Por Jayson Taylor Davis
La soberanía reside en el pueblo, y el pueblo milita con su sensación de ser parte de una nación, significa entonces que tal soberanía sin actos propios de una autodeterminación como pueblo autóctono, con el desarrollo regional como ínsula con el respeto de su etnicidad, resalta y en rojo ese colonialismo moderno del que tantas islas del Caribe y países han tratado de librarse, y que sigue más vigente que nunca.
Apropósito de la visita del presidente Petro a la isla de San Andrés, visita que trae como el fin celebrar el día de la independencia de Colombia.
Una visita luego de varios desaires y largas esperas por parte de la población de las islas, quienes por más de una ocasión han esperado no solo la llegada del Presidente, sino que el cumplimiento de temas de campaña y protocolarios como escuchar el reciente fallo de La Haya en las islas.
Sin tocar a fondo las razones de sus muy constantes accidentes que no le pudieron permitir cumplir con su palabra en algunas ocasiones, sea este escenario para poderle resaltar y encadenarlo a ser uno más de los presidentes que ha decidido celebrar el dia de la independencia en la isla de San Andrés, acto protocolario que raya muy similar, el actuar sistemático de algunos de sus antecesores, homólogos pero de línea ideológica de derecha; a quienes ha exhibido durante su carrera política como “gobiernos propios del establecimiento y la derecha” quienes ejercen soberanía en los pueblos indígenas socavando los valores ancestrales, pero hoy muy cómodamente transformado en aquel personaje pintoresco llamado el cerdo Squealer del libro “La rebelión en la granja”, quien además de ser un excelente orador, termina por hacer lo que tanto atacó, y en una escena casi de Netflix terminó vistiéndose de humano, y adquiere la forma de actuar de su antagonista embriagándose de poder.
No debemos de desviarnos del trasfondo inquisitivo del panorama, por actores que solo son eso; actores, aquí lo realmente importante es ver como en el gobierno central; sin importar quien esté en la silla del poder, tiene como política ejercer actos propagandistas, mal llamados de “soberanía”, actos que de ninguna manera vinculan a los pobladores de las islas, para con un sentir de patria o nacionalismo que pudiera dar visos de sentirse parte de lo que representa la Colombia continental.
Una de las líneas más férreas de defensa del Estado colombiano es su presencia militar por todo el territorio en disputa, pero la pregunta sería ¿es suficiente en pleno siglo XXI hablar de soberanía con la mera presencia militar, sin hablar de desarrollo regional y cobertura en servicios públicos domiciliarios en ese territorio?.
El centralismo en Colombia y su influencia en la percepción de la soberanía nacional en las islas, ha sido un fenómeno arraigado en la estructura política y administrativa de Colombia a lo largo de su historia. Este enfoque centralizado de gobierno ha tenido un impacto significativo en diversos aspectos de la vida nacional, incluyendo su percepción de la soberanía y la forma en que se abordan los conflictos internacionales. En efecto para el ciudadano de a pie, cada uno de los fallos de la Corte Internacional, no ha pasado de ser imagen televisada y en algún momento viralizada en una de las redes sociales como tema de moda o tendencia, pero nunca fue un tema de análisis completo, desde la academia, con un enfoque popular para entender los que está en juego, y que se vislumbra en un capítulo de la historia donde se pudiera ganar así sea de manera efímera, y no recordar el olvido en el que viven las islas.
Un ejemplo concreto de la influencia de esta política centralista se evidenció en el litigio colombo-nicaragüense, que se llevó a cabo en el Corte Internacional de La Haya. Durante este proceso, Colombia adoptó una estrategia de defensa basada en la creencia arraigada de que la presencia militar en las áreas en disputa era un reflejo directo de la soberanía nacional. Sin embargo, esta estrategia demostró ser insuficiente y tuvo consecuencias negativas en el resultado del caso. Esto sin mencionar que quienes son herederos de esos mares, y pequeñas islas nunca fueron tenidos en cuenta como testigos necesarios para tal litigio.
En el litigio colombo-nicaragüense, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo el 19 de noviembre de 2012, en el cual reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero también delimitó las fronteras marítimas entre ambos países. Este fallo fue recibido con reacciones mixtas y generó tensiones en la región, más nunca se miró, el contexto de que los habitantes de las costas de Nicaragua y el pueblo raizal del archipiélago, son familia y los límites de fronteras solo recortaron lazos de sangre.
Es importante tener en cuenta que estos conflictos territoriales no solo afectan a los Estados involucrados, sino que también tienen implicaciones para las comunidades locales. En el caso del pueblo raizal, ha habido preocupaciones en cuanto a su reconocimiento, protección de sus derechos culturales y participación en los procesos de toma de decisiones relacionados con el territorio, más siendo el punto de inflexión de un litigio internacional.
Una de las líneas más férreas de defensa del Estado colombiano es su presencia militar por todo el territorio en disputa, pero la pregunta sería ¿es suficiente en pleno siglo XXI hablar de soberanía con la mera presencia militar, sin hablar de desarrollo regional y cobertura en servicios públicos domiciliarios en ese territorio?.
La soberanía reside en el pueblo, y el pueblo milita con su sensación de ser parte de una nación, significa entonces que tal soberanía sin actos propios de una autodeterminación como pueblo autóctono, con el desarrollo regional como ínsula con el respeto de su etnicidad, resalta y en rojo ese colonialismo moderno del que tantas islas del Caribe y países han tratado de librarse, y que sigue más vigente que nunca.
El centralismo en Colombia existe, se siente, y se ve con ese toque en el hombro que dice: “venga yo lo hago porque usted no sabe», «o venga y yo lo hago porque ustedes son corruptos” y se certifica en la forma en que se percibe los territorios alejados de Bogotá, en donde claramente la idea de “región insular” la escribe un personaje de “Duitama” (caso hipotético), y este planea y construye línea de desarrollo territorial sin saber a qué huele la libertad en el mar de estas islas, en donde la Colombia centralista defiende la soberanía nacional, con buques y jets de combate, en un desfile que poco o nada tiene que ver con lo que realmente un pueblo requiere para ser llamado soberano y mucho menos integra la idiosincrasia del pueblo nativo.
El gobierno central ha fallado en brindar el apoyo necesario para el desarrollo económico, social y cultural de estas comunidades. El olvido y la falta de atención hacia sus necesidades han llevado a un sentimiento de marginación y exclusión. A pesar de la victoria legal en el litigio, el pueblo raizal y los residentes en el archipiélago continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos, la mejora de las condiciones de vida y la participación activa en la toma de decisiones que afectan su territorio. Esta situación refleja claramente la brecha existente entre el reconocimiento formal de la soberanía y la implementación efectiva de políticas que beneficien a las comunidades locales. Es fundamental que el gobierno central tome medidas concretas para abordar esta y garantizar una participación significativa y equitativa de las comunidades en los procesos de desarrollo y toma de decisiones, se debe llevar la región insular con sus particularidades al centro y no ser solo un discurso de campaña.
En conclusión, aunque Colombia ganó el litigio colombo-nicaragüense y se reconoció su soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, es evidente que el pueblo raizal y los residentes en el archipiélago no han experimentado mejoras significativas en su calidad de vida. El olvido y la falta de atención del gobierno central han perpetuado la marginación y la exclusión de estas comunidades.
Para cerrar la brecha entre el reconocimiento formal de la soberanía y la realidad cotidiana de las comunidades, se requiere una acción gubernamental efectiva que garantice la participación activa y equitativa de los habitantes del archipiélago en los procesos de toma de decisiones y desarrollo.
Y aunque se marche, se saquen los aviones comprados por el gobierno guerrerista anterior, se haga jolgorio con el honor del ejército de guerra, o se baile con la Barbie, como promoción del desfile, hoy las islas no están en el mapa del desarrollo, y no es cuestión de derecha o izquierda, es la central verdad.
Tomado de Al Poniente
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