Juan Carlos Cáceres dio 1,3 millones de dólares para la primera cuota del inmueble, su apoderado explicó la inversión del dinero producto del negocio entre el consorcio y Nuovo Security
4 de Septiembre de 2021
Foto de archivo del sector de Brickell en Miami, Florida. CREDIT: Bloomberg photo by Scott McIntyre
Cada vez se conocen más detalles sobre el escándalo que se provocó por el millonario contrato que el Ministerio de las TIC firmó para llevar conexión a internet a zonas rurales de más de 16 departamentos del país y por el cual se entregó un anticipo de más de $70.000 millones de pesos en febrero de este año a la Unión Temporal Centros Poblados 2020 (UT).
Este viernes se llevó a cabo el debate de moción de censura a la ministra Karen Abudinen en la Cámara, donde la funcionaria de esa cartera se defendió de las acusaciones por la pérdida de este dinero y señaló que “Yo no me robé esa plata, he actuado para poner las denuncias y hacer seguimiento a estas. He actuado con determinación y con apego a la ley. He respondido con denuncias, acciones administrativas, embargos y con toda la determinación para desmantelar la corrupción”.
Mientras el caso avanza, en las últimas horas, la unidad investigativa del diario El Tiempo reveló que parte de los $70.000 millones se utilizaron para pagar la primera cuota de un apartamento en un exclusivo sector de Miami, Florida. Esto se ha podido demostrar gracias a las investigaciones que adelantan las autoridades colombianas y estadounidenses para saber a ciencia cierta dónde terminó el dinero con el que se prometió llevar conexión a internet a miles de escuelas en zonas rurales del país.
Según el diario bogotano, en este nuevo apartado del escándalo se ven involucrados, nuevamente, la compañía Nuovo Security y su socio fundador, Juan Carlos Cáceres. Dicha empresa proveedora, asentada en el estado de Delaware, fue subcontratada por Centros Poblados para adquirir la mayoría de los equipos para los puntos de conectividad y, según el medio, Cáceres usó 1,3 millones de dólares, producto de ese contrato, para la cuota inicial de un apartamento en Brickell, Miami.
El Tiempo señaló que la cuenta de la sucursal de West Kendal del Citibank, a nombre de la empresa proveedora, fue bloqueada con un saldo de 750.000 dólares. Además, que también se está investigando una cuenta abierta por Karin Stefania Pupo Benito Revollo, representante legal suplente de ICM Ingenieros y socia de Centros Poblados.
La compra del apartamento en Miami
La indagación del FBI avanza tras la cuenta de Nuovo Security, tal como lo confirmó el fiscal Francisco Barbosa, y se ha podido establecer que con parte de los 58.301 millones de pesos que se giraron del anticipo se negoció un apartamento.
Esta información fue confirmada por agentes federales y por el mismo Juan Carlos Cáceres ante la Fiscalía. El Tiempo, por su parte, se comunicó con la defensa de Cáceres para conocer más detalles del caso y el abogado les señaló que la empresa de tecnología cumplió a cabalidad el contrato con Centros Poblados y que no es la primera vez que el MinTic, a través de una fiducia, habilitaba giros para esta empresa.
“La firma se fundó en Delaware, en 2017, para adquirir equipos de tecnología directamente con el fabricante. En Colombia hay canales que cobran entre un 30 y 40 por ciento más”, dijo al diario.
Y sobre el caso del apartamento adquirido por Cáceres reveló que, efectivamente, se utilizaron 1,3 millones de dólares para la primera cuota, pero que ese dinero hacía parte de las ganancias que dejó el negocio y que, tras lo sucedido, el empresario reversó la compra y puso a disposición de la Fiscalía el dinero, mientras avanzan las investigaciones.
“El señor Cáceres reversó esa compra porque lo tienen bloqueado bancariamente. Sin embargo, puso a disposición de la Fiscalía ese dinero, mientras se adelantan las investigaciones y se comprueba que todo ha sido legal”, dijo el apoderado del empresario a El Tiempo.
Además, coincide con las declaraciones del exfiscal Mario Iguarín, que hace parte de la defensa de Centros Poblados, quien señaló que el dinero no era público. “Una vez salen de la fiducia se convierten en fondos privados y el contratista (en este caso Centros Poblados) puede hacer con ellos según su criterio”. El abogado de Cáceres resalta este argumento e insiste en que Nuovo Security cumplió con lo pactado con la UT.
Por otro lado, el abogado también habló de los señalamientos de Efraín González, socio de Cáceres, quien aseguró que se usó su nombre y su firma falsificada para aprobar este contrato.
En contexto: Los 70 mil millones de MinTIC, empresario involucrado en el escándalo dice que usaron su nombre y firma
El apoderado señaló que son falsas esas afirmaciones y que “hay correos y una trazabilidad documental en los que consta que sí conocía el contrato y que recibió honorarios. Ya se le interpuso una denuncia legal”.
Tomado de Infobae
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