El ‘Protocolo conjunto de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja para el acompañamiento de liberaciones de personas privadas de la libertad por grupos armados organizados u otros actores armados y su atención’ tiene como fin consolidar esfuerzos bipartitos para apoyar a quienes han sido afectados por el conflicto y la violencia.
Con corte al 31 de mayo del 2023 y según el Registro Único de Víctimas, Colombia cuenta con un reporte de 37.925 víctimas directas y 28.919 víctimas indirectas de secuestro. Este flagelo, de acuerdo con la Policía Nacional, se incrementó un 27% durante el 2022, cuando registró 203 plagios, en comparación con el 2021, año en que registró 160.
“La firma del ‘Protocolo conjunto de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja para el acompañamiento de liberaciones de personas privadas de la libertad por grupos armados organizados u otros actores armados y su atención’ se constituye en el deseo de continuar intercambiando información y experiencias que permitan consolidar esfuerzos conjuntos encaminados a la prestación de la ayuda humanitaria a aquellas personas afectadas por los conflictos y la violencia armada en Colombia”, destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El Protocolo incluye seguridad para servidores públicos: compartir buenas prácticas entre las dos instituciones que permitan complementar las actuaciones en terreno; proceder según el tipo de retenciones: tener en cuenta las limitaciones que dirigen su accionar y los alcances de los dos organismos; liberación y envío de mensajes en territorios al otro lado de las fronteras internacionales: la Defensoría del Pueblo no puede cruzar los límites al ser una entidad estatal, por lo que es de gran utilidad el carácter internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); liberación de militares: es una acción que la Defensoría ya viene adelantando, entre otros.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, con corte al 31 de mayo del 2023, Colombia cuenta con un registro de 37.925 víctimas directas y 28.919 víctimas indirectas de secuestro. Según datos de la Policía Nacional, los secuestros en el país aumentaron un 27% en 2022, al registrar 203, en comparación con el 2021, cuando reportó 160.
Los departamentos con mayor afectación por este delito son Antioquia, Meta, Cundinamarca y Valle del Cauca, según indicó el Director del Gaula de la Policía en marzo de este año.
“Apoyar a las familias de los desaparecidos, pero también y no menos importante, abogar por la protección de los migrantes son desafíos humanitarios urgentes que tenemos como entidad protectora de los derechos humanos en el país. Por eso, seguiremos trabajando mancomunadamente”, aseguró Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo valora el papel del CICR en Colombia, de manera particular, por sus indeclinables esfuerzos para aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas por la violencia en aquellas comunidades donde hay mayor recrudecimiento del conflicto armado interno.
Este protocolo conjunto es la respuesta al ‘Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas’, que invitaba a mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional a través de reuniones periódicas de seguimiento del Mecanismo de Búsqueda Urgente con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Consejo Superior de la Judicatura.
“Como una tarea conjunta en la que todos debemos aunar esfuerzos y sinergias, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos apoyando iniciativas, como la firma del Protocolo conjunto con el CICR, para proteger los derechos de las comunidades en cualquier territorio del país”, puntualizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
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