17 agosto, 2021363 0
Por: Jorge Vergara Carbó
Ahora entiendo, por qué el país tiene más de USD$300.000 millones de dólares, que han salido de Colombia sin pagar impuestos, y que reposan en paraísos fiscales. Ahora, lo entiendo.
Mire usted cómo.
Cada vez que un padre de familia tiene que enviarle a sus hijos que estudian en el exterior, un modesto giro de US$ 2 mil dólares, o menos, tiene que hacer un papeleo en el Banco en donde “le esculcan las tripas”. Dicen ellos que “para poder establecer indicios que, a prima facia, garanticen la licitud de los dineros en su origen y destinación”.
Dicho de otra manera: buscan establecer que Usted y su hijo, no son unos delincuentes. Eso dicen ellos.
Por eso, cuando estamos hablando de una operación financiera, cambiaria, tributaria y de comercio exterior, por un valor de más de USD$19 millones de dólares, equivalente a unos $58.302 millones de pesos, no se puede entender que la Junta del Banco de la República (BR), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAIF) y la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) callen. Es imposible que una operación de esas dimensiones haya podido hacerse sin que, por lo menos dos de tales instituciones, no se hayan percatado de ello.
No es posible que esto haya podido hacerse por encima de la Junta del BR, de la DIAN y de la UAIF. No es posible.
Por eso, uno se sorprende, y mucho, que después de todas las denuncias que se han hecho a través de los distintos medios de comunicación del país, sobre el contrato 1043 de 2020 celebrado entre el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones- del Mintic- y la Unión Temporal Centros Poblados, la UAIF -que es un “organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo”- aún no haya dicho algo, ni siquiera “esta boca es mía”.
También sorprende que la DIAN que tiene como función “coadyuvar y garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la protección del orden público mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias (…) y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad” también permanezca en silencio acerca de unas operaciones que comprometen su objeto y su responsabilidad misional como Policía Fiscal y Aduanera.
Su silencio, lleva a pensar que, como los antiguos “chirrincheros” de nuestra alcabalas del Siglo XX, se han hecho “los de la vista gorda”
También sorprende que la Junta Directiva del Banco de la República, hasta la fecha, no se haya pronunciado sobre el giro de una cifra superior a los USD$19 millones de dólares, equivalente a unos $58.302 millones de pesos, cuando estos dólares se transfirieron a un paraíso fiscal Delaware, en la cuenta en el Citibank de una empresa que, informa el exvicepresidente y socio del Gobierno Duque, Germán Vargas Lleras, se denomina “NUOVO SECURITY LLC”.
Según Vargas Lleras, se trata de una firma propiedad de un contador llamado “Diego Benjamín Aronis. Con ese mismo nombre aparece una firma en Barranquilla en la calle 75 No 58-52 piso 2, teléfono 3562984 y 3562985, el resto del anticipo $ 11.941 millones, se lo giraron a la empresa “INCELSA SAS” de la que no encontramos información en Internet”.
Si el exVicepresidente y ExMinistro lo sabe, ¿por qué no lo saben ni la DIAN, ni la UAIF; ni la Junta del Banco de la República (BR) que parece que ya ni se percata de maniobras especulativas con la TRM originadas en el mercado secundario de divisas?
¿Acaso en Colombia usted puede sacar dinero para enviarlo al exterior sin que ninguna de estas entidades- la UAIF, la DIAN y el BR aprueben la operación?
¿Cómo es posible que no se cumpliera con el Estatuto Cambiario del país, y no se dijera nada por sacar $58.302 millones de pesos, del anticipo de un contrato oficial con destino a un paraíso fiscal, localizado en Delaware-EEUU?
¿Qué Organismos del Gobierno autorizaron esa transacción internacional?
¿Por qué la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre esa transacción financiera? ¿Hubo fuga de capitales y otras infracciones cambiarias?
¿Qué tiene que decir la DIAN sobre ese contrato? Las entidades encargadas y responsables del manejo de estos dineros, ¿pagaron los impuestos de legalización del contrato o también vamos a encontrarnos con certificaciones falsas? Los responsables de las transferencias de estos dineros a un paraíso fiscal, ¿pagaron el impuesto por la salida de este capital o también nos vamos a encontrar con operaciones fraudulentas?
En las operaciones de Comercio Internacional, ejecutadas para los fines de este contrato por Centros Poblados, el intermediario en Delaware y los proveedores en USA, ¿cuál fue la empresa autorizada para hacer las funciones previstas en el Código de Comercio Exterior para actividades de importación? ¿Cumplió esa empresa con los trámites exigibles en materia de Licencias, Cartas de Embarque y demás documentación exigible para el proceso de nacionalización? ¿Tales documentos son legítimos y completos? O, eventualmente y a pesar de su idoneidad, ¿pudo haberse configurado una operación de contrabando técnico?
Señores de la UAIF, de la DIAN y de la Junta del Banco de la República, ¿ustedes no se preguntaron de donde salieron los $58.302 millones de pesos que se cambiaron a USD$19 millones dólares para transferirse a una cuenta personal en Delaware EEUU?
¿No era su deber indagar el origen del dinero?
Los bancos en Colombia, ¿no están obligados a informarles sobre los movimientos de dinero colombiano que se transfiere al exterior?
La UAIF no controla operaciones millonarias en dólares, al igual que la DIAN no controla el contrabando técnico, ni la evasión de impuestos, porque se dedican a “atajar pollos” mientras verdaderos mamuts prehistóricos pasan debajo de sus narices.
“Atajar pollos”. No de otra manera puede denominarse lo que hacen la UAIF y la DIAN con las cuentas de ahorro pensional en los Bancos y en los en los aeropuertos, controlando que usted no saque más de USD$10 mil dólares para sus vacaciones en el exterior, que es lo que permite el Estatuto Cambiario, mientras un contratista del Estado se lleva USD$ 19 millones de dólares para un paraíso fiscal y ninguno de ellos dos se da por enterado.
Y no vengan con la película de que hubo quienes, en un vuelo charter y en efectivo, los “transportaron en sacos”, o los dolarizaron en Delaware como parte de una operación en el “mercado secundario de divisas”.
Sería el colmo que algo tan espurio y delincuencial como eso, hubiera podido pasar.
Ahí sí, “apaga y vámonos”.
Por eso, la DIAN, la UAIF y la Junta del BR, tiene que hablar y pronto. La situación no admite más esperas.
Tomado de Corrupción al Día
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