Con la llegada a la Dirección de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre de la abogada Catherine Archbold Ramírez, la entidad de control migratorio ha empezado a transitar por un peligroso sendero de violación de derechos humanos, arbitrariedades y abusos propios de oscuros organismos que en el pasado causaron graves violaciones a la población al mejor estilo de la Gestapo alemana.
Tal comparación podría resultar salida de toda proporción, pero sucede que las arbitrariedades que hoy está cometiendo el ente de control poblacional en las islas, produce el mismo temor que entonces debió producir la policía secreta del Fuhrer.
La Occre es una entidad de la mayor importancia para las islas pero no ha funcionado como debe. Este ente por excelencia debería estar contribuyendo a la construcción de una sociedad menos infractora, de mayor calidad, más racionalizada y menos densa, pero en el propósito ha desviado el camino.
El control migratorio eficaz no puede hacerse persiguiendo a las personas que tienen algún nivel de visibilización en el territorio por cuenta de una plaza laboral, una designación en un cargo público, y peor aún, por que la persona está haciendo el cambio de documento al pasar de un estado civil, o de una minoría de edad a una mayoría de edad y adquirir las obligaciones y derechos ciudadanos.
Lo que está haciendo la Occre con muchos jóvenes y ciudadanos es no solo arbitrario y abusivo si no deshonesto. Por un lado al ciudadano que tramita su Occre y radica sus documentos se los desaparecen, y aquellos que no tienen la precaución de guardar una copia, queda desamparado al momento de reclamar el avance de sus trámites, o peor aún de tener que aportar nuevamente las pruebas documentales idóneas (certificados escolares o laborales de épocas pretéritas) que demuestren la adquisición legal de su derecho de residencia.
Pero ahora, negarle a un joven su derecho de residencia legalmente adquirido porque tramita el cambio de tarjeta de identidad a cedula de ciudadanía es mucho más deshonesto, porque no solo le está desconociendo derechos a jóvenes incluso nacidos en la isla, o que habiendo nacido fuera del Archipiélago por diversas razones que van desde lo medico hasta lo casual, pero quienes toda su vida han vivido en la isla y cuyos padres tienen derechos legalmente adquiridos en San Andrés o Providencia, y ahora están fuera del territorio haciendo sus carreras universitarias, sino porque además está provocando la ruptura de la unidad familiar, el desarraigo y la fuga de cerebros. Además está creando en jóvenes que apenas están despertando al mundo, una percepción y una cultura de la injusticia, del abuso y de la desconfianza institucional; muy peligrosa en jóvenes que a esas edades cualquier percepción ideologizada sobre los abusos estatales, los lleva a subvertir el orden y alzarse contra el estamento.
No es ese el control migratorio honesto y eficaz que le corresponde a la Occre, robándole derechos a quienes los tiene. La Occre es una herramienta muy poderosa que debería estar produciendo resultados tendientes no solo a racionalizar el tamaño de la población sino a mejorar la calidad de la misma.
Los operativos de la Occre contra indocumentados, contra vagos que no hacen nada en el día pero que atracan en la noche, contra delincuentes refugiados en San Andrés o Providencia.
También debería ser la herramienta necesaria para controlar esa sociedad de infractores en que está convertida San Andrés, y expulsar del territorio a personas incultas, maleducadas, anárquicas e irresponsables que destruyen los monumentos públicos, crean botaderos de basura, promueven peleas públicas, asonadas, violan la seguridad aeronáutica poniendo en peligro la vida de pasajeros y pobladores a lado y lado de la pista, destruyen corales, dañan ecosistemas ambientales y extinguen especies de la fauna insular.
También debe ser la herramienta eficaz para contribuir al desarrollo socio económico de la población insular que garantice una buena calidad de ciudadanos, como quiera que una de las políticas que se promovieron alrededor del Decreto 2762 era el requisito de aceptables condiciones sociales y económicas de la persona que tramita su residencia en la isla, como una forma de desestimular la presencia en el territorio de factores de habitabilidad tugurial o subnormal.
Es en esas circunstancias donde la Occre debe estar mostrando su eficacia, no robándole derechos que no se le han extinguido a los jóvenes porque pasan de menores a mayores de edad, ni por qué se van a estudiar a otro sitio fuera de la isla, o por que nacieron fuera del territorio por circunstancias medicas pero siempre han vivido aquí legalmente y sus padres ya gozaban de su residencia en el territorio.
Es por ello que aplaudimos en hora buena la valiente decisión ciudadana del señor Arnovis Tavera Wilches, no como director de Cajasai, sino como ciudadano sanandresano, padre de una hija a la que se le están robando sus derechos, de asumir la vocería de cientos, casi miles de jóvenes a los que la Occre les está haciendo lo mismo.
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