El Gobierno colombiano empezó a trabajar desde el año 2017 en la exploración de un Tratado de Integración de Regiones Fronterizas Colombo-Nicaraguense, y para lo cual contrató a media docena de profesionales Raizales que trabajarán en el tema como una forma de enfrentar por la vía diplomática el problema surgido tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia CIJ con sede en La Haya, Holanda.
El objeto del encargo que se le encomendó a los profesionales Raizales que entre 2018 y 2018 estuvieron contratados por el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, era adelantar gestión jurídica y administrativa destinada a la ejecución de acciones internacionales tendientes a la estructuración de una propuesta de integración de regiones fronterizas colombo-nicaragüenses.
También debían llevar a cabo acciones de articulación de dicha propuesta con organismos internacionales para lo cual la Presidencia de la República se comprometió a facilitar los canales diplomáticos.
Los profesionales isleños que laboraron en este proyecto también tuvieron la misión de proyectar documentos jurídicos para la protección de los derechos humanos a partir de la perspectiva raizal, dentro del proyecto de Tratado de Integración de Regiones Fronterizas Colombo-Nicaraguense.
Estos profesionales también debían producir un documento técnico de apoyo a la defensa de Colombia en la Corte Internacional de Justicia frente a las nuevas demandas que entabló Nicaragua contra San Andrés por las demandas limítrofes en el Mar Caribe. Finalmente también se les encomendó trabajar en las acciones encaminadas a delimitar la protección interncional del Pueblo Raizal, de acuerdo con documentos que trascendieron en las últimas horas.
Los resultados de esta gestión encomendada a los profesionales isleños no se conoce porque además tenían carácter de reservados, dado el alcance internacional de los mismos y de los diferendos que siguen abiertos y en debate jurídico en la justicia internacional.
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