Por: Daniel Newball H.
Ahora que inicia el nuevo año 2014 y las expectativas se elevan, mas ahora cuando se está por iniciar una intensa campaña política, es hora de que los grandes inversionistas privados en las Islas, los cuales se han beneficiado con obras de impacto social gracias a sus alianzas con dirigentes políticos vía onerosos contratos de concesión para prestación de servicios, nos expliquen cual va a ser el valor agregado que le ofrecerán a la comunidad isleña una vez entren en operación sus obras de repercusión social.
Hemos presenciado como los panameños tienen que recurrir a las necesidades de la humanidad para convencer a los contratistas de las obras de ampliación del Canal de Panamá renuncien a sus pretensiones de ganar más dinero bajo la excusa de los presuntos sobrecostos por más de US$1.600 millones de dólares como presión para poder terminar los trabajos ya que, como buenos inversionistas privados, quieren recuperar los dineros invertidos y la rentabilidad propia de los trabajos que se implementan para beneficio de todos.
Los panameños, si se descuidan, podrían estar enfrentando un “deja vu” histórico cuando presencien como los inversionistas españoles e italianos repitan la misma historia de cuando los estadounidenses tuvieron que intervenir para poder terminar los trabajos iniciados por el francés Fernando De Lesseps para luego cobrársela a los panameños con una concesión de 100 años.
Dice el refrán que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, pero otra es que por descuido dejemos que cada cien años tengamos que repetir la misma dosis de aquellos quienes con el poder económico suficiente lleguen a cometer acciones infames de despojo de las potencialidades de la región.
Según lo reporto el sitio web Reportur.Com, hace pocos días por Alberto Santo Domingo, el hermano menor de la familia antigua propietaria de Avianca, reveló que estaba casi hecho un negocio de compra de la Cadena Decamerón en Colombia.
Según la información del sitio web, no obstante, la operación no está cerrada ya que le quedan pocos flecos para que la hotelera de Lucio García, la mayor de Cartagena, pase a manos de los Santo Domingo, a través de su fondo Terranum.
Fuentes del mercado cifran la transacción en alcanza los US$500 millones de dólares, lo que, de concretarse, sería una de las mayores operaciones hoteleras del año, y una de las más significativas en la historia de América Latina. Según revela el sitio web, Cartagena está viviendo ahora un ‘boom’ hotelero, con la llegada de grandes marcas internacionales como Hyatt o Sheraton en régimen de franquicia, y la familia SantoDomingo ha querido apuntarse, tras vender a Germán Efromovich la mayoría del capital de Avianca.
Los Santodomingo aspiran así a volver a primera línea del negocio turístico, siguiendo el camino de otros empresarios que salieron de la aviación para adentrarse en una actividad con mayores márgenes y menores riesgos que el de los aviones, y siguiendo también la línea de los más ricos de Colombia, como Luis Carlos Sarmiento o Jaime Gilinski.
Algo esta claro y es que todos tenemos derecho a hacer dinero y a disponer como mejor convenga de nuestros bienes y activos, pero si se trata de servicios de conveniencia para la comunidad y forjados con recursos estatales es necesario que sus decisiones corporativas tengan en cuenta las consecuencias e impactos sociales que van a tener las mismas.
El Estado moderno no es más que una comunidad o corporación de servicios públicos cuyos agentes son los gobernantes, por lo tanto, es de entender que las funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento sin interrupciones de los servicios públicos y en consecuencia, cabe concluir que para esta doctrina administración y servicios públicos son la misma cosa.
En el preámbulo de la Constitución, entre los valores que debe consolidar el Estado se consagra el bien común el cual se logra en parte, mediante una adecuada creación y prestación también sin interrupciones de los servicios públicos.
A partir de allí, se desprende que los «servicios públicos» son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario o, a través de cualquier otro medio legal, con sujeción a un régimen de derecho Público o Privado, según corresponda.
De modo pues que no está de sobra exigir explicaciones a los responsables de realizar los grandes “negocios” con las necesidades comunitarias para evitar que ocurran hechos como lo sucedido con el famoso Cable Submarino de Fibra Óptica, una gran promesa de innovación tecnológica que resultó el elefante blanco que en materia de Internet no ha mejorado para nada el servicio para los isleños, o el servicio de energía que, hace poco, anunció una poda burocrática en su interior debido a sus bajos ingresos e iliquidez.
Explicaciones que vayan más de los anuncios rimbombantes de inversiones públicas es lo que necesitamos para que no terminen siendo la excusa perfecta para poder llenarse los bolsillos en busca de negocios rentables.
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