La Fiscalía General de la Nación esclareció en 28 días la muerte de tres jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 y 26 años.
La contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación por la muerte de tres jóvenes, ocurrida en el corregimiento de Chochó (Sucre) el pasado 25 de julio, permitió que una jueza con función de control de garantías de Sincelejo impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 10 policías que estarían implicados en el triple homicidio.
Labores de policía judicial pusieron al descubierto que el día de los hechos los patrulleros Uber Guillermo Mieles Arroyo, Diana Marcela Puerta Rodríguez, Bernardo Pontón Mercado y Leila Carolina Ávila Pestana retuvieron, en la vía que de Chochó conduce a Sincelejo, a José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterrosa y a Carlos Alberto Ibáñez Mercado.
Según la investigación las víctimas fueron obligadas a tenderse en el suelo donde habrían sido golpeadas y heridas con armas contundentes y cortopunzantes por los policiales, quienes presumiblemente y sin fundamentos alguno los relacionaron como responsables de la muerte del patrullero Diego Felipe Ruíz Rincón, ocurrido minutos antes en Sampués (Sucre).
Tras ser contactados por radio al lugar habrían arribado en dos camionetas oficiales; el teniente coronel Benjamín Darío Núñez, la subteniente María Camila Buriticá Valencia y los patrulleros Jesús María Bolaños Castro, Rafael Paz Barboza, Santiago Garavito Díaz, Yamit Alfonso Henao Araque y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo.
El material probatorio recaudado demostró que las víctimas fueron obligadas a subir al platón de uno de los vehículos, en el que se subió el teniente coronel. La camioneta tomó la vía que conduce de La Palma hacia Sincelejo. En dicho trayecto, presumiblemente, el oficial accionó en varias oportunidades su arma de dotación contra Arévalo Contreras, Díaz Monterrosa e Ibáñez Mercado.
Al parecer, uno de los uniformados intentó ocultar los orificios que quedaron en el vehículo, producto de los disparos que les causaron la muerte a los tres jóvenes.
Con este tipo de acciones, los procesados habrían intentado ocultar la evidencia que estaba siendo recopilada por los investigadores del CTI que realizaban trabajos para esclarecer el hecho.
El patrullero Uber Guillermo Mieles Arroyo presumiblemente entregó información falsa en los reportes oficiales, para hacer cree que las víctimas presentaban heridas graves, presuntamente, causadas con anterioridad a ser detenidos.
Por estos hechos los procesados fueron capturados el pasado 22 de agosto por servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.
De acuerdo al grado de participación de los supuestos responsables del triple homicidio, la
Fiscalía imputó delitos de homicidio agravado, tortura agravada, privación ilegal de la libertad; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; favorecimiento y falsedad ideológica en documento público.
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