Esta contraofensiva jurídica de Thomas Greg & Sons introduce un giro crítico en el tablero judicial. Al radicar la denuncia penal a través de su abogado penalista, Mauricio Pava, la multinacional busca cerrar el paso a la narrativa del fraude y golpear directamente la credibilidad de la demanda que el Pacto Histórico planea presentar ante el Consejo de Estado.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, esta denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación persigue objetivos estratégicos muy claros frente al proceso de nulidad electoral:
1. El Argumento Central: Desmontar el «Mito del Control»
En el texto de la denuncia penal, Thomas Greg & Sons argumenta que el abogado y exmagistrado Luis Guillermo Pérez actuó con pleno conocimiento de que sus afirmaciones eran falsas.
La empresa deja en claro un principio operativo básico: ellos son un operador estrictamente logístico y tecnológico, lo que significa que no cuentan votos, no consolidan resultados ni modifican datos.
Al señalar que Pérez «tergiversó el funcionamiento del software de la Registraduría para crear zozobra», la compañía busca demostrar ante la Fiscalía que existió una intención dolosa de generar pánico en la ciudadanía y deslegitimar las instituciones.
2. El Impacto Directo sobre la Demanda de Nulidad Electoral
Este movimiento debilita la posición de los demandantes en el Consejo de Estado por varias razones:
Efecto de disuasión probatoria: Al judicializar las declaraciones de Luis Guillermo Pérez por presunta perturbación del certamen democrático u hostigamiento, la empresa eleva el costo legal de lanzar acusaciones en los estrados. Si la demanda de mañana se fundamenta en los mismos argumentos del «fraude informático operado por Thomas Greg» sin un soporte pericial incontestable, los demandantes se exponen a que la corte desestime los cargos de plano.
El estándar de la Fiscalía: Mientras el Consejo de Estado revisa la validez de los votos, la Fiscalía entrará a investigar si las denuncias públicas de fraude fueron un acto legítimo de oposición o una campaña sistemática de desinformación diseñada para alterar el orden público y sabotear el escrutinio.
3. Blindaje Reputacional e Institucional
Para Thomas Greg & Sons y para la propia Registraduría, esta denuncia penal actúa como un escudo. Ante los ojos del Consejo de Estado y de la comunidad internacional (incluido Estados Unidos, que sigue con lupa la transición), la compañía asume una postura de ofensiva legal, transmitiendo el mensaje de que confían plenamente en la trazabilidad de sus sistemas y que están dispuestos a someter sus procesos al escrutinio penal.
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