Las autoridades decidieron tomarse muy en serio los porblemas ambientales que se vienen presentando en San Andrés y que son producto de comportamientos ciudadanos ilegales e incluso ilicitos y en un acto sin precedentes decidieron formular cargos penales.
En tal sentido la Fiscalia General de la Nación formuló imputación de cargos y solicitó imposición de medidas de aseguramiento por daño en los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica y contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.
La formulación de cargos la hizo la Fiscal Especializada Juanita Lorena Jiménez Rodriguez contra el ciudadano Pedro Roberto Hurtado Ospino, quien solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, por rellenar un área de Bahia Hooker, diagonal al hospital departamental, con el cual se ganó terreno en zona de manglares, alegando la ocurrencia de inundaciones en su predio pero que realmente esta afectando el equilibrio ambiental de los ecosistemas.
Al proceso también fue vinculado el propietario del predio, un ciudadano caleño, quien contrató a una persona de Villavicencio que además no es residente legal en San Andrés.
La persona imputada no podrá abandonar el país, debe reportar cualquier cambio de dirección, comparecer permanentemente a la Fiscalía y como mínimo tendrá que pagar una multa de al menos 120 millones de pesos en caso de ser hallado culpable.
Pero este no es el único caso que tiene la Fiscalia, ya que existen otros cuatro procesos pendientes de formulación de cargos contra particulares que han construido sobre manglares o humedales, que han parcelado y loteado predios para promover construcciones ilegales y subnormales y funcionarios publi os que han entregado autorizaciones violando la normatividad urbanistica, cuyos procesos ya estan avanzados y en los próximos días serán objeto de judicialización.
Estas acciones hacen parte de un trabajo que han venido adelantando autoridades como la Procuraduría Ambiental, Coralina, Superintendencia de Notariado y Registro y Fiscalia, que incluso han avanzado en la construcción de un censo de predios en los que existen humedales, zonas de reserva forestal y manglares que han levantado un registro de bienes que tendran reseña de prohibición para que se hagan construcciones por tratarse de áreas protegidas ambientalmente, y que le impedirá a particulares hacer transacciones o ejecución de obras por estar declaradas como zonas de reserva ambiental.
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