Se busca que las diferentes instancias del Ministerio Público conozcan el procedimiento de acreditación de víctimas ante la JEP, así como el avance de los macro-casos que actualmente instruye dicha jurisdicción, para dar una información veraz y oportuna a las víctimas interesadas.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, firmaron una Directiva para que los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público (incluyendo a las personerías municipales y distritales) realicen las labores necesarias para promover la pedagogía, participación y/o acreditación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este objetivo se hará por medio de jornadas territoriales, las cuales deben ser realizadas de manera articulada con la JEP y los mecanismos de verificación internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, MAPP-OEA, entre otros.
Así lo dio a conocer el Defensor del Pueblo, quien explicó que “resarcir el daño causado a las víctimas en el marco del conflicto armado, su reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas de derechos y la necesidad de hacerlos efectivos, es el propósito que mueve esta iniciativa que, desde el Ministerio Público, contribuye al mandato de la Justicia Especial para la Paz. Ello es posible a través del impulso a la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales que se adelantan en las instancias de esa corporación, habilitando su discusión sobre la materialización de los derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición”.
En el documento se propone la realización de jornadas de promoción y divulgación de los derechos de las víctimas en la JEP y actividades de apoyo para la atención a población víctima con fines de acreditación ante esta Jurisdicción.
El desarrollo de estos espacios deberá ser acompañado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo, así como las dependencias territoriales de cada entidad.
“Contribuir con la acreditación de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz en calidad de intervinientes especiales en los procedimientos judiciales, nos permite impulsar la garantía de derechos, la consolidación de la paz y, de esta manera, dar otro paso en la dirección de la reconciliación en el país”, explicó el Defensor del Pueblo.
Todo lo anterior se realizará con la asistencia técnica de las delegadas con funciones mixtas de intervención judicial ante la JEP, la Delegada con Funciones Preventivas para el Seguimiento del Acuerdo de Paz y la Defensoría Delegada para la Atención a Víctimas del Conflicto.
“La participación de las víctimas es un derecho en sí mismo y, en todo caso, el presupuesto para el disfrute de todos los demás que requieren la suma de esfuerzos institucionales para alcanzar los fines de un Estado social de derecho”, reiteró Carlos Camargo Assis.
De la misma forma, el Defensor del Pueblo afirmó que “este instrumento estratégico afianza la orientación, asesoría y acompañamiento que contribuye a materializar la doctrina defensorial en lugares y poblaciones de las que el sector central ha estado alejado”.
Finalmente, Carlos Camargo Assis celebró que la suscripción de la directiva conjunta permitirá unir el esfuerzo y trabajo de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las Personerías para la construcción de una mejor sociedad y contribuir al goce efectivo de los derechos de las víctimas.
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