El veedor ciudadano Harold Bush Howard denunció en las últimas horas presuntas anomalías en la ejecución de un contrato de obra pública para dotar de acueducto al sector de Morris Landing, el cual se incrementó en más de 1.370 millones de pesos y aún las comunidades de la zona no reciben el preciado liquido.
«El gobernador anterior Nicolás Gallardo ilusionó a los residentes de Morris’s Landing en que iba a ponerles acueducto. Pero quedaron con los crespos hechos. Instalaron tuberías en algunas partes pero nunca llegó una sola gota de agua. El acueducto en el aire costó casi 7 mil millones de pesos pero ninguna entidad de control investiga.
El contrato de obra CO1.PCCNTR.7816980, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación y el Consorcio Aguas San Andrés 2024 (con la interventoría del Consorcio Interacueducto Urbano), fue concebido para solventar una necesidad histórica básica: la construcción del sistema de acueducto en el sector de Morris’s Landing.
Con un valor inicial de $5.400.103.094,00 M/CTE y un plazo fijado de 6 meses (iniciado el 18 de junio de 2025), el proyecto debió haberse entregado ‘operativamente’ a finales del año 2025.
Sin embargo, la trazabilidad del expediente refleja una secuencia de modificaciones contractuales que evidencian una sistemática falta de planeación a costa del erario (Ver Anexo: Contrato Principal CO1.PCCNTR.7816980 y RP N° 3258 de 2025).
Ejecutar un presupuesto de $5.400 millones de pesos en solo 6 meses en un entorno insular representa una inconsistencia técnica sustancial, y una inviabilidad logística que rozaba el riesgo severo e inminente de obra inconclusa.
La totalidad de la tubería PEAD (Polietileno de Alta Densidad), accesorios, maquinaria especializada y agregados debe ser transportada por vía marítima desde el continente.
Los tiempos de consolidación de carga, flete marítimo, trámites portuarios y posibles contingencias climáticas (temporada de huracanes/frentes fríos) absorben habitualmente entre 45 y 60 días de la fase inicial.
Asignar un plazo tan ajustado presiono al contratista a realizar excavaciones aceleradas en vías públicas de la zona de Morris’s Landing, generando cierres viales prolongados sin garantía de abastecimiento oportuno de insumos para el cierre rápido de zanjas.
¿Se fijó un plazo irreal de 6 meses de manera premeditada para justificar posteriormente la adición de tiempo y dinero mediante modificatorios?
Mientras San Andrés sigue esperando soluciones reales para el acceso al agua potable, los documentos oficiales muestran una metamorfosis financiera y temporal injustificable:
El contrato comenzó por $5.400.103.094. Posteriormente recibió una adición de $1.371.323.717,67, llevando su valor a $6.771.426.811,67.
Eso significa aproximadamente $1.371 millones adicionales, un incremento cercano al 25,4 % del valor inicial.
Pero el problema no termina ahí. El plazo inicial era de 6 meses. Después pasó a 10 meses. Y posteriormente se amplió nuevamente hasta 14 meses.
Los estudios previos del contrato aseguraban que antes de contratar la obra ya existían planos, presupuesto, programa de trabajo, análisis de precios unitarios (APU) y estudios de viabilidad técnica, ambiental, económica, legal y social.
Tan solo tres meses y medio después de iniciada la obra, se firmó el Modificatorio N° 001 para incluir 12 ítems no previstos (NP-01 a NP-12), como tuberías PEAD de 3″, excavaciones mecánicas y válvulas.
Entonces preguntamos: Si la obra estaba tan estudiada y planificada,
¿por qué aparecieron posteriormente ítems no previstos? No hay justificación técnica sólida para que aparecieran 12 ítems no previstos tan solo a pocos meses de haber iniciado la obra.
¿Por qué fue necesario adicionar más de $1.371 millones?
¿Por qué una obra que inicialmente debía ejecutarse en 6 meses terminó proyectándose a 14?
¿Por qué la Gobernación tuvo que suspenderla por problemas administrativos propios?
No existe una sola razón técnica sólida para que un diseño hidráulico serio omitiera elementos de red tan básicos.
El 29 de abril de 2026, la propia Gobernación decretó la suspensión temporal de la obra por 15 días porque, según el documento oficial, existían ‘inconvenientes de carácter administrativo’.
1. Falla en la Gestión Pública: De acuerdo con la Ley 489 de 1998 (Art. 3), la función administrativa debe desarrollarse bajo los principios de eficacia, celeridad y economía. Paralizar la obra por trámites o desarticulaciones internas es una confesión de negligencia legal.
2. Costo Financiero Implícito: Cada día de suspensión no solo retrasa la entrega del agua potable, sino que faculta al contratista para exigir mayores costos de permanencia (personal, maquinaria parada, extensión de pólizas), trasladando el costo del desorden institucional al erario.
¡La misma administración reconoce que sus propios problemas administrativos estaban afectando una obra de más de $6.700 millones!
Chapucería Jurídica y Falsa Motivación (El «Copy-Paste» en el Modificatorio N° 3)
En las consideraciones del Modificatorio N° 003 se intercaló la consideración de un objeto totalmente ajeno: ‘CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS…’ ¿Error de copiar y pegar? ¿Error jurídico? ¿Error administrativo? Puede ser cualquiera de ellos, pero en un contrato de $6.771 millones de pesos no estamos hablando de un detalle menor.
Que en un contrato de ese valor se incluya la consideración de un proyecto de ‘vías secundarias’ no es solo un descuido tipográfico; es una falla en la motivación del acto administrativo.
La Gobernación tiene la obligación de explicar, y las entidades de control de investigar, por qué una obra de agua potable para una comunidad que históricamente ha sufrido por la falta del servicio no puede convertirse en otra historia de: más plata + más tiempo + más modificaciones + más suspensiones.
Conforme al Artículo 35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), todos los actos administrativos deben ser debidamente motivados. Intercalar fragmentos de un contrato vial en uno de acueducto demuestra una transposición acelerada de plantillas sin la revisión previa del comité jurídico de la entidad.
Esto demuestra la ligereza con la que la administración tramita las modificaciones de contratos multimillonarios: aprueban adiciones presupuestales e incrementos de plazo con la misma prisa con la que ‘copian y pegan’ textos.
(Ver Anexo: Modificatorio N° 003, Considerando 4)
La Gobernación del Departamento no puede responder con evasivas. Exigimos la publicación e informe inmediato sobre:
1. ¿Cuál era el porcentaje de avance físico real y avance financiero exacto al momento de decretar la suspensión del 29 de abril de 2026?
2. ¿Por qué fue necesario adicionar más de $1.371 millones?
3. ¿Cuánto dinero se le ha pagado efectivamente al Consorcio Aguas San Andrés 2024 a la fecha?
4. ¿Por qué las cantidades adicionales y los 12 ítems no previstos no se contemplaron en la fase de estudios previos si contaban con «estudios de viabilidad técnica»?
5. ¿Qué medidas tomará frente al error en la motivación del Modificatorio N° 003 para corregir este vicio jurídico?
Hacemos un llamado de alerta a las autoridades de control en el Departamento Archipiélago:
A la Procuradora Regional, Dra. Ethel Castro: Investigar disciplinariamente a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura que suscribieron los estudios previos con deficiencias y evaluar la conducta omisiva de la Interventoría (Consorcio Interacueducto Urbano) por avalar rebalances e incrementos sin exigir rigor en los diseños originales.
Al Contralor Departamental, Robert Sánchez: Auditar con lupa la valoración financiera de los ítems no previstos ‘APU’ (NP-01 a NP-12). Es necesario verificar si existió sobreprecio o duplicidad de costos en las actas parciales de obra, evaluar si la prórroga continua y los costos de permanencia constituyen un daño patrimonial por desorganización administrativa
A la Fiscalía General de la Nación: Determinar si la fase previa del contrato incurrió en el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, al estructurar apresuradamente un proyecto para forzar adiciones contractuales posteriores.
No se puede seguir normalizando la entrega de obras públicas bajo el esquema de ‘adicionar dinero y prorrogar tiempo’ como mecanismo para subsanar estudios deficientes.
La comunidad de Morris’s Landing no necesita explicaciones sobre el clima o los rebalances de tuberías: necesita la culminación transparente, idónea y responsable del acueducto.
Morris’s Landing no necesita excusas. Necesita agua. Y necesita saber exactamente en qué se están gastando sus recursos públicos.
La transparencia no se anuncia. Se demuestra con documentos.»
Harold Bush Howard
+447944827147
haroldbush@yahoo.co.uk
H.Bush30@uniandes.edu.co
Por 