El pasado miércoles 29 de enero del presente año el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora prendió nuevamente las alarmas afirmando que se habían reactivado los hechos de violencia donde las bandas criminales son las responsables de crímenes selectivos perpetrados bajo la modalidad de sicariato.
La advertencia que el funcionario había hecho apenas pocas horas antes, comenzando la mañana de ese día miércoles, parecieron concretarse en las horas de la tarde cuando se presentó un nuevo caso de sicariato a eso de las siete de la noche con el asesinato a sangre fría de José Morgan Hernández.
De acuerdo con el reporte elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría durante los últimos dos años se han recrudecido los brotes de violencia, reflejados en la cifra de muertes violentas, que a cierre del año pasado registró 20 casos frente a 17 ocurridos en el período 2012, con el agravante de que en cuatro oportunidades estas muertes estuvieron acompañadas por señales de tortura, siendo el caso más reciente el ocurrido en el sector Camino al Radar, en el sur de la isla, hace tan sólo tres meses.
Por ello el Defensor del Pueblo prendió las alarmas sobre las bandas criminales, afirmando que se están haciendo evaluación e igual se le está dando recomendaciones a las diferentes instituciones del Estado, “en la primera oportunidad hemos encontrado una respuesta oportuna de algunas instituciones y otras entidades se han opuesto al reconocimiento de la presencia de esas bandas criminales aquí en San Andrés y la idea de nosotros es continuar haciendo las denuncias y convocar a las instituciones a que cumplan con las bondades de esta alerta” afirmó el defensor del pueblo.
“Hay problemas que la Defensoría tienen que convertirse en un puente y de convocar a las demás instituciones a que atiendan los planteamientos, ya se tuvo reuniones con la comunidad que hace unas exigencias puntuales, se tuvo reunión con los líderes raizales y victimas que se encuentran registradas”.
El funcionario manifiesta su preocupación frente a esta modalidad, que se suma a dos hechos violentos de sicariato registrados en los últimos días y que bien no cobraron la vida de personas, si evidencian un deterioro provocado fundamentalmente por la incursión y enfrentamiento en los grupos armados ilegales de los “Rastrojos” y “Los Urabeños”.
A este diagnóstico se agrega la desaparición de 10 personas vinculadas en el registro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en hechos sucedidos durante los últimos cuatro años, así como el drama de las víctimas del desplazamiento forzado que afecta tanto a residentes como inmigrantes nacionales, es decir ciudadanos que han huido de la violencia desde regiones como Sucre, Bolívar y Chocó buscando refugio en el Archipiélago.
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