Al parecer están implicados en las irregularidades detectadas en varios contratos que sumarían más de once mil millones de pesos.
A la cárcel -con medida de aseguramiento- fueron enviados el gobernador de San Andrés, Ronald Housny Halle, hoy suspendido, y la exgobernadora de la isla, Aury
Guerrero Bowie, por la presunta apropiación de dineros públicos de contratos de la Gobernación que sumarían once mil millones de pesos.
Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que entre las pruebas que tiene el ente acusador están testimonios de funcionarios de la Gobernación y contratistas, que
habrían señalado la forma en que presuntamente se legalizó la salida de los dineros a cambio de la manipulación de licitaciones públicas, así como el tiempo, modo y lugar en que los funcionarios recibieron dichas sumas de dinero.
Los hoy detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir.
La Fiscalía insistió en la urgencia de la medida de aseguramiento en centro de reclusión para proteger a la comunidad isleña de funcionarios que con el dinero de la regalías buscan enriquecerse; argumento que fue respaldado por el delegado de la Procuraduría quien indicó que se hace necesaria “por la posibilidad de la injerencia de los imputados en la investigación y la posible comisión de otras actuaciones delictivas en contratos actuales”.
Una de las pruebas que develó el ente acusador en la audiencia para justificar la medida, fue la interceptación de una llamada en la cual el gobernador Ronald Housni
Jaller, después de su suspensión, le habla al gobernador encargado del departamento para indagar acerca del presupuesto y los contratos que se estaban llevando a cabo.
Por estos hechos un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá atendió el requerimiento de la Fiscalía y los envió a la cárcel.
La investigación
En la Séptima Jornada Anticorrupción que se cumplió en San Andrés Islas, el 13 de
octubre de 2017, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, escuchó a la comunidad y tomó nota de una creciente preocupación por demoras en laentrega de obras de infraestructura, de servicios prioritarios para la comunidad y
apropiación indebida de dineros públicos.
Desde ese momento, fueron destacados equipos de investigadores y fiscales que se
dieron a la tarea de hacer las respectivas indagaciones.
Como resultado de ellas, la Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de ciento veinte mil millones de pesos
($120.000’000.000) que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia.
Con este antecedente, las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, y se estableció que para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental.
La Fiscalía estableció que este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley.
El detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar los once mil millones de pesos ($11.000’000.000).
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