La Direccion de la Oficina de Circulación y Residencia, Occre está vulnerando derechos constitucionales de las personas, no sólo los consagrados en la Constitución y la Ley, sino incluso que han sido ordenados por despachos judiciales de San Andrés.
Asi lo denunció el abogado Isleño Fisher Ayala Gordon quien reveló a The Archipielago Press dos casos de derechos que fueron protegidos en los estrados judiciales.
Uno de los casos es el derecho de petición que concedió el Juzgado Segundo Civil del Circuito, el cual protegió los derechos de petición y debido proceso del señor Amenovis Antonio Pino España, para que la Dirección de la Occre le resuelva de fondo una solicitud que en el año 2012 presentó en favor de su conyuge Maria Claudia Godin Morales.
El Juzgado a cargo de la juez Diomira Livingston Lever, le impone a la Occe la obligacion de expedir un acto administrativo con la documentación aportada y las pruebas recabadas por la entidad sin que haya lugar a nuevas pruebas ya que el período probatorio venció y sin que se le exija un pago previo para el tramite de expedición de su tarjeta de residente.
No obstante que la juez le otorgó un plazo perentorio de 48 horas a la Dirección de la oficina de la Occre para que resuelva de fondo y de manera congruente la petición incoada el 19 de julio del presente año para la esposa del accionante, la funcionaria incurrió en desacato por lo que ahora se promoverá el respectivo incidente.
El accionante quien ostenta la condición de Raizal de San Andrés se casó en el año 2007 en la ciudad de Barranquilla y producto de la unión nacieron sus dos hijas en el territorio insular, y pese a las gestiones insistentes para que se le otorgue la residencia a su esposa, la Occre sistemáticamente se ha negado a resolver las peticiones, ahora incluso con un mandato judicial.
Y el otro caso es el de un ciudadano al que le violaron el debido proceso ya que despues que le reciben los pagos en virtud del cual le reconocen derechos de residencia, porque le ordenan las facturas de pago, la funcionaria sin siquiera ver el expediente le dice que la persona no puede estar en la isla, lo cual de cierta forma además de violar el debido proceso vulnera el principio de la confianza legítima, porque se actua en contra de una mera expectativa que se da en virtud de un trámite o pronunciamiento de la administración, entonces hay una serie de irregularidades que no pueden continuar, explicó el abogado Ayala Gordon, quien anunció que presentará un incidente de desacato contra la directora de la Oficina de la Occre Catherine Archbold Ramirez por desacatar un mandato judicial.
La confianza legítima se manifiesta en las situaciones donde la expectativa de un sujeto por la conducta de otro genera un grado de confianza, sinceridad, seriedad y veracidad ocasionando una protección legal y constitucional y confiando de buena fe que no varíen las circunstancias que lo rodean.
El togado denunció que la funcionaria está cometiendo arbitrariedades que violan el derecho de las personas y los cuales se suman a otros casos ya conocidos y presentados en los ultimos días, como el esposo de una ciudadana Raizal con dos hijos tambien Raizales que fue expulsado de la isla, separando unos niños menores de su padre y causando división familiar.
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