El juzgado Contencioso Administrativo de San Andrés admitió el presente medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos promovido por el señor Héctor Arce Melo y otros contra la Gobernación del Departamento Archipiélago, por lo que el operador judicial ordenó notificarle personalmente al gobernador encargado o quien haga sus veces, lo mismo que al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El Departamento deberá contestar la presente demanda en el término de 10 días durante los cuales podrá solicitar además la práctica de pruebas.
La presente demanda incoada por el señor Arce y demás vecinos, pretende que se ordené a la Oficina de Planeación Departamental la legalización del barrio anexo a Los Corales, «donde moramos; o que se nos incluya de ser posible en la legalización llevada a cabo con el barrio Los Corales, -ubicado en el corredor vial hacia San Luis- ya que al dejarnos por fuera de ese proceso es discriminatorio, puesto que nos margina del progreso y de contera, violatorio del derecho a la igualdad, toda vez que hemos cumplido con todos y cada uno de los requisitos que nos exigieron para el proceso de legalización de nuestro barrio como se puede constatar en los documentos incluyendo planos entregados a Planeación Departamental.»
Los accionantes además piden que «se avale la pavimentación de las vías públicas de su sector, que ya la Gobernación ha dispuesto tanto en el presupuesto para la contratación que se está llevando a cabo en el barrio Los Corales, y en ese orden de ideas, también podamos tener acceso al servicio de acueducto y alcantarillado, de los cuales carecemos debido a que no se han implementado las redes para tales servicios».
Adicionalmente solicitan «la ratificación de un fallo de tutela del 11 de septiembre del 2014 que le ordenó a la gobernadora en relación con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de San Andrés gestionar de manera inmediata todo cuanto fuere necesario para dotar y completar el cubrimiento de esos servicios a la comunidad, ya que de esta manera la Gobernación subsanaría lo ordenado en el fallo de la tutela en mención»
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