Bogotá, 9 de julio de 2020. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, el plan de acción adoptado para garantizar los servicios de salud a más de 65 mil habitantes después del primero de agosto, fecha en la que vence el convenio interadministrativo con la IPS SERMEDIC, que explotaba de manera gratuita la infraestructura médico asistencial a través de la IPS Universitaria.
En la misiva, el jefe del Ministerio Público indicó que “existe incertidumbre en relación con la garantía de oferta de servicios médicos necesarios para atender a los más de 65.000 habitantes que hoy deben soportar la prestación de servicios de salud en condiciones que no respetan los principios del sistema de seguridad social en salud, tales como continuidad, oportunidad, calidad e integridad”.
Carrillo Flórez señaló que al deterioro en los servicios de salud se suma la coyuntura por la crisis sanitaria derivada de la covid-19, lo que exige soluciones inmediatas por parte de la autoridad departamental, que pese haber manifestado tener proyectos en curso para resolver la situación, a la fecha no ha hecho públicas las acciones concretas que emprenderá en las siguientes semanas.
Para el Procurador General de mantenerse esta indefinición, los ciudadanos podrían verse expuestos a la potencial suspensión de la oferta pública de servicios de salud a partir del 1o de agosto.
No obstante hay que indicar que el contrato con Servmedic se extendió hasta el 31 de diciembre y la ESE que ya se tramita su aprobación en la Asamblea Departamental arrancará el próximo año, por lo tanto de hace innecesario darle respuesta sobre ese plazo sino sobre el nuevo establecido a partir del 1 de enero de 2021.
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