Ayer la Procuraduría reveló formulación de cargos contra los exgobernadores de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen y Nicolás Gallardo Vasquez por presunto desacato de tutelas para ejercer controles al desbordado parque automotor en San Andrés.
Cómo quiera que durante los últimos meses The Archipiélago Press ha estado haciendo seguimiento a las acciones judiciales impetradas por ciudadanos contra la administración departamental por este asunto y las respuestas que el Departamento le ha dado a los operadores judiciales, nos dimos a la tarea de revisar archivos sobre esta situación y encontramos que la Gobernación del Departamento ha venido atendiendo la situación para frenar ingresos de vehículos que dependen de muchos actores, entre los que se cuentan la DIAN, Aeronáutica Civil, Sociedad Portuaria, Movilidad y la empresa de chatarrización de San Andrés.
Es importante precisar que la actual administración departamental, a través de la Secretaría de Movilidad, ha adelantado de manera oportuna y continua diferentes actuaciones administrativas, técnicas y judiciales encaminadas a controlar el crecimiento del parque automotor en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, atendiendo la problemática histórica relacionada con el incremento desmesurado de vehículos y las particularidades territoriales, ambientales y de movilidad propias de nuestro departamento.
En ese sentido, resulta pertinente poner en conocimiento de ese órgano de control las principales actuaciones adelantadas:
Realización del censo vehicular de la vigencia 2024.
En cumplimiento de las órdenes impartidas por el tribunal administrativo, esta administración adelanto el censo vehicular durante la vigencia 2024, con el propósito de establecer la composición y dimensión real del parque automotor del departamento y contar con información técnica y actualizada que permitiera adoptar decisiones frente a la problemática del incremento de vehículos.
Presentación del informe comparativo de los censos vehiculares 2017 y 2024 al señor Magistrado del Tribunal
Con fundamento en la información recopilada, se presentó ante el tribunal administrativo un informe comparativo entre los censos vehiculares de los años 2017 y 2024, mediante el cual se puso en conocimiento del magistrado que el parque automotor registro un incremento del 8.75% durante el periodo analizado, aportando elementos técnicos para dimensionar la situación y sustentar la necesidad de adoptar mediadas restrictivas frente al ingreso de nuevos vehículos.
Solicitud de medida cautelar para restringir el ingreso de vehículos al departamento. Como consecuencia de la situación evidenciada, esta administración solicito al Tribunal Administrativo, como medida cautelar, la restricción del ingreso de vehículos al departamento. Dicha solicitud fue acogida por el magistrado, quien mediante auto No 0075 del 26 de mayo de 2025ordeno la restricción del ingreso de vehículos por el termino de tres (3) meses.
Solicitud de prórroga de medida cautelar
Mediante oficio de fecha 15 de agosto de 2025, se solicitó al Tribunal Administrativo la prórroga de la medida cautelar consistente en la restricción del ingreso de vehículos al departamento, por un término de dos (2) años, considerando la necesidad de mantener mecanismos efectivos de control sobre el crecimiento del parque automotor.
Pronunciamiento del Tribunal Administrativo frente a la solicitud de prórroga
Mediante auto No 0040 del 6 de abril de 2026, el tribunal administrativo negó la solicitud de prórroga de la medida cautelar de restricción del ingreso de vehículos al departamento.
Reiteración de las solicitudes ante el Tribunal Administrativo
El día 02 de junio de 2026, esta administración acudió nuevamente ante el Tribunal Administrativo, reiterando la necesidad de adoptar medidas frente a la regulación del ingreso de vehículos al departamento y exponiendo nuevamente las consideraciones relacionadas con la resolución No 5016 de 2017 y la necesidad de contar con un marco regulatorio actualizado y ajustado a las condiciones especiales del archipiélago, como lo es la creación de la Zona Diferencial de Transito, tal como contempla la nueva ley en vigencia 2294 de 2023.
Solicitud formal ante el Ministerio de Transporte para la creación de una zona diferencial para el tránsito.
De igual manera, se elevó solicitud formal ante el Ministerio de Transporte para la creación de una zona diferencial para el tránsito en el departamento archipiélago, teniendo en cuenta Las condiciones geográficas, territoriales, ambientales y de movilidad que caracterizan a la isla.
En dicha comunicación se expuso la situación normativa relacionada con la resolución No 50126 de 2017, así como la necesidad de que el Ministerio evaluara y adoptaran nuevas medidas regulatorias que permitieran atender de manera efectiva la problemática del crecimiento del parque automotor, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la necesidad de establecer instrumento adecuados a las condiciones particulares del territorio.
Además, se le hizo saber al Ministerio que en la parte considerativa de la resolución No 5016 de 2017, en la parte considerativa el Ministerio de Transporte dejo constancia con base en lo señalado en el memorando 20171010163633 de 2017, de que el mecanismo de reposición allí previsto no constituía una medida definitiva para el control del ingreso vehicular al departamento; por el contrario, se señaló expresamente que tendría una vigencia prevista de tres (3) años, durante los cuales se esperaba una disminución efectiva del parque automotor , lo cual permitiría evaluar y adoptar otras alternativas regulatorias.
Sin embargo, transcurrido ocho (años desde su expedición, y encontrándonos ya en el año 2025, dicha resolución continua vigente, sin que el ministerio de transporte haya ejecutado las acciones necesarias para evaluar el impacto de la medida, ni adoptado los ajustes normativos esperados para atender de manera definitiva el crecimiento vehicular en el departamento.
En consecuencia, es necesario resaltar que la actual administración ha desplegado actuaciones concretas, documentales y verificables, tanto ante la jurisdicción contencioso administrativa como ante el Gobierno Nacional, con el propósito de atender una problemática estructural que requiere la articulación de competencias entre las autoridades territoriales y nacionales.
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