Según una encuesta de la Defensoría del Pueblo, el 90% de los consultados afirmó no recibir o recibir parcialmente sus medicamentos.
Indolencia es la palabra que mejor podría describir la actitud del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la crisis del sistema de salud. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habla de un tema de “ricos” y “pobres” y la entidad a su cargo dedica cinco páginas de un comunicado para responder a un artículo de un medio internacional, decenas de pacientes tienen que acudir a la protesta y a alzar la voz para encontrar respuesta a sus citas demoradas y a sus medicamentos no entregados.
Entre tanto, la lista de fármacos reportados como desabastecidos o en riesgo de estarlo deja al descubierto que pacientes psiquiátricos, con enfermedades raras y autoinmunes, hipertensos y crónicos, entre otros, están en riesgo de no poder continuar sus tratamientos y de que su vida esté en entredicho.
A su vez, las cifras que reporta la Superintendencia de Salud sobre reclamos mensuales en salud en los últimos ocho años muestran que durante el mandato de Petro se duplicaron e, incluso, superaron los 1,5 millones entre enero y septiembre de 2025.
Protestas en Bogotá y el Valle
Un grupo de cerca de 50 pacientes con enfermedades huérfanas realizó un plantón en una de las sedes de Nueva EPS en la capital esta semana. Con pancartas, carteles y megáfonos exigieron que se les dé atención médica inmediata y que se les entregaran sus medicamentos, que son esenciales para sus vidas.
“Nueva EPS: basta de poner vidas en riesgo”, “que no nos negocien la salud” y “detrás de cada fórmula hay una vida” eran las consignas de las pancartas que sostenían los manifestantes. Al tiempo, también gritaban: “¿qué queremos? ¡Medicamentos! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Citas ya! ¿Para qué? ¡Para vivir!”.
Entre tanto, un joven con fibrosis quística (enfermedad hereditaria que causa problemas por mucosidades en pulmones, páncreas y otros órganos) expuso que “nos están enviando (…) a un cementerio”. Así mismo, que no solo a las personas que tienen su misma condición médica se están viendo afectados así, sino también a los que tienen otras enfermedades raras o huérfanas.
“La (Nueva) EPS nos está matando. Hay pacientes en UCI (unidad de cuidados intensivos), hay pacientes crónicos, hay pacientes que están mal por falta de medicamentos y falta de citas médicas. Tengo un cálculo renal en el riñón izquierdo demasiado grande y la contestación de la EPS fue, en diciembre, que esperaba hasta 2027 que se solucionara y que esperara a que se tapara el riñón”, dijo el joven mediante un megáfono.
Mientras tanto, en Tuluá (a 92 kilómetros de Cali, Valle del Cauca) un grupo de madres desesperadas tuvo que hacer bulla y escándalo en un punto de entrega de medicamentos porque las tuvieron horas esperando sin respuestas.
“(Llevamos) esperando desde las 2 de la tarde que no entregaran unos medicamentos, que en acta quedó firmada el lunes (…) y nos vieron la cara a todas porque no los trajeron. (Tenemos) niños que están convulsionando en casa y que nosotras, aquí como madres, estamos esperando a que nos entreguen los medicamentos”, relató una mujer en un video que fue compartido por la Federación Colombiana de Enfermedades Raras.
La misma persona mostró el caso de otra mujer, de quien dijo tenía cáncer terminal y que estaba “esperando unas citas”. “Ella se nos acabó de desmayar y si acá se muere coloco (sic) como responsable a la Nueva EPS y todo lo que nos pueda pasar, porque también me tienen enferma de la cabeza. Estamos aburridas, estamos cansadas de todo lo que está pasando y que todo mundo nos ignore y nos humille”, señaló con voz fuerte.
Al final de su llamado de urgencia, añadió que “si me tengo que morir acá, me voy a morir, pero no nos vamos a ir hasta que no nos entreguen los medicamentos y las citas que estamos esperando”.
El panorama no cambia en Medellín. En puntos de entrega de medicamentos para afiliados de Nueva EPS y Savia salud se repiten los testimonios de los usuarios. A Rosa, por ejemplo, no le entregan completas las fórmulas de Carbamazepina para su hijo de 36 años que sufre epilepsia desde niño. Está afiliado a la Nueva EPS en el régimen subsidiado.
“Desde el año pasado me quedaron debiendo varias fórmulas. Este año igual. De seis que mandan, entregan dos o tres. La última vez, solo una”, relató. Los médicos le afirman que el medicamento está disponible, pero en el punto de entrega siempre le repiten que no lo hay.
Para evitar crisis por no estar medicado, tiene que comprar el paquete de pastillas a $20.000 por su cuenta. “No puedo dejarlo sin la medicina. Si no la toma le dan ataques”, dijo sobre la situación.
Disparada de reclamos en salud
El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), Diego Gil, califica como “negacionista” la actitud del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud frente a la situación que exponen estos pacientes por las fallas en el sistema.
¿Cómo olvidar la respuesta del ministro Guillermo Jaramillo a la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí (Antioquia), que pasa por deudas de Nueva EPS por valor de $8.750 millones, falta de pagos regulares y la imposibilidad de pagarle el sueldo a sus trabajadores. “Los ricos también lloran”, dijo sobre esto el funcionario.
Al respecto, Gil expresó que la visión del Ejecutivo “no se conecta con lo que están viviendo pacientes y sus familia y ha tomado un camino de querer tener la razón sin tenerla, pues no solo los testimonios muestran que es real, sino que los datos también están y los hemos puesto sobre la mesa”. Fecoer habla de 2.033 personas con enfermedades raras o huérfanas que murieron en 2025.
De hecho, los datos oficiales de la Superintendencia de Salud también evidencian que hay, por decir lo menos, una insatisfacción o dificultad creciente con el acceso a servicios de salud. La cifra mensual de reclamos ante esa entidad ha presentado un incremento sostenido desde enero de 2019, que se disparó del primer año del Gobierno Petro en adelante (ver gráfico).
Para septiembre de 2022 hubo, aproximadamente, 100.000 reclamos. Para enero de 2023 hubo una disminución al pasar a 85.000; pero luego subió a 95.000 en mayo y a 120.000 en septiembre. En 2024 la tendencia se mantuvo: empezó con 75.000 en enero, paso a 110.000 en mayo e incrementó a 145.000 en septiembre.
En 2025, los reclamos se mantuvieron entre picos y riscos contabilizando 160.000 en enero, 170.000 en mayo y 205.842 en septiembre. Esa es la última cifra disponible y marca un récord en el histórico y un incremento del 105 % en las cifras de lo que va del actual Gobierno.
Las EPS que mayor incremento en la tasa de reclamos en salud tuvo entre 2024 y 2025 fue Mutual Ser, que subió varió entre año y año 80,9 %; Comfenalco Valle, que subió a 53,4 %; Nueva EPS, que pasó a 52,4 %; Comfaoriente, que presentó un 49,6 %; Salud Total, con un 48,7 %; Famisanar, con 43 %; Salud Mía, con 38 %; Familiar de Colombia, con 37,2 %; Servicio Occidental de Salud, con 35,6 %, y Sura, con 34,6 % (ver gráfico).
Los medicamentos reportados
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) saca mensualmente un listado de abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos en seguimiento. Allí marca en amarillo aquellos que están “en monitorización” (cantidades limitadas de un producto), en café los que están “en riesgo de desabastecimiento (alerta de que alguno esté cerca de ser insuficiente para cubrir la demanda) y en rojo los desabastecidos.
La más reciente —que está a corte del 31 de diciembre de 2025— tiene en café nueve fármacos, que son usados para personas en cirugía, con hipertensión o con problemas de salud mental, entre otros.
Estos son: las sales de rehidratación oral (para la deshidratación por diarrea o vómito), el rocuronio bromuro (usado en cirugías, intubaciones o cuidados intensivos), la olanzapina (para crisis psiquiátricas severas), el givosiran sódico (para pacientes con porfiria: enfermedad rara en la sangre), el alendronato (para la osteoporosis), el alopurinol (para la gota o el ácido úrico alto), la atomoxetina (para personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad), el cardesartán hidroclorotiazida (para la presión arterial) y la clozapina (para la esquizofrenia resistente).
Por su parte, hay 15 en rojo, entre los que están la clemastina (para alergias severas), la clomipramina (para depresión o trastorno absesivo–compulsivo), la difenhidramina (para reacciones alérgicas grave), el etomidato (para anestesia urgente), la fampridina (para esclerosis múltiple), la fenitoína (para epilepsia o convulsiones), el oversol/lobitridol (para hacer tomografías), la metilergometrina (para hemorragias posparto) y el nifedipino (para hipertensión o parto prematuro).
La lista —expuesta por la representante a la Cámara Carolina Arbeláez— termina con la penicilina V (para infecciones bacterianas), la quetiapina (para trastornos mentales severos), el quinapril (para enfermedad cardiovascular), la somatostatina (para sangrados digestivos o tumores hormonales), la sulpirida (para trastornos psiquiátricos) y la triamcinolona (para enfermedades inflamatorias o autoinmunes).
La congresista anunció que citará un debate de control político contra el Ministerio de Salud para que indique acciones urgentes para garantizar el suministro y las responsabilidades administrativas y políticas por la crisis.
En los casos que Fecoer hace seguimiento han identificado problemas de acceso a medicinas para evitar convulsiones (Clobazam) en menores y adultos y para personas con enfermedades lisosomales, hipertensión pulmonar o de inmunodeficiencia primaria. “Estamos reventados con las consultas que nos llegan para orientación por estas dificultades”, reconoció.
¿Por qué esta problemática?
Diego Gil respondió esta pregunta así: “No es que no estén (los medicamentos), pues hemos validado con gestores y la industria farmacéutica y concluimos que varios no están desabastecidos, sino que las dificultades financieras del sistema generan estos traumatismos que no terminan en que no hay continuidad en los tratamientos de los pacientes”.
Esas dificultades de plata que menciona radican en la insuficiencia —negada por el Gobierno— de la unidad de pago por capitación (UPC), que son los recursos que gira mensualmente el Estado a las EPS. Este hecho, que la Corte Constitucional ha validado con varias órdenes (evadidas) al ministerio, les ha generado a las aseguradoras una siniestralidad (déficit) del 110 %, que quiere decir que de cada $100 que les ingresa por UPC se terminan gastando $110.
Como lo explica el investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino (vilipendiado recientemente por el Minsalud), “el Gobierno no ha querido reconocer que debe incrementar suficientemente ese presupuesto y es por eso que estamos viendo las barreras al acceso”, que se traducen en demoras en las citas y en la atención, en la entrega de medicamentos y falta de acceso a tratamientos.
Como las EPS usan esa plata para pagarles a los gestores farmacéuticos (encargados de la entrega de fármacos), cuando no alcanza estos dejan de dispensarlo por la falta de pagos. No por un saboteo, como lo ha sugerido el Gobierno, sino por una cuestión lógica: ante la acumulación de deudas, la confianza entre actores del sistema se quebró.
Gil menciona que en la Federación tienen reportes de casos en que “a veces están disponibles (las medicinas), pero de 12 meses del año los pacientes no los reciben en dos y hasta seis meses”. Incluso, que también han detectado problemas con los servicios complementarios de pañales, cremas antiescaras, transporte, cuidadoras y cuidado en casa para familias que no pueden costearlo.
“La cartera (deudas) es lo que más está afectando el acceso a medicamentos, pues los gestores no tienen flujo de recursos y las empresas que los proveen se cansaron de fiar sin que les paguen”, añadió sobre esto el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva.
Aún así, Silva mencionó que hay demoras en la asignación de registros sanitarios por parte del Invima, “que venía de otros gobiernos, pero en el actual pasamos de 26 meses a 40 meses. Por eso es clave la despolitización de esa entidad y dotarla de más capacidades técnicas”. Sobre el primer punto recordó que en octubre de 2024 su director, Francisco Rossi, reconoció que “se demoran en aprobar medicamentos nuevos (…) porque son muy caros” y que eso hace que “sean medicamentos que no están destinados a países en desarrollo”.
Tanto Gil como Silva coinciden en que esta problemática tiene solución y se puede abordar desde la financiación debido del sistema, la búsqueda de recursos adicionales y que el Gobierno actual cumpla con las órdenes de la Corte. “En el próximo Gobierno (si no es la continuidad del Pacto Histórico) necesitamos un plan medible de los 100 primeros días, un plan de salvamento y una reestructuración del sistema”, puntualizó Silva.
Consultado por EL COLOMBIANO, desde la oficina de prensa de la Supersalud dijeron que estaban avanzando en un consolidado del plan de choque nacional de entrega de medicamentos que anunciaron en diciembre pasado y que estaba fortaleciendo el equipo encargado de eso.
Fuente: EL COLOMBIANO
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