El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina admitió una demanda de acción popular incoada contra varias entidades municipales, departamentales y nacionales por la ampliación del aeropuerto El Embrujo de Providencia que afectan el ecosistema insular de esa isla.
La decisión se adoptó mediante auto del 29 de septiembre de 2016 con ponencia de la magistrada Noemí Carreño Corpus dentro del Expediente No. 88-001-23-33-000-2016-00066-00 dentro del Proceso de Protección de Derechos e Intereses Colectivos donde ofició como demandante la líder social de Providencia, Josefina Huffington Archbold y otros y como demandado funge el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y otros.
Huffington Archbold y una veintena más de personas interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, en contra de la Dirección General de la Aeronáutica Civil, Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Municipio de Providencia y Santa Catalina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Transporte a través del Invias; la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Coralina, la Oficina de Control de Circulación y Residencia- Occre, la Procuraduría General de la Nación, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Defensoría del Pueblo,».
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse al juez.»
Así las cosas, el Tribunal admitió la presente demanda en aplicación de los principios constitucionales a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.»
Y para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda para la protección de los derechos e intereses colectivos demandados por Josefina Huffington Archbold y otros ciudadanos contra el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, por lo que personalmente se notificó a los representantes legales de la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA,. el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Municipio de Providencia y Santa Catalina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte a través del Invias; la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina, la Oficina de Control de Circulación y Residencia- Occre, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales Nacionales para que respondan la demanda por la ampliaciómn del aeropuerto El Embrujo de Providencia que afecta el medio ambiente insular de Providencia, y a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, a fin de que intervenga como parte pública en defensa de los derechos e intereses colectivos.
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