La decisión la tomó el magistrado Cesar Reyes, perteneciente a la Sala de Instrucción, y el mismo que ordenó el encarcelamiento domiciliario del expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de que el equipo jurídico de Richard Aguilar presentó la solicitud en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, instancia que ordenó su captura en julio pasado, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción, cuando fungió como Gobernador de Santander.
Richard Aguilar Villa, investigado y capturado por un supuesto recibimiento de dinero a cambio de beneficiar a los contratistas que efectuaron la obra de remodelación del Estadio Alfonso López, prepara a esta hora un nuevo golpe de opinión luego de que finiquiten los detalles que darían vía libre a su boleta de libertad.
Tal y como lo informó a pocas horas después de hacerse pública la renuncia de su curul, el pasado 28 de agosto, el destino del expediente sería un fiscal adjunto a la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, instancia que iniciará ahora toda la revisión procesal para comenzar con los trámites de juzgamiento, esta vez, no ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino ante un juez de control de garantías constitucionales adscrito al Circuito Judicial de Bucaramanga, ente que por el principio de proximidad al lugar de la presunta conducta punible tendría jurisdicción sobre el proceso.
Iván Cancino, jefe del equipo jurídico del exgobernador Richard Aguilar, indicó que no era otra la decisión que debía tomar la Corte Suprema, “toda vez que la gestión que se cuestiona se ejerció bajo la investidura de Gobernador, no de senador”, precisó el penalista.
“Ninguna de las imputaciones fácticas realizadas en los autos del 13 de mayo de 2021, 27 de julio de 2021, ni en la diligencia de indagatoria del 11 de junio de 2021, tienen relación clara y directa con el cargo o funciones de Senador de la República”, dijo la solicitud radicada en la Corte el abogado Iván Cancino.
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