La escandalosa versión que desde ya promete causar gran revuelo en Colombia ha empezado a dar la vuelta al mundo en voz de una declaración entregada por voceros de la propaganda del régimen de Managua que revelan que el propio Daniel Ortega habría rechazado la negociación con Petro sobre la sentencia de la CIJ que desde hace 10 años los gobiernos de Colombia se niegan a acatar para evitar la pérdida definitiva de buena parte del mar territorial del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Gustavo Petro le habría propuesto a la administración de Ortega que Colombia reconocería el fallo de La Haya a cambio de liberar a algunos de los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote (Nicaragua).
Ya medios de prensa en Colombia como El Espectador se han ocupado del tema con gran despliegue y recuerdan que la Nación suramericana fue blanco de críticas por no presentarse a la sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se votó sobre la situación de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega, lo cual – ante la presión política, de prensa y redes sociales- fue justificado posteriormente por el canciller Álvaro Leyva Durán como un asunto estratégico de Colombia.
El diario El Confidencial de Nicaragua, citando a otro medio local, informó este martes que la administración de Daniel Ortega cerró cualquier tipo de negociación con Gustavo Petro que tuviera que ver con la liberación de al menos 14 presos políticos, “y conminó a ese Gobierno (al de Colombia) a que cumpla la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, se lee en la publicación de ese diario.
Según El Confidencial, William Grigsby Vado, uno de los principales propagandistas del régimen Ortega, afirmó en su programa de Radio Primerísima, que Petro le habría propuesto al gobierno de Ortega que Colombia reconocería el fallo de La Haya a cambio de liberar a algunos de los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote (Nicaragua).
¿Cómo comenzó todo este asunto?
Colombia fue blanco de críticas por no presentarse a la sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se votó sobre la situación de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega. En un principio, explicaron que Colombia no votó en la OEA porque aún no se había posesionado de manera formal el nuevo embajador ante la organización.
Sin embargo, días después, se conoció en un informe de Noticias Caracol que el Gobierno de Gustavo Petro sabía de la sesión extraordinaria de OEA sobre Nicaragua y eligió ausentarse. Dos días después, la Cancillería emitió un comunicando explicando que Colombia tenía una operación humanitaria en curso que podría comprometerse. Sin embargo, no dio más detalles sobre este asunto.
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La semana pasada, el periodista Daniel Coronell sostuvo en La W que Colombia estaba tratando de negociar con Nicaragua la aplicación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que los pescadores raizales de San Andrés puedan seguir trabajando “en las aguas que La Haya le entregó a Nicaragua en 2012″, comentó Coronell.
¿Qué es lo que dice la sentencia de la Corte? En uno de los casos, la CIJ estudió el incumplimiento por parte de Colombia, alegado por Nicaragua, en relación con el fallo de 2012 que declaró 75.000 kilómetros cuadrados como Zona Económica Especial (ZEE) nicaragüense. Al respecto, el tribunal determinó en abril de este año que Colombia violó derechos soberanos de Nicaragua a la luz de la decisión de hace 10 años, por ejemplo, al interferir con las actividades pesqueras nicaragüenses en su propia ZEE.
Sin embargo, habría una segunda razón: como lo mencionaron en el diario Confidencial este martes, el periodista sostuvo en una columna publicada el 4 de septiembre en la revista Cambio, que Colombia estaría adelantando una gestión humanitaria ante el gobierno de Ortega para lograr la liberación de al menos 14 presos políticos, entre ellos los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Félix Madariaga.
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