Editorial por: Cristian Morelli (Abogado)
En San Andrés, cada captura por narcotráfico suele presentarse como un triunfo rotundo. Imágenes de lanchas interceptadas, paquetes incautados y titulares que anticipan condenas. Pero hay una realidad menos visible —y jurídicamente más relevante—: muchos de esos casos no fracasan por falta de delito, sino por errores del propio Estado.
Y ahí es donde empieza el verdadero debate.
No se trata de romantizar el narcotráfico ni de desconocer su impacto. Se trata de algo más incómodo: el sistema penal no puede darse el lujo de equivocarse. Porque cuando lo hace, no solo compromete un caso, compromete la credibilidad de la justicia.
En la práctica, los errores se repiten más de lo que se cree.
Capturas realizadas sin el cumplimiento estricto de los requisitos legales. Procedimientos donde no queda claro el momento exacto de la aprehensión. Actuaciones que, en la urgencia del operativo, terminan vulnerando garantías básicas. Y lo más delicado: pruebas que pierden valor por fallas en su recolección o preservación.
La cadena de custodia, por ejemplo, no es un simple formalismo. Es la garantía de que aquello que se incauta es exactamente lo que se presenta ante un juez. Cuando esa cadena se rompe —por omisiones, descuidos o improvisaciones—, el proceso se debilita. Y un caso débil, por más mediático que haya sido, está condenado a fracasar.
Algo similar ocurre con las interceptaciones o labores de inteligencia. No basta con “saber” que alguien está involucrado. En derecho penal, lo que no se prueba correctamente, no existe. Y cuando los procedimientos no se ajustan a la ley, esa información pierde toda utilidad jurídica.
El resultado es el que muchos no logran entender —o no quieren aceptar—: personas capturadas que recuperan su libertad.
Entonces aparece la crítica fácil. Se habla de impunidad. Se señala al juez. Se cuestiona al abogado defensor. Pero pocas veces se mira hacia donde realmente está el problema: en la forma en que se construyó el caso desde el inicio.
El derecho penal no funciona con intuiciones ni con presiones mediáticas. Funciona con reglas. Y esas reglas están diseñadas precisamente para evitar abusos, incluso en los casos más sensibles
















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