Ha revelado el Coral Palace que el pasado 8 de febrero se reunieron el gobernador (e) Juan Francisco Herrera Leal y funcionarios de la Financiera de Desarrollo Territorial para reactivar un proyecto que busca mitigar los estragos de la erosión costera, principalmente en las playas del sur de la isla y Black Sand en Providencia.
La buena noticia alrededor de este anuncio es que a través del Ministerio de Hacienda, se buscan los 32 mil millones de pesos que se tenían en una subcuenta y recuperarlos, pero al mismo tiempo se adelantó haciendo otra gestión para que con Invías el proyecto de dragado de San Andrés, que no se va a continuar, se liquide ese contrato, se devuelvan los recursos y podamos nuevamente ingresarlo por Invías, pero como un nuevo propósito que es dragado y recuperación costera para las playas de Rocky Cay, Sound Bay y Spratt Bight en San Andrés y para la playa de Black Sand en Providencia”.
Es decir que nos encontramos frente a una decepcionante buena noticia. Por un lado se retoman las gestiones y trámites para recuperar playas, pero por el otro lado, se revela que los dineros ya no están disponibles y mucho peor que se cancela el dragado del canal de acceso y que se devuelven los dineros.
Esto evidencia que a San Andrés durante los dos últimos gobiernos la han afectado tanto la corrupción como la politiquería no solo de su dirigencia gubernamental y política sino también de su liderazgo social.
Y no hay derecho que la coyuntura generada a partir del 19 de noviembre de 2011 cuando el Estado literalmente se le “abrió de piernas” presupuestalmente hablando al Archipiélago y prometió todo tipo de proyectos, únicamente haya servido para la vanidad política de quienes se dieron golpes de pecho como autores o gestores de la consecución de multimillonarios recursos, y otros hayan sacado provecho propio y se hayan lucrado o llenado los bolsillos, pero al final del cuentas nunca le sirvió ni a la sociedad insular ni para resolver y atender sus necesidades.
Lo que se ha visto últimamente es que además de la corrupción que encarceló a una docena de funcionarios de alto, medio y bajo rango, implicados en una trama de corrupción que aún no se ha destapado por completo, la politiquería y la negligencia de otros servidores ha echado al traste a los más importantes proyectos que debían estar sirviendo a la comunidad insular que está igual o peor que el 19 de noviembre de 2012, tras el nefasto fallo de La Haya.
Pero a eso se le suma el provecho propio que cierto segmento del liderazgo social de las islas ha obtenido, oponiéndose a proyectos necesarios para no solo el desarrollo económico de la Región, sino de la protección ambiental de sus ecosistemas, caso específico del dragado de acceso al puerto marítimo.
Esto ha desprestigiado el mecanismo de la consulta previa que al parecer es como un palo en la rueda al desarrollo de proyectos, pero al mismo tiempo un mecanismo de presión de ciertos liderazgos para beneficiarse económicamente en nombre de la comunidad, en una perversa estrategia bidireccional que se genera desde quienes presionan para pedir, como de quienes cooptan los liderazgos sociales como mecanismo para neutralizar las causas reivindicatorias validas de las poblaciones, pero que solo dejan beneficio a los líderes.
Que el gobernador encargado anuncie gestiones para recuperar las erosionadas playas de San Andrés y Providencia y el dragado del canal de acceso al muelle departamental es una excelente y aleccionadora noticia, pero que los dineros que ya estaban disponibles para uno y otro proyecto ya no están disponibles y se cancela y se devuelve el dinero del proyecto original es no solo una muy mala noticia, sino una vergüenza para nuestra dirigencia política y social, por que debió venir un foráneo a recuperar lo que estos no pudieron ejecutar.
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