The Archipiélago Press tuvo acceso este viernes a los dos certificados de representación legal de la Caja de Compensación Familiar, Cajasai que evidencian que el presidente del Consejo Directivo Juan Carlos Bonilla Davis con el concurso de otros consejeros y atendiendo intereses políticos, han tratado de aplicarle ‘un golpe de estado’ removiendo de manera ilegal de su cargo al actual director Arnovis Tavera Wilches.
Se trata del certificado emitido por la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad que vigila y controla a Cajasai, la cual a través de su Delegada para la Responsabilidad Administrativa y para las Medidas Especiales que en fecha 19 de junio (hoy) acredita que «según nuestros registros el representante legal de la Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia, Cajasai es Arnovis de Jesús Tavera Wilches, en su calidad de director administrativo principal, aprobado por la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante Resolución No. 0198» , según acredita la Superintendente delegada (e) Marcela Eugenia Doria Gómez.
El otro documento del que The Archipiélago Press obtuvo una captura de imagen es un certificado del 12 de junio de 2020 firmada por el presidente del Consejo Directivo Juan Carlos Bonilla Davis, donde certifica que en sesión del 4 de mayo el Consejo Directivo de Cajasai decidió no prorrogar el contrato de trabajo de Arnovis Tavera Wilches, el cual venció el 5 de junio de 2020.
En el documento firmado por Bonilla Davis se asegura que extinguido el vínculo laboral por vencimiento de plazo sin haberse prorrogado «Arnovis Tavera Wilches se encuentra totalmente desvinculado de la Caja.»
Y a renglón seguido afirma que «en consecuencia el señor Adriano García Corpus debidamente registrado con anterioridad en la Superintendencia del Subsidio Familiar, asume las funciones de director administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo tanto es su único representante legal.»
Los dos documentos se contradicen entre sí, pero el que adquiere validez es el que emite la Superintendencia que es quién avala los nombramientos en las cajas, y resulta extraño que la certificación de Bonilla Davis asegure haber registrado el pretendido nombramiento hecho por él ante esa entidad con anterioridad, pero que la Superintendencia reporte información distinta, a menos que se haya emitido información falsa en un documento privado, ya que podría entrañar un delito.
Ayer en una entrevista radial Bonilla Davis reiteró su intensión «golpista» al asegurar que Tavera Wilches ya no es director de Cajasai, pero nunca dijo que su decisión no tiene amparo legal porque viola la Ley, los Estatutos de la Caja, el Reglamento Interno y el Código de Buen Gobierno donde se establece la forma como se debe elegir y retirar director, respetando el quórum cualificado que se requiere para elegir y remover director, lo que obliga a que como menos siete consejeros voten la decisión y no seis consejeros como ocurrió el 4 de mayo.
Bonilla Davis también omitió decir en su entrevista radial, que legalmente si el proceso de terminación del contrato no se hace en la debida forma, generará una renovación automática del contrato laboral por un periodo similar al que ostenta.
La situación de lo que está ocurriendo en la Caja la explicó alguien próximo a la Caja de la siguiente manera: la situación es como la de Venezuela, donde hay dos presidentes: Juan Guaidó y Nicolas Maduro, pero en este caso el usurpador es quien pretende ser Guaidó.
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