El Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón que ha tratado de desmarcarse de toda responsabilidad jurídica del nefasto Fallo de La Haya (aunque los dos últimos años de litigio y las audiencias públicas le correspondió a la actual administración) acaba de tomar una delicada decisión que pocos colombianos entienden y que indigna aún más a todo el pueblo de las islas frente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le despojó 75 mil kilómetros de Mar Territorial al Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Este gobierno a través de su agente ante el Tribunal de Justicia holandés acaba, Carlos Gustavo Arrieta, acaba de reconocer que Colombia dejó vencer los términos establecidos en los Estatutos de la CIJ para presentar una solicitud de revisión del fallo como consecuencia de un hecho nuevo, sobreviniente que no hubiera conocido el Tribunal durante el trámite del respectivo litigio y que tuviera incidencia en la decisión tomada.
Aun cuando es claro que por Ley y Constitución, corresponde al Presidente y a su Canciller el manejo de las Relaciones Internacionales, el tema del fallo de la CIJ es un asunto de interés nacional, pero por sobre todo de primordial interés del pueblo de las islas, principalmente del Pueblo Raizal que tiene el legítimo derecho de ser consultado sobre asuntos tan delicados que afectan la existencia misma de una etnia que puebla este territorio, y como mínimo el Gobierno debió notificar a sus autoridades, líderes y gentes de la decisión que estaba adoptando el Estado de no interponer recursos jurídicos como suele suceder en todo trámite procesal cuando se tiene una sentencia adversa y se buscan las últimas instancias para tratar de reversar o atenuar los efectos jurídicos, a efectos que éstos expresaran su acuerdo o desacuerdo con la nueva estrategia jurídica.
No solicitar la revisión, cuando además existen elementos o hechos que a juicio de otros internacionalistas o expertos de la diplomacia y el derecho internacional, debían invocarse para demandar la revisión, como fue la firma de un contrato (dos meses antes del fallo) con empresas Chinas para la construcción de un canal interoceánico que utilizará las aguas que le concedió la CIJ a Nicaragua, era una circunstancia novedosa que a lo sumo lo mínimo que hubiera merecido era el debate jurídico y lo más grave que hubiera podido decir la Corte era que no lo consideraba como tal y ratificar un fallo que de por sí ya es adverso.
La cobardía jurídica del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón lo llevó a tomar una decisión mucho más delicada y peor que las fallas que pudieron haberse presentado en la defensa jurídica frente a Nicaragua en once años de contencioso, y es no haber utilizado los recursos legales para evitar que el fallo quedara en firme al no haberse planteado una controversia jurídica que por lo menos dejara las constancias jurídicas e históricas del desacuerdo de Colombia con la decisión adoptada en noviembre 19 de 2012.
Luego haber renunciado Santos a la posibilidad de someter a revisión esa decisión de la CIJ que él mismo anunció pocas horas después de conocida en alocución radio televisada como injusta, ilegal y anti jurídica, y luego que su Cancillería le hubiera pagado más de cinco millones de dólares a una firma británica de abogados para que ayudara a trazar las estrategias jurídicas a seguir, hacen a su Gobierno tan jurídicamente responsable como a los que lo antecedieron y en quienes pretendió depositar toda la responsabilidad como si el suyo no la tuviera tanto política como jurídicamente.
Ni sus aliados políticos en la región entienden esta posición del Gobierno Nacional, tanto que se quedaron sin argumentos para seguir culpando al Gobierno de Uribe de la debacle ocurrida.
Y prueba de ello es que pocos días atrás por las redes sociales el Representante a la Cámara Jack Housni Jaller -.hoy confeso santista y defensor de la obra de Gobierno de Santos- gritaba los cuatro vientos en las redes sociales que “el mar lo perdió Uribe”, pero al replicarle este editorialista la responsabilidad del hoy Presidente en la renuncia jurídica a los recursos de revisión del fallo, no supo responder y solo atinó a repetir el libreto presidencial según el cual el “fallo no se aplica”, aunque se acata; lo cual es todo un galimatías que nadie entiende.
De modo que por lo inconsulta de la decisión, el Estado colombiano acrecienta su deuda con el pueblo de las islas, cada vez más legitimado para buscar una solución autonómica o independiente que le garantice la recuperación del mar perdido que no supo conservar la Nación y sus dirigentes.
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