¿En qué andan los procesos que también se ordenaron a Procuraduría y Fiscalía?
Esta semana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de investigación penal contra el representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Jorge Méndez Hernández, señalado de presunto constreñimiento al elector.
De inmediato surgió la pregunta sobre cuales fueron las razones de la apertura de esta investigación, pero ello nos remite al fallo contra la demanda de nulidad electoral que se impetró contra el legislador, el cual mantuvó la curul de congresita, pero a renglon seguido ordenó la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Y fue justamente, atendiendo esa compulsa de copias, que la Corte Suprema de Justicia ordenó dar apertura a a una investigación, es decir que encontró meritos para iniciar un proceso penal en forma contra el parlamentario, más allá de una indagación preliminar, que habría sido el caso, de no haberse encontrado suficientes elementos para aperturar.
En tal sentido, Mendez Hernandez empieza a pagar el alto costo de haber conservado la curul, incluso contra toda evidencia, al lograr que la entonces secretaria de Planeacion Lizbeth Valenzuela negara que la voz del audio que publicó The Archipielago Press en primicia el 20 de febrero de 2023, fuera la suya.
Como el Consejo de Estado no verificó con prueba de voz el audio que se filtró, donde la funcionaria expresaba que por orden del Alcalde Norberto Gary Hooker, en apoyo al parlamentario Jorge Méndez, los contratistas del municipio debían comprometerse a votar por el congresista en la elección a Cámara de Representantes.
Posted by The Archipielago Press on Friday, August 9, 2024
Pero el anuncio de la Corte Suprema de Justicia es apenas una vertiente de todo el proceso que se viene contra los servidores públicos por ese presunto fraude electoral y constreñimiento al elector.
Ahora falta que la Procuraduria General de la Nación, a través de su regional en San Andrés, la cual según el testimonio de la propia Valenzuela, protege a los aliados de Mendez Hernandez, anuncie en que avanzan sus investigaciones discplinarias contra el exmandatario providenciano y su exsecretaria de gabinete.
Igualmente, la Fiscalía General de la Nación debe llevar adelante procesos penales contra ambos funcionarios, quienes no gozan del fuero que si tiene el congresista que ya está bajo la lupa del maximo tribunal penal.
Como se recuerda, en una audiencia de pruebas en el caso de la demanda electoral contra la elección de Jorge Méndez Hernández como representante a la Cámara por las islas, ante la magistrada del Consejo de Estado, sorprendió la la declaración de la secretaria de Planeacion Lizbeth Valenzuela negando que su voz era la de la mujer que en febrero de 2022 pedía votos para el congresista a cambio de contratos en la Alcaldía, lo que sumarìa una nueva investigación por falso testimonio para engañar a la justicia.
Lo que parece indicar esta estrategia de la defensa de la parte demandada era salvar la curul del legislador al costo que sea, incluso de «quemar» judicialmente al parlamentario y a la principal protagonista de los hechos, al ponerla a mentir ante un juez de la República en un testimonio bajo juramento que puede ser desvirtuada con un cotejo técnico de voces.
Al respecto hay que recordar que el Código Penal en su «Artículo 442. tipifica el Falso testimonio: El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años».
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