¿Está Colombia al borde de una crisis civil militar?
¿Por qué la reforma que defiende Petro ha generado tal rechazo en los altos mandos?
Lo que está ocurriendo en estos momentos entre el Palacio de Nariño y el Comando General de las Fuerzas Militares no es un simple desacuerdo institucional.
Una tensión que podría redefinir las relaciones de poder en nuestro país y que tiene a muchos preocupados por la estabilidad de nuestra Democracia.
Por primera vez en la historia reciente de Colombia, 18 generales activos, incluyendo al comandante del Ejército y al jefe del Estado Mayor Conjunto, han firmado una carta pública expresando su frontal rechazo a la reforma militar propuesta por el presidente Petro.
En su cuenta de Twitter, el presidente respondió con dureza: «Las Fuerzas Armadas no son un Estado dentro del Estado. En una democracia, se subordinan al poder civil elegido por el pueblo».
Y añadió algo que encendió aún más la polémica: «Quienes no entiendan esto, quizás no deberían seguir al frente de nuestras instituciones militares».
Primer eje de la reforma, y quizás el más polémico, es la reestructuración del mando militar.
Petro propone modificar el sistema de ascensos y nombramientos, dándole mayor poder al ejecutivo en la selección de generales y coroneles.
Actualmente, aunque el presidente tiene la última palabra, en la práctica suele respetar las recomendaciones de la cúpula militar.
La reforma eliminaría el requisito de que los ascensos respeten estrictamente el escalafón militar, permitiendo que oficiales más jóvenes pero alineados con la visión del gobierno puedan ascender más rápidamente.
Segundo eje de la reforma, y esto es clave. La reforma plantea una reorientación de la doctrina militar.
Durante décadas, nuestras fuerzas armadas se han enfocado en el conflicto interno, con una doctrina contrainsurgente fuertemente influenciada por Estados Unidos.
Petro quiere cambiar esto hacia lo que él llama una «doctrina de seguridad humana», donde las amenazas no se limiten a grupos armados, sino que
incluyan el cambio climático, la inseguridad alimentaria y otros desafíos no
tradicionales.
En la práctica, esto significaría menos operaciones ofensivas contra grupos armados y más participación militar en proyectos de desarrollo y protección ambiental.
Tercer componente es la reforma a la justicia penal militar.
La propuesta busca limitar significativamente su alcance, trasladando prácticamente todos los casos que involucren posibles violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria.
Según el Ministerio de Defensa, esto fortalecería la legitimidad de las fuerzas armadas.
Pero muchos militares lo ven como una forma de exponerlos a procesos judiciales politizados.
Cuarto, y esto ha generado enorme preocupación entre los uniformados, la reforma incluye una revisión de la doctrina de «obediencia de vida».
Tradicionalmente, los militares están obligados a obedecer órdenes superiores, salvo que sean manifiestamente ilegales.
Propuesta de Petro ampliaría las excepciones, permitiendo que un militar se niegue a cumplir órdenes que considere «contrarias a los derechos humanos» o a los principios democráticos, un concepto que muchos críticos consideran peligrosamente ambiguo.
Quinto, la reforma propone una reducción gradual del tamaño de las fuerzas armadas, especialmente del ejército, compensada con una mayor inversión en tecnología y equipamiento.
El gobierno argumenta que Colombia tiene uno de los ejércitos más grandes de América Latina en proporción a su población, y que una fuerza más pequeña, pero mejor equipada, sería más eficiente.
Sin embargo, esta reducción ocurriría precisamente cuando varios grupos armados están ganando territorio en zonas rurales.
Por último, y esto es quizás lo más revolucionario, la reforma contempla la creación de una nueva rama de las Fuerzas Armadas: la Guardia Nacional.
Una fuerza de naturaleza civil, pero con entrenamiento militar, enfocada en seguridad ciudadana y control territorial en zonas urbanas y rurales pacificadas, y estaría bajo el mando del Ministerio del Interior, no del de Defensa.
Muchos ven esto como un intento de crear una fuerza paralela leal al proyecto político de Petro.
El gobierno justifica esta reforma con varios argumentos.
Primero, la necesidad de adaptar las fuerzas armadas a un contexto posconflicto. A pesar de que el conflicto claramente sigue vivo en muchas regiones.
Segundo, la importancia de fortalecer el control civil sobre los militares, algo que Petro considera insuficiente en Colombia.
Tercero, la urgencia de alinear la doctrina militar con los compromisos internacionales en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Todo esto suena muy bueno en el papel, pero para entender por qué ha generado tal rechazo entre los militares, Necesitamos mirar el contexto histórico reciente.
Además, Petro fue guerrillero del M-19 en su juventud, algo que los militares de vieja guardia no han olvidado.
Desde que asumió la presidencia, Petro ha realizado cambios significativos
en la cúpula militar, removiendo a generales considerados críticos con su visión y nombrando a oficiales que, según él, están más comprometidos con la paz y los derechos humanos.
También hay un contexto regional que no podemos ignorar.
En países como Venezuela y Nicaragua, gobiernos de izquierda han implementado reformas similares que, según críticos, terminaron politizando a las Fuerzas Armadas y convirtiéndolas en guardianas de un
proyecto político específico más que de la Constitución.
La carta, comienza con un tono respetuoso pero firme, con el debido respeto que nos merece el Señor Presidente de la República, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Nos vemos en la obligación moral y constitucional de expresar nuestra profunda preocupación por la reforma militar propuesta.
De entrada, reconocen la autoridad de Petro, pero dejan claro que hay líneas que consideran infranqueables.
El documento identifica cinco aspectos de la reforma que los generales consideran particularmente problemáticos.
Primero rechazan lo que llaman la politización de las Fuerzas Armadas.
La Carta, afirma que, la propuesta de modificar el sistema de ascensos para dar mayor discrecionalidad al Ejecutivo, podría convertir a la institución castrense en un instrumento político del gobierno de turno, contraviniendo su naturaleza apolítica consagrada en la Constitución.
Los generales, están acusando directamente a Petro de querer usar las Fuerzas Armadas como herramienta política.
Segundo, critican duramente la reorientación doctrinaria.
Las Fuerzas Armadas de Colombia, dice la Carta, han desarrollado durante décadas una doctrina adaptada a las realidades de nuestro conflicto interno, y a las amenazas específicas que enfrenta nuestro país.
Desmantelar esta doctrina para importar modelos ajenos a nuestra realidad
sería un grave error estratégico que podría comprometer la seguridad nacional.
Tercero, expresan seria preocupación por las reformas a la justicia penal militar.
Los generales sostienen que trasladar indiscriminadamente casos a la justicia ordinaria, especialmente en un país donde ciertos sectores podría paralizar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas por temor a represalias judiciales.
Cuarto, advierten sobre lo que consideran un «debilitamiento operativo».
La carta señala que «la reducción del pie de fuerza, combinada con la limitación de operaciones ofensivas bajo la política de paz total, está generando vacíos de poder territorial que están siendo aprovechados por grupos armados ilegales y organizaciones narcotraficantes».
Y aquí añaden datos concretos: En los últimos 12 meses hemos documentado un incremento del 47% en la presencia territorial de estos grupos en regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca, Nariño y Cauca.
Quinto, Finalmente, y esto es quizás lo más fuerte, cuestiona la constitucionalidad de la propuesta de crear una Guardia Nacional.
«La Constitución define claramente la estructura de la fuerza pública»,
afirman.
«Crear una fuerza paralela, dependiente del Ministerio del Interior, podría constituir una violación al ordenamiento constitucional y generar conflictos de competencia que afectarían la seguridad ciudadana».
La carta cierra con un párrafo que ha generado interpretaciones diversas.
Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución y las leyes de la República, así como nuestro respeto por la institucionalidad democrática.
Sin embargo, este mismo compromiso nos obliga a advertir sobre los riesgos que, a nuestro juicio profesional, representa esta reforma para la seguridad nacional y la estabilidad institucional del país.
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