Voceros de la Ungrd le habrían indicado a los pobladores que lo único que pueden hacer es demandar a la empresa que se encargó de las obras
En noviembre de 2020, el huracán Iota golpeó a San Andrés y Providencia, siendo el archipiélago en donde se registraron los daños más graves de la llegada del primer tifón de categoría cinco que haya impactado a la isla colombiana.
El huracán destruyó alrededor del 98% de Providencia, dejando a cientos de familias sin hogar, puesto que de las 6.000 personas que vivián en este lugar, al menos 1.500 indicaron a las autoridades que sus inmuebles sufrieron daños irreparables; sumado a ello, el 98% de la infraestructura del hospital del archipiélago se destruyó.
La emergencia también provocó que Providencia estuviera varias semanas sin agua y luz, los cultivos de caña, plátano, coco y sandía se perdieron y provocó que el Dane identificara que más del 85% de las viviendas no tenían servicio de acueducto ni alcantarillado.
Para atender la crisis, el Gobierno nacional declaró desastre departamental por 12 meses y anunció la inversión de más de 135.000 millones que se utilizaron para remover los escombros, proveer ayuda humanitaria, y reconstruir el hospital y gran parte de las viviendas.
Al poco tiempo de que se cumplan dos años de la emergencia que provocó el huracán, en Providencia se está llevando a cabo una consulta encabezada por voceros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que tiene como objetivo principal conocer cómo se encuentran las viviendas intervenidas entre 2020 y 2021, encontrándose con la sorpresa de que varias de ellas, a pesar de que costaron más de 760 millones de pesos, se están cayendo por partes.
De acuerdo con Blu Radio, la comunidad afirmó que gran parte de la madera se pudrió o tiene humedad, lo que podría deberse al uso de un tipo incorrecto de este material respecto al clima que se registra en Providencia.
Sumado a esto, a pesar de que los afectados han denunciado los problemas en más de una ocasión, indicaron que los voceros de la Ungrd les han indicado que no hay recursos para financiar los arreglos y que el único camino que pueden seguir es entablar un proceso jurídico contra Findeter, empresa que se encargó de las obras, por incumplimiento del contrato.
Royli Hawkins, líder social de la zona, afirmó al medio citado que según lo que les han informado, este tipo de procesos podrían demorarse hasta dos años en tener algún tipo de solución, lo que deja a los pobladores expuestos a perder sus viviendas o sin protección en caso de que se registre una nueva emergencia natural en ese tiempo.
“Lastimosamente, esas casas que fueron intervenidas, alguna con altos sobrecostos, casas reportadas con valor de 760 millones de pesos, hoy en día se están cayendo por partes y se están pudriendo otras. Entonces nosotros estamos llamando al presidente Gustavo Petro para que intervenga, porque si llega otro huracán, toda la isla está en peores condiciones de las que estaba anteriormente”.
Los daños de las viviendas ya habían sido denunciados
Cabe recordar que, los problemas de las viviendas reconstruidas en Providencia ya habían sido expuestos por el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, que en mayo de 2024 afirmó que en su visita al archipiélago encontró una isla “que aún no se recupera”, por lo que denunció sobrecosto e irregularidades en la intervención registrada por el Estado en 2020, pero, a pesar de la denuncia, desde ese momento no se ha anunciado algún tipo de intervención en el lugar.
“Lo que encontré en mi visita a Providencia es una isla que aún no se recupera de la tragedia del huracán Iota y una reconstrucción que no dejó satisfecha al pueblo raizal. El tamaño de la zona segura es realmente diminuto, la calidad de las maderas ya empieza a mostrar deficiencias”, afirmó Carrillo.
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