Tres congresistas entran al radar de la corte por el ‘ventilador’ de Moreno
El alto tribunal abrió investigación preliminar en contra del expresidente del Congreso Mauricio Lizcano, y los parlamentarios Julio Gallardo Archbolt y Martín Emilio Morales Diz. Fueron señalados por presuntos hechos de corrupción.
Investigación preliminar a Lizcano, Gallardo y Morales Diz por Gustavo Moreno Tres congresistas entran al radar de la corte por el ‘ventilador’ de Moreno Foto: Fotomontaje SEMANA
Todo indica que la negociación del exfiscal Gustavo Moreno con la Fiscalía vuelve a marchar sin contratiempos. Un juez de Bogotá deberá decidir a primera hora de este jueves si avala o no el principio de oportunidad con el que Moreno obtendrá la inmunidad por todos los delitos que cometió siendo abogado litigante.
A cambio, el abogado entregó un listado de 26 nombres de magistrados, axiliares, congresistas, abogados, gobernadores. No todos fueron incriminados pero una gran mayoría tendría relación con los hechos de corrupción que sacudieron la cúpula de la justicia. En otros casos, Moreno solo tiene pistas que tendrán que ser investigadas.
En contexto: Los nuevos salpicados por Gustavo Moreno
En un nuevo paquete de indagaciones preliminares, la Corte Suprema de Justicia le puso la lupa a tres nombres. En una decisión firmada este 24 de enero por la sala de instrucción conformada por los magistrados Luis Hernández, José Luis Barceló y Fernando Castro se abrieron nuevas indagaciones.
La primera es contra el expresidente del Congreso Mauricio Lizcano. El nombre del senador del Partido de la U -dice Moreno- fue mencionado por el exmagistrado Leonidas Bustos en una cena de fin de año llevada a cabo en el año 2014 en Miami. La versión del exfiscal es que Bustos le manifestó la posibilidad de integrar a un cliente importante de apellido Lizcano y que le cobrarían 5.000 millones de pesos. Días más tarde Gerardo Torres, Yayo, le precisa que se trataría de Mauricio Lizcano.
Lizcano aseguró a este medio de comunicación que no conoce al exfiscal y que tampoco tuvo relación alguna con Leonidas Bustos. «Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, es absurdo, es el nuevo derecho que una persona diga que no le consta nada pero le contaron, que si tiene pruebas las entregue».
El senador indicó que nadie le ofreció o le pidió plata y que no necesitaba buscar ese tipo de contactos porque tenía un proceso preliminar normal con muy buenos abogados: «Mucho menos tengo esa cifra, no tengo ni la mitad de eso en mi patrimonio y llevo trabajando 20 años», subrayó.
El segundo nombre que entra al radar de la Corte Suprema de Justicia es el del sanandresano Julio Gallardo Archbold. El representante a la Cámara por el partido Movimiento de Integración Regional fue mencionado por el exfiscal como un cliente que alcanzó a pagar para cambiar el rumbo de su proceso en la corte, sin embargo, el dinero tuvo que ser devuelto porque el magistrado Bustos cambió de opinión.
«Julio Gallardo Archbold me entrega unos recursos, como no se le ayudó termino devolviéndole los recursos. Incluso le comento a Gerardo (Yayo). En ese momento estaba por fuera de la Fiscalía, tengo que darle esos recursos a Julio y él entendió que el compromiso era sacar la preclusión. (…) Con posterioridad se le reintegran los dineros a Julio Gallardo Archbold porque Leonidas decide llamarlo a juicio».
El despacho de Bustos se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento en un proceso que se le adelanta por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros en el año 2014. El caso tiene relación con las presuntas irregularidades en la contratación de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes entre 2005 y 2006.
El tercer caso es el relacionado con el representante a la Cámara Martín Emilio Morales Diz, quien enfrenta graves acusaciones por presuntos nexos con paramilitares y bandas criminales.
En plena puerta del Congreso fue capturado en marzo de 2016 el senador del Partido de la U. Testimonios de un grupo de paramilitares que terminaron en las bacrim lo enredan con el homicidio de un exalcalde de su municipio, San Antero, en Córdoba, Wilmer José Pérez. También lo señalan de haber presuntamente apoyado la expansión y consolidación de ese grupo en la región.
Gustavo Moreno lo incluyó en la lista de clientes a los que intentó favorecer, aunque para los integrantes de la “oficina” era clara la situación jurídica tan complicada que afrontaba. Según el fiscal anticorrupción, el caso llegó a sus manos por cuenta de la congresista Zulema Jattin y, pese a las advertencias de Leonidas Bustos por la complejidad de las acusaciones, Francisco Ricaurte habría impartido la orden de aceptarlo.
“Capturan a Martín que es persona cercana a ella, Pacho dice vamos a tratar de ayudar, Bustos dijo que ese es un tema de narcotráfico, no se metan allí porque hay homicidio y él mismo había participado y firmado la captura. Yo transferí ese mensaje y Ricaurte dijo métase que yo hablo con Gustavo (Malo) para que nos ayude”.
Puede leer: Gnecco y Morales Diz: La estrategia del cartel de la toga en dos casos difíciles
Por ese proceso se habría cobrado 1.000 millones de pesos, de los cuales Moreno cree que se alcanzaron a recibir 800 millones. En el testimonio, el abogado no sostiene tampoco que el exsenador conociera el destino final de ese dinero. “De esos honorarios recibí 250 millones y el excedente se lo entregué a Pacho Ricaurte. Me tocaría revisar los pagos, podrían ser fraccionados de 200, 300 millones”, dijo.
El ponente es el magistrado Eugenio Fernández Carlier, quien llamó a juicio a Morales a finales de 2016. La ayuda que se le ofreció -señala Moreno- era pidiendo que se decretaran pruebas. “El compromiso que se asumió fue tratar de ayudar con posiciones de Malo de manera favorable”, indicó Moreno.
Sobre estas indagaciones, la Corte Suprema pidió al Congreso que certifique la condición de congresistas que tienen o tuvieron los mencionados. Tomado de Semana
Por 