Por Carolina Restrepo Cañavera
La solicitud que hizo la senadora Paloma Valencia a la Corte Suprema de Justicia para que se requiera el contenido del celular que “se cayó” —sí, “se cayó”— y que pertenecía al senador Iván Cepeda, no es un impulso político ni una ocurrencia de última hora. Es una jugada jurídica cuidadosamente diseñada, ejecutada en el momento procesal exacto.
Muchos se preguntarán: ¿por qué no lo pidieron antes? Porque antes no se podía. Mientras el proceso penal contra Álvaro Uribe se encontraba en etapa de juzgamiento en primera instancia, la Corte no tenía por qué acceder a una prueba cuya necesidad aún no era evidente dentro del expediente. En cambio, con la sentencia ya dictada —aunque aún no notificada— se abre la etapa de apelación, y con ella la posibilidad de solicitar pruebas que esclarezcan vacíos, omisiones o irregularidades que puedan haber afectado el debido proceso.
Y aquí es donde entra el celular de Cepeda. Ese teléfono, que casualmente se “perdió” en el momento más crítico del caso, podría contener conversaciones con Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave. ¿Se coordinaron? ¿Hubo presiones? ¿Se construyó un relato de común acuerdo? No lo sabemos. Y precisamente por eso es crucial recuperar esa información.
Aunque ya existe en el expediente un fragmento parcial de las conversaciones entre Monsalve y Cepeda —al parecer, solo las respuestas del testigo—, nunca se ha accedido de forma completa, técnica y verificable al contenido total del intercambio. No se conocen los mensajes de Cepeda ni las preguntas que dieron lugar a esas respuestas. Y eso, en un proceso penal, lo cambia todo. Lo que se busca ahora es ir al origen completo, con respaldo forense y sin filtraciones selectivas.
¿Es posible hacerlo? Sí. Aunque el celular haya desaparecido físicamente, si tuvo sincronización con la nube —como sucede en la mayoría de los dispositivos móviles actuales—, es técnicamente posible recuperar el contenido mediante mecanismos de cooperación judicial internacional. Y eso lo puede solicitar directamente la Corte Suprema de Justicia mediante una comisión rogatoria, sin intervención alguna del Gobierno ni de la Cancillería.
Este tipo de solicitudes ya ha sido efectiva en otros países, como lo recuerda el mismo comunicado dirigido por la senadora Valencia a la Corte. En España, por ejemplo, la recuperación de información digital ha permitido reabrir procesos, desmontar versiones falsas y restituir garantías procesales vulneradas. Y en Colombia también puede hacerse, con plena garantía de cadena de custodia digital, trazabilidad técnica y autenticidad probatoria.
Esta no es una prueba cualquiera. Es posiblemente la pieza que le falta al rompecabezas. El temor de Cepeda es comprensible. Y también el del abogado Miguel Ángel del Río. Porque si la información aparece —y revela coordinación indebida, manipulación o presión sobre el testigo clave—, el caso se desmorona desde su raíz. Se rompe la narrativa. Se desacredita el montaje. Y se evidencia una verdad que muchos intentaron sepultar.
Y mientras todo eso ocurre, hoy vemos a los mismos que impulsaron ese caso —con firmas, comunicados y cartas a la CIDH y cuanto organismo internacional existe— intentando denunciar supuestas injerencias y presiones externas, cuando en realidad el único temor que los mueve es que se acceda a esa información. Porque esa es la verdadera amenaza: que el mundo vea lo que hay detrás del testimonio de Monsalve y del expediente construido contra Álvaro Uribe.
Salieron a celebrar, a aplaudir una condena aún no notificada, creyendo que el juego estaba ganado… cuando en realidad ya les llevaban un paso adelante.
Esto no fue una jugada política. Fue una jugada jurídica, estratégica y quirúrgica. Y fue hecha en el momento exacto.
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