Indemnización persona a persona y otra de 703 billones de pesos, piden para San Andrés. Dos grupos diferentes interpusieron demandas contra el estado colombiano por la pérdida del mar de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Uno pide que se indemnice persona por persona y el otro grupo pide una indemnización global de 703 billones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el pasado 7 de marzo denegó una solicitud de nulidad que podría haber dejado por separado los dos procesos de demanda contra el estado que reclaman indemnización por la pérdida de mar territorial del Archipiélago por la decisión de la Corte Internacional de Justicia –CIJ-.
Por una parte Carlos Felipe Rodríguez Vargas, abogado que hace parte del grupo accionante de la demanda que se interpuso en contra de la nación y otras entidades del orden nacional, indicó que la demanda la radicaron en el mes de noviembre del año 2013, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su sección primera y el magistrado que conoció el caso dijo que iba a asegurar sobre la admisión de la demanda y debía hacer acopio de algunas piezas procesales porque en otra sección estaba cursando otra demanda similar instaurada por Guillermo Pertuz, también elevada en el año 2013.
En este punto hay que observar, gracias a una consulta de procesos, como aparece la acción de Pertuz radicada el 8 de agosto de 2013, mientras que las primeras acciones de los abogados Rodríguez, tienen fecha 6 de marzo de 2015.
Rechazo y apelación
En efecto, inicialmente la demanda de Rodríguez fue rechazada por la preexistencia de otro grupo accionante, lo que provocó la apelación ante el Consejo de Estado, y en sección Tercera, el Consejero de Estado, Hernán Andrade, dio la razón y dijo que esa demanda no podía rechazarse pero que se debía acumular efectuando una integración con el trámite de Guillermo Pertuz.
“Aunque ese objetivo se logró, el magistrado Oscar Orlando Dimaté, que tiene el proceso de Pertuz, no ha querido dar cabal cumplimiento a la orden del Consejo de Estado, a través del Consejero Hernán Andrade”, dijo el abogado Rodríguez.
Diferencia en los petitorios
Las demandas tienen marcadas diferencias porque en el proceso de Pertuz se demanda a la Cancillería y a la Nación, además el grupo víctima que señala solo son pescadores artesanales, “los medios de prueba son pruebas documentales, lo cual resulta increíble, porque en una acción de grupo lo que se tiene que cuantificar en el trámite procesal es a cuánto asciende el daño”, acotó Rodríguez.
En contraposición la demanda de los Rodríguez culpa a más de 26 entidades en las que está toda la estructura del estado, con la Procuraduría, Contraloría, Auditoría, el Congreso y los legisladores, Presidencia y más de 16 ministerios.
“La cuantía de nuestra demanda asciende a un monto aproximado de 703 billones de pesos y los medios de prueba que argumentamos en su momento fueron dictámenes periciales que certificaron cuanto fue el territorio que realmente se perdió porque hasta la fecha no hay un documento que certifique cuanto fue el mar territorial perdido en el diferendo con Nicaragua y necesitamos que se avalúe cuanto fue el daño que se causó con esa pérdida de mar territorial y espacio aéreo y los argumentos para atacar la decisión y la negligencia con que actuó el estado colombiano en lo referente al 2012, que son diferentes a los del señor Billy Pertuz”, puntualizó Rodríguez.
¿Exagerado, poco razonable, justo?
Obviamente es una cifra muy grande, si se hiciera un cúmulo de cuantas son las demandas que tiene hoy en día la nación se podría decir que no supera los 300 billones de pesos y esta demanda los dobla. “Pero no porque los doble es algo que digan que es descabellado o que no hay una causa legal fuerte como efectivamente lo es, porque en el 2012 hubo serias deficiencias del estado colombiano. Duramos un año después de leído el fallo, para radicar la demanda, gestionando mediante derechos de petición a diferentes entidades que nos demostraron y confirmaron la negligencia del estado colombiano en ese trámite de la Corte Internacional de Justicia –CIJ-”, aclaró y agregó: “Obviamente que uno debe ser centrado y no creemos que el gobierno vaya a dejar esto en manos de un fallo de una autoridad jurisdiccional. Lo que vemos es que tendría que darse una especie de transacción, en aras de que se pueda potencializar la isla y de esa forma mejorar la calidad de vida de los habitantes”, concluyó.
Según Rodríguez, esta es la acción que puede reivindicar al gobierno nacional con San Andrés, pues obviamente está en peligro es la colombianidad de San Andrés, “porque lo que paso en el 2012 avivó las llamas de aquellos movimientos separatistas y el gobierno nacional no ha jugado justo con la población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, señaló.
Billy Pertuz
“Integraron a la demanda mía, en representación de muchas personas de San Andrés y ellos lo que quieren es que se divida el proceso, pero infortunadamente no ha sido así. La última actuación del Ponente de Oscar Armando Dimaté Cárdenas, fue la de denegarse la solicitud de nulidad que ellos interpusieron. De esa manera el proceso sigue hacia adelante y el proceso es uno solo hasta ahora.
Si tienen otro recurso pues que lo apliquen, la idea no es pelear entre nosotros sin sacar esto adelante. Es más esto estaba para fallo pero no se ha podido sacar adelante porque lo que ellos pretenden es eso.
El proceso mío aparentemente es distinto al proceso de ellos, pero eso no lo decido yo, ni lo deciden ellos, lo deciden las autoridades competentes.
Ellos han dicho que nosotros pedimos dos mil millones de pesos, nosotros estamos pidiendo que se indemnice por persona, nosotros no hemos tasado nada, es falso que hayamos tasado en dos mil millones de pesos, jamás hemos dicho eso.
Cuando admiten la integración de la demanda, los principales somos nosotros, sigue el curso de la demanda normal tal como la hemos planteado nosotros inicialmente pero esto lo dirime el Tribunal Contencioso Administrativo.
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