De muy poco parece haberle servido al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina haber sido declarado por la Unesco Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower, pues una auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República a las acciones de protección de este ecosistema determinó graves problemas de contaminación y, además, un alto riesgo de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de residuos sólidos y la posibilidad de que el relleno disponible cope su capacidad.
Con 18 millones de hectáreas, esta es la Reserva de la Biosfera de mayor extensión y la más poblada entre las insulares-marinas existentes.
Las deficiencias en la gestión ambiental de la Reserva Seaflower que detectó la Contraloría generan impactos negativos a los ecosistemas y a los pobladores del Archipiélago.
La Reserva de Biosfera Seaflower es una de las zonas más susceptibles al fenómeno de Cambio Climático, lo cual se agrava con la deficiente gestión institucional que se da en el Archipiélago, como sucede con la disponibilidad de agua dulce, donde se encontró que los acuíferos que abastecen a San Andrés están siendo contaminados de manera continua por filtración de agua residual.
Así mismo la empresa prestadora del servicio de acueducto no ha generado cambios para mejorar los índices de agua no potabilizada en la Isla, afectando negativamente los acuíferos que sostienen a los pobladores.
Contaminación en aumento
De otra parte, la auditoría observó que se ha permitido la operación inadecuada del emisario submarino, cuyos problemas de diseño y operación son evidentes:
las aguas residuales son vertidas al mar a pocos metros de la línea de costa (500mts), sin ningún tipo de tratamiento, y el agua cristalina que caracteriza a San Andrés es reemplazada por aguas oscuras con olores desagradables, contaminando el que ha sido llamado “mar de 7 colores”.
Aumentando esta problemática el prestador de servicio de alcantarillado en la ciudad, incumple reiteradamente los objetivos y proyecciones de calidad para el vertimiento en los parámetros monitoreados de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), Solidos Suspendidos Totales (SST) y Caudales (Q).
Lo anterior genera un incumpliendo de los niveles de Carga Contaminante aprobados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
Así mismo, los caudales de descarga son más altos de los permitidos por la autoridad ambiental, sin que a la fecha se hayan tomado medidas efectivas para prevenir y corregir la contaminación y afectación en la zona.
Alarmante manejo de residuos sólidos
Otra situación alarmante es el manejo de residuos sólidos generados en el Archipiélago, debido a que el único relleno sanitario que existe en la isla (el “Magic Garden”), está llegando a su capacidad de diseño y hay riesgo de una emergencia sanitaria al no disponer de otro sitio adecuado para la disposición segura de los desechos, situación que resulta de una política inadecuada para el manejo de residuos sólidos.
La Contraloría encontró que el manejo de lixiviados en el relleno sanitario de San Andrés es inadecuado.
Dentro de las irregularidades observadas se destacan las siguientes: piscinas de evaporación colmatadas, canales de recolección obstruidos que impiden la adecuada circulación del fluido, percolación perimetral de los lixiviados, y caudales importantes de lixiviados sin tratamiento vertidos al suelo, que finalmente se infiltran a los acuíferos subterráneos que se utilizan como fuente de agua, lo cual da cuenta de las deficiencias en la operación de este sitio.
$24 mil millones invertidos en una planta inactiva
Aún más grave, el organismo de control identificó que una planta para el tratamiento de Residuos Sólidos construida con inversiones por cerca de $24.380 millones de pesos, se encuentra inactiva.
Con esta planta se buscaba ir sustituyendo parcialmente el consumo de diésel como fuente de energía, por generación a partir de los desechos. Pese a que la planta es totalmente operativa y su construcción se realizó hace más de 6 años, no presta ningún servicio a los pobladores, aumentando la problemática de disposición de residuos en la isla.
Procesos sancionatorios de Coralina no son efectivos
Se ha determinado igualmente que los procesos sancionatorios iniciados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), no son efectivos, puesto que no se culminan o se dilatan sin justificaciones.
Ejemplos de ello son la ocupación ilegal de playa y construcción de infraestructura en el parque regional Johnny Cay que demuestran laxitud en las acciones de autoridad, dado que se evidenciaron procesos sancionatorios abiertos desde el año 2014 que aún se encuentran sin una decisión de fondo.
En Johnny Cay: un muelle de pasajeros que se quedó en proyecto
De otra parte, se encontró que se han contratado obras en San Andrés que no han cumplido el fin para el que fueron generadas, como el muelle proyectado para el cargue y descargue de pasajeros en el Parque Regional Johnny Cay, con inversiones por más de $1.500 millones de pesos desde el año 2011, el cual hoy no se encuentra en funcionamiento.
Se pueden observar en el lugar, estructuras abandonadas sin un plan para la puesta en marcha del proyecto. Por este motivo, la Contraloría General de la República investigara las actuaciones del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) como financiador del proyecto y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) como gerente de dicho proyecto.
No hay articulación institucional
La falta de articulación entre las entidades encargadas de la planificación territorial y ambiental en el Archipiélago es evidente. Los funcionarios de la Contraloría General de la República evidenciaron cómo se han formulado más de 17 instrumentos de planificación que impactan en el territorio, y en muchos casos ninguno se articula con otro.
Parques regionales sin instrumentos de planificación actualizados
La CGR formuló hallazgos fiscales por $363 millones de pesos en la vigencia 2017, por presunta gestión antieconómica en la contratación de la actualización de los planes de manejo de los parques regionales Jhonny Cay, Old Point y The Peak, los cuales se contrataron y fueron recibidos a satisfacción sin que a la fecha se tomaran medidas por parte de Coralina para su implementación, generando que estos parques no cuenten con instrumentos de planificación actualizados y con riesgo de pérdida de los objetivos de conservación de esas áreas protegidas.
Total de hallazgos detectados. Como resultado de esta auditoría, la Contraloría General de la República constituyó 7 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, 3 con otras connotaciones y 2 hallazgos trasladados para inicio de proceso administrativo sancionatorio.
Recursos por el fallo de La Haya
A partir del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de noviembre de 2012, el Gobierno de Colombia ha aportado recursos por el orden de $324.633 millones para el Archipiélago en busca, entre otros objetivos, de fortalecer la capacidad del archipiélago para generar alternativas de desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y de los ecosistemas.
Sin embargo, a la luz del resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada por la CGR, tales acciones no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de esta importante región del país.
La Contraloría evidenció que dichos recursos fueron aportados por el Gobierno Nacional mediante la Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina, procedentes del Presupuesto General de la Nación, por valor de $163.532 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo – BID a través de recursos del crédito externo por $161.101 millones (USD70 millones), amparados con vigencias futuras.
Los recursos han sido utilizados en múltiples proyectos.
Así mismo, el 15 de septiembre de 2017 fue suscrito, entre la República de Colombia – Ministerio de Minas y Energía (Organismo Ejecutor del proyecto) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como Prestatario, un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 37471TC-CO con el fin de financiar el Programa de gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas, piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por 10 millones de USD, el cual se encuentra en fase de desembolso. La CGR vigilará que se utilicen adecuadamente estos recursos para los fines que fueron gestionados.
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