El propio procurador general de la Nación Fernando Carrillo Florez revivió las investigaciones disciplinarias contra los once diputados de la Asamblea Departamental de San Andrés y Providencia que eligieron a la contralora departamental Mayla Gayrleens, cuya elección fue anulada por el Tribunal.
The Archipielago Press conoció que mediante auto del 18 de septiembre de 2018 el Procurador General de la Nación dispuso revocar el auto de archivo proferido el 01 de noviembre de 2016 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, dentro de la actuación disciplinaria No. IUS 2016-80484/ IUC D-2016-778-841472, en virtud de una solicitud de revocatoria directa, por lo que el expediente fue remitido a uno de los procuradores delegados para que retome la investigación del caso contra los diputados que participaron en esa elección.
El demandante Miguel García Urueta aseguró que en aplicación de lo establecido en el articulo 48 de la ley 1474 de 2011el Procurador General de la Nación es competente de de decidir las solicitudes de revocatoria directa de los fallos disciplinarios sancionatorios y autos de archivo, por contrariar la Constitución Nacional, la Ley y la Jurisprudencia dela Corte Constitucional y del Consejo de Estado, creando confusión, malestar y desconfianza en la Procuraduría General de la Nación, debiendo continuar la actuación mediante el procedimiento verbal y ejerciendo una supervigilancia.
El quejoso a través de apoderado judicial solicitó la revocatoria directa del auto de archivo emitido por el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal dentro del Radicado IUS 2016-80484, IUC 2016-788-841472 por considerar equivocado el argumento del fallador para archivar las diligencias en contra del concepto del Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado y acogida por ese tribunal de cierre para declarar la nulidad de la elección de la contralora departamental, toda vez que están proscritas las interpretaciones fundadas en analogías y las extensivas de este tipo de normas.
El procurador General de la Nación Fernando Carrillo Florez advirtió que el procurador delegado archivo el proceso a favor de los diputados que eligieron a la contralora departamental acogiendo un concepto del Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública, sin tener en cuenta que había cobrado ejecutoria la sentencia del Consejo de Estado del 11 de agosto de 2016 que declaró la nulidad de la elección de la jefe de control fiscal del Departamento.
En virtud de ello el despacho de procurador tomo una decisión sustitutiva, al encontrar una violación manifiesta de la Constitución por parte del entonces procurador Segundo delegado para la Vigilancia Administrativa Gustavo Castro Capera, y en consecuencia ordenó devolver las presentes diligencias a la mencionada Procuraduria para que continúe con la actuación y tome a la brevedad las decisiones pertinentes dentro de la actuación disciplinaria iniciada dentro del expediente examinado
En abril de 2017 una procuradora delegada de la Procuraduría General de la Nación decidió el archivo de las diligencias que se adelantaban contra los once diputados de la Asamblea Departamental por la elección de Mayla Gayrleens como contralora departamental.
No obstante que el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y el Consejo de Estado le compulsaron copias al Ministerio Público en su fallo de anulación de la elección de la contralora por considerar que los diputados violaron la Ley al elegirla estando presuntamente inhabilitada, la Procuraduría no encontró faltas disciplinarias por no considerar que existían inhabilidades.
La decisión inicial de la Procuraduría libraba a los diputados de una eventual sanción colectiva y de dos investigaciones disciplinarias pedidas por ese Tribunal, incluso con pérdida de investidura y le abría las posibilidades a la ex contralora de hacer valer derechos adquiridos e incluso de entablar eventuales demandas contra el Estado.
Pero ahora con la decisión del propio procurador Carrillo Florez, una eventual destitucion o suspensión de los once diputados, pende nuevamente sobre sus cabezas, como espada de Damocles.
De otro lado esta redacción conoció que uno de los diputados de esa corporación también enfrenta un proceso con la Dian por incumplir sus obligaciones tributarias del año 2016.
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