Bogotá, junio 5 de 2020. Durante el debate de control político realizado a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y a la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, los congresistas del Partido de la Unidad denunciaron que los esfuerzos del gobierno para garantizar el acceso a los servicios públicos de la población más vulnerable han sido insuficientes en el sentido en que, en lugar de subsidiar y reducir los cobros en las facturas, estas están aumentando de manera alarmante, principalmente en el Caribe colombiano.
El representante por el departamento del Cauca, John Jairo Cárdenas Morán, sostuvo que hace falta fortalecer las acciones que debe implementar el gobierno en el marco de la crisis económica que está generando la pandemia en el país, y también, hizo un llamado para que las empresas de servicios públicos demuestran su voluntad de ayudar a quienes más lo necesitan.
“Las empresas prestadoras de los servicios no han tenido ningún gesto solidario, además, es evidente que lo que ha hecho el gobierno en esta materia es insuficiente (…) vamos a tener un fenómeno de grave afectación en las tarifas, lo que hace presumir que la situación va a ser cada vez más compleja” dijo Cárdenas Morán.
En cuanto a la crisis energética que ha venido afectando al Caribe, el representante de la U, Cristian José Moreno instó a las funcionarias del gobierno a explicar cómo se va a realizar la transición de Electricaribe a Caribe Mar y Caribe Sol, pues en este momento en el Cesar se viven apagones y fallos que afectan a miles de familias en más de 5 municipios del departamento.
“Necesitamos saber cuál va a ser el esquema y la inversión que se va a hacer, porque acá en el Cesar estamos viviendo una circunstancia muy desafortunada; municipios como Chiriguaná, Chimichagua y Pailitas, a partir de las 6 de la tarde y hasta más allá de la media noche, viven constantemente apagones por culpa de una empresa que destruyó por completo la prestación de este servicio en nuestra región” afirmó Moreno.
Los congresistas de la U coincidieron en que las denuncias por los sobrecostos de las facturas responden en cierta medida a que no se está cobrando por una lectura de consumo real sino por promedio y que este fenómeno amerita ser revisado por la Comisión Tercera.
Así lo reiteró la representante por el departamento de Córdoba, Sara Piedrahita, que calificó como reprochables los abusos en los que han incurrido algunas empresas prestadoras de servicios. “Hoy hay una cantidad de quejas totalmente justificadas por los incrementos que se han dado en muchos de los servicios públicos que se prestan. Hay situaciones reprochables y abusos que se cometen de manera indolente sobre todo en estos momentos tan difíciles para miles de usuarios” agregó
Finalmente, la U insistió en que es responsabilidad de la Superservicios vigilar la manera en que las empresas están facturando y dar respuesta a los aumentos desproporcionados que se han presentado tanto en sectores residenciales como empresariales.
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