El Consejo de Estado ratificó este martes la orden impuesta al departamento de San Andrés, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la cárcel La Nueva Esperanza para tomar medidas que permitan sanear la crisis sanitaria.
La medida tiene como objetivo enfrentar el déficit de baños que tiene el penal en dos de sus patios, una problemática que fue denunciada a través de una tutela.
Según la investigación, existe un contrato para el mantenimiento de la infraestructura general de la cárcel. Sin embargo, este se encuentra suspendido por falta de personal.
Por esta razón, el tribunal amparó los derechos fundamentales de los reclusos y ordenó a las autoridades carcelarias adelantar las gestiones necesarias para superar el déficit.
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