“Varios juristas han denunciado el abuso cometido por la CIJ con su primera sentencia, pues alegan que, siendo su competencia limitada al (…)”.
Tal como lo advirtiera en su momento el vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance Villamil, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sobre el diferendo con Nicaragua que ese país promovió en 2001, modificó de un plumazo el tratado vigente celebrado con Colombia, extralimitando sus funciones y abriendo la puerta para que nuestra contraparte pretenda obtener más territorio y extienda su plataforma continental, de conformidad con su última demanda, presentada en 2013.
Estamos a poco tiempo de que la CIJ se vuelva a pronunciar para resolver nuestra petición de revisión del fallo que nos arrebató buena parte del territorio marítimo, desconociendo todas las razones y pruebas históricas relativas al ejercicio de la posesión que desde casi dos siglos habíamos mantenido, y también de la siguiente demanda que formuló Nicaragua a raíz del primer fallo a su favor, con lo cual La Haya puede repetir el desafuero cometido y continuar desconociendo el contenido del tratado Esguerra-Bárcenas y llevarse por delante, de paso, y sin tener jurisdicción en ambos procesos, tratados que no hacen parte de estos pleitos, como los vigentes con Panamá, Jamaica y Honduras.
La actitud inamistosa del régimen de Ortega hacia Colombia, que ha sido consistente y de sobra mucho más estratégica y probadamente exitosa que la de nuestros Gobiernos, ha ido incluso contra el tratado por el cual nuestro país le reconoció a esa nación centroamericana titularidad sobre la costa de Mosquitos, y ellos a su vez lo hicieron recíprocamente al nuestro sobre el conjunto de islas y largas millas náuticas de mares que conformaban el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Varios juristas han denunciado el abuso cometido por la CIJ con su primera sentencia, pues alegan que, siendo su competencia limitada al pronunciamiento sobre diferendos jurídicos, en el caso en comento extendieron impunemente su jurisdicción hacia la potestad de desconocer y modificar tratados con el fin de conceder territorios marítimos a un país que jamás los ha tenido.
Lo que hay en el ambiente de los expertos en derecho internacional público es que nuestros gobiernos han obrado erráticamente en la defensa del territorio frente a una hábil gestión nicaragüense, que ahora pretende sustraernos aún más a través de una exigencia de reconocimiento de mayor plataforma continental extendida, incluso más allá de las 200 millas que son como un mantra, tratándose de posesión jurisdiccional entre naciones.
Si Colombia no se aguza frente a las pretensiones de Nicaragua, no sólo las faenas de pesca de pan comer de los nativos en el Archipiélago sufrirán más limitaciones, sino que, además, veremos perder un vasto territorio con enormes potenciales, inclusive la Reserva Marina del Seaflower, que quedaría a merced de las pretensiones económicas del insaciable Ortega.
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