Estos señalamientos limitan el debate electoral y promueven la autocensura entre periodistas, que no puede ser aceptada en una sociedad democrática y, mucho menos, durante las elecciones. Reprender las voces críticas sobre las candidaturas perjudica la posibilidad de que la ciudadanía reciba información y vote de manera libre. Es deber de los y las candidatas respetar las opiniones que los y las periodistas difunden sobre ellos.
Los candidatos a la Presidencia deben entender que sus discursos tienen repercusiones en el escenario electoral, donde hay un ambiente de mayor hostilidad contra la prensa. Su voz tiene un gran eco sobre sus seguidores y lejos de promover la violencia sus mensajes están llamados a adoptar un discurso favorable a la controversia pública, el pluralismo y la deliberación.
Los ataques del candidato Petro contra RCN han sido reiterativos. En distintos escenarios, ha lanzado mensajes estigmatizantes contra el medio y ha deslegitimado, de manera infundada, su trabajo periodístico, cuestionando la calidad de la información, así como su línea editorial.
Advertimos que las agresiones
en contra de medios y periodistas se alimentan de expresiones de aversión por parte de figuras públicas que no aceptan la veeduría legítima sobre ellas. Cabe recordar que las manifestaciones de 2021 fueron especialmente violentas contra la prensa, durante los tres meses del paro nacional ocurrieron 300 agresiones a la prensa y, en particular, destacamos gravísimos ataques contra el canal RCN.
Por lo anterior, hacemos un llamado a Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial y líder político, a que envíe un mensaje de respaldo al ejercicio periodístico y que emita una disculpa pública, que esté en sintonía con el respeto incondicional a la libertad de prensa como pilar democrático. La FLIP hará seguimiento y promoverá que no se use la violencia contra la prensa en el marco electoral.
Advertimos que Colombia atraviesa una de las discusiones públicas más agudas de su historia reciente, por lo que es vital que los partidos políticos, así como el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría garanticen las condiciones para el libre ejercicio de la libertad de prensa y de expresión.
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