El presidente Gustavo Petro dio un paso formal este martes 24 de febrero de 2026 hacia su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Durante un Consejo de Ministros realizado en Cartagena, el mandatario firmó, junto a gran parte de su gabinete, la solicitud e iniciativa ciudadana que inicia oficialmente el proceso para impulsar esta reforma constitucional profunda.
La firma se produjo en medio de la transmisión en vivo del consejo ministerial, donde Petro y varios de sus ministros —incluyendo figuras como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino— estamparon su apoyo al documento. Esta acción marca el arranque formal de la recolección de firmas, tras la autorización previa de la Registraduría Nacional del Estado Civil al comité promotor (aprobado desde el 30 de enero de 2026).
Para que la convocatoria avance, se requiere reunir firmas equivalentes al menos al 5 % del censo electoral, lo que representa alrededor de 2.050.000 a 2.069.760 apoyos válidos, según diferentes fuentes oficiales y medios. El Gobierno ha señalado que la meta podría elevarse incluso a 3 millones o más, con el presidente Petro planteando en ocasiones aspirar a cifras tan altas como 10 millones de respaldos ciudadanos.
Petro ha defendido insistentemente esta vía como respuesta a lo que califica de “bloqueo institucional” a varias de sus reformas clave —como la de salud, laboral y otras iniciativas que han enfrentado rechazo o modificaciones en el Congreso y en altas cortes—. Argumenta que el “poder constituyente” del pueblo es necesario para superar esas resistencias y avanzar en transformaciones estructurales del Estado colombiano, cuya Carta Magna data de 1991.
El proceso busca presentar el proyecto ante el próximo Congreso que se instalará el 20 de julio de 2026. De lograrse las firmas y avanzar en las etapas legales, una eventual Asamblea Constituyente se instalaría después del fin del actual mandato presidencial (agosto de 2026), por lo que Petro participaría en ella —de concretarse— como ciudadano y no como jefe de Estado.
La iniciativa ha generado fuerte polarización: sectores del oficialismo y simpatizantes la ven como una oportunidad para profundizar cambios democráticos y sociales, mientras que la oposición, varios partidos políticos, exfuncionarios y expertos constitucionales la critican como innecesaria, riesgosa para el equilibrio de poderes y un mecanismo alternativo ante la falta de mayorías legislativas. Algunos la califican incluso de “acto de campaña” en pleno año electoral.
Este anuncio se produce en un contexto de alta tensión política, con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en marcha, y coincide con otros debates nacionales como la crisis climática, decretos de emergencia económica y el mantenimiento del salario mínimo “vital”. El Gobierno insiste en que la Constituyente fortalecería el “Gran Acuerdo Nacional” y permitiría reformas que el sistema actual impide.
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