.A.S., conforme al Art. 241 del CPACA.
Por 