La Editorial Planeta de manera unilateral y repentina decidió no publicar una investigación de la periodista Laura Ardila sobre el entramado y el poder del clan Char en la Costa Caribe durante las últimas décadas. Esta decisión ocurrió dos años después de que la periodista y Planeta hubieran firmado un acuerdo contractual para la realización de esta investigación. Entre otras muchas acciones, ya habían acordado la carátula del libro y habían preparado eventos de lanzamiento, además, el equipo de producción y edición nunca mostraron reparos sobre el contenido,y por el contrario calificaron la obra como “una joya del periodismo”.
El 4 de julio, en una reunión extraordinaria, la periodista conoció la decisión de la editorial, que según la versión oficial estuvo motivada por el riesgo litigioso que representa este libro. Sin embargo, desde un inicio, la editorial conocía el tema central y sabía de este posible riesgo litigioso, incluso incluyó en el acuerdo contractual una cláusula en la que se acordaba que la autora del libro tendría que asumir la responsabilidad en caso de un litigio.
Así, resulta inesperada e inusual la decisión de no publicar la investigación periodística, especialmente porque durante el proceso de edición siempre se destacó la calidad del trabajo. Por ello, surgen inquietudes sobre qué hechos activaron esta decisión y si hay un motivo distinto al expresado por la editorial.
La medida tomada por Planeta es lesiva y afecta la divulgación de una investigación interés de la ciudadanía, particularmente si se tiene en cuenta el contexto actual, previo a las elecciones locales. Esto se convierte en un obstáculo para que las y los votantes conozcan la información relevante plasmada en el texto.
La periodista enfrenta un obstáculo adicional, ya que sostiene que la editorial tampoco le ha entregado el manuscrito de su obra, lo que le impide acudir a otras editoriales para que se publique este año. A pesar de que la editorial enfatizó en que le entregaría el manuscrito de manera inmediata, han pasado varios días y esto no ha sucedido. Planeta fue consultada por la FLIP y dijo que “existía un acuerdo de confidencialidad por lo que no podían referirse al tema”.
Desde la FLIP, reconocemos que a nivel nacional existe una tendencia de personas poderosas a acudir de manera abusiva a herramientas legales para silenciar denuncias de interés público. Hemos documentado el fenómeno de acoso judicial desde el 2008, y hemos brindado apoyo legal en 304 casos, que han afectado a 283 periodistas y 145 medios. Al respecto, hemos advertido sobre la necesidad de que se adopten medidas para prevenir el uso de las vías legales con fines de censura.
Nos preocupa que, en el marco electoral que se aproxima, medios de comunicación y editoriales adopten medidas similares, de prevención de riesgos litigiosos, que lleven a la autocensura e impidan que la ciudadanía conozca información de interés público. Alertamos que esta situación puede generar un efecto inhibidor sobre periodistas que hacen investigación y veeduría sobre candidatos y las elecciones que se aproximan.
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