La FLIP alerta sobre la desprotección de los y las periodistas en el sur del departamento de Córdoba, luego del asesinato del periodista Rafael Moreno, ocurrido en Montelíbano. La semana pasada, la Fundación realizó una misión a esa región y constató que el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes para cumplir su obligación de procurar seguridad a los y las periodistas. La prensa de esta región se enfrenta a las dificultades de informar en una zona violenta, con presencia del Clan del Golfo, y en la que funcionarios públicos estigmatizan a quienes hacen denuncias e investigación.
El silencio del Gobierno Nacional, tras el asesinato de Moreno, ignora las demandas de rechazo público de la violencia contra la prensa de organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), que piden una respuesta para prevenir la violencia contra periodistas y la impunidad de estos crímenes. Para la FLIP, este desinterés refleja la falta de voluntad política para atender las necesidades urgentes de la prensa.
Los esfuerzos locales también son insuficientes frente al alto nivel de riesgo de los y las comunicadores en la región, que luego del homicidio de Moreno han seguido recibiendo amenazas. Aunque la Gobernación envió un mensaje de apoyo a la prensa local, aún no se conocen acciones específicas para proteger la vida de los y las periodistas. La FLIP pudo constatar que la Policía y la Secretaría de Gobierno de Montelíbano solo tienen contempladas medidas reactivas. Las y los periodistas de la región también le manifestaron a la FLIP su preocupación por las dilaciones de la Defensoría del Pueblo y la Personería en el trámite de las denuncias por amenazas para activar las rutas de protección.
Las autoridades no solo han tomado una actitud pasiva para proteger a la prensa, sino que algunas oportunidades la han atacado mediante estigmatizaciones. Semanas antes del homicidio, Rafael y otros periodistas que investigaban temas de corrupción, fueron estigmatizados por Miguel Rivera, coordinador de conciliadores en Equidad para la Paz de Puerto Libertador. El funcionario publicó en sus redes sociales un mensaje en el calificaba a los comunicadores de “extorsionistas”, “vividores de redes” y “limosneros con escopeta”. Frente a estos hechos no hubo ninguna reacción del Ministerio Público.
Por otro lado, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) todavía no aclaran, como lo pidió la RELE, el motivo por el que no se fortalecieron las medidas de protección de Moreno, aún cuando había un incremento en las amenazas. Sobre esto, distintas fuentes le dijeron a la FLIP que Rafael Moreno estuvo sin escolta desde septiembre de 2021, hasta inicios de octubre de este año, es decir, una semana antes de su asesinato.
La Fiscalía General de la Nación tampoco le ha notificado a la familia de Rafael Moreno sobre ningún avance en la investigación, ni tampoco les ha solicitado más información para avanzar en el caso. La pronta investigación y captura de los autores materiales y determinadores es esencial para la desactivación del riesgo de otros comunicadores que investigan temas similares a los que cubría Moreno.
El asesinato de comunicadores por motivos que podrían relacionarse con su labor periodística constituye la violación más severa del derecho a la libertad de expresión. Por eso, hacemos un llamado al Ministerio de Interior y de Defensa para que lideren esfuerzos en articulación con la Gobernación y las alcaldías locales y, así, adoptar medidas de seguridad que atiendan a la necesidad de protección para los y las periodistas en la región. Desde la FLIP seguiremos haciendo el seguimiento de este caso para que no quede impune, pues esto fomenta la reiteración de violencias y el silenciamiento
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