Por segunda vez y de manera irrevocable la rectora de la Sede Caribe de la Universidad Nacional, Johannie James Cruz renunció al cargo y su salida dejó al descubierto una serie de presiones y discriminaciones hacia la funcionaria y su administración de parte de las directivas del nivel central, incluso con serias implicaciones presupuestales, operativas y administrativas que afectan el normal funcionamiento de esa institución en las islas.
Debido a estas circunstancias, la comunidad docente, estudiantil y administrativa de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, emitió un manifiesto en el que denuncia todas las presiones a las que ha estado sometida la rectora para que renunciara al cargo y los recortes presupuestales que se le han hecho a la entidad, generando dificultades en su funcionamiento. El siguiente es el texto del manifiesto que remitieron los estudiantes, docentes, contratistas y funcionarios de la Universidad al Consejo Superior Universitario de la Unal:
San Andrés, 14 de Marzo de 2014
Señores/as Miembros Del Consejo Superior Universitario, Universidad Nacional de Colombia Bogotá, D.C.
Referencia: Manifestación de inconformidad sobre el manejo que la Rectoría actual ha dado a la Sede Caribe
Señores/as miembros del CSU:
Desde comienzos de la actual administración, la estabilidad de la Sede Caribe se ha visto afectada negativamente como producto de decisiones apresuradas y ambivalentes por parte de la actual dirección de la Universidad. Por una parte, fuimos sujeto de una drástica reducción de presupuesto de funcionamiento y de inversión, este último en más del 70% para el período 2013-2015, que dejaba sin recursos para el funcionamiento normal a la Sede. Gracias a la movilización de la comunidad universitaria, y de la comunidad de las islas, se logró que las directivas nacionales apropiaran unos recursos adicionales para el año 2013. Por otro lado, en el mes de noviembre de 2013, a raíz del concepto emitido por Control Interno, ante la supuesta inhabilidad por parentesco entre la directora de la Sede Caribe, y la Jefe de la Unidad Administrativa, la Rectoría solicitó verbalmente a la profesora Johannie Lucía James Cruz la renuncia a su cargo, hecho que generó una gran movilización de la comunidad sanandresana y providenciana de respaldo a su importante gestión en el Archipiélago reclamando un dialogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto a la identidad raizal.
(Captura de imagen de Facebook) Inexplicablemente, aun cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública se pronuncia en los términos de no existir ninguna incompatibilidad e inhabilidad entre las dos servidoras, “mientras uno de los dos, no tenga la función nominadora dentro de la institución” (Función Pública, 03/12/2013), se continúa intimidando a las dos funcionarias para solucionar un supuesto conflicto administrativo, lo que lleva, en últimas, a que la directora de la Sede, luego de analizar las diferentes alternativas presentadas por la Administración, en un gesto de buena fe y ante la amenaza verbal del Rector de declarar insubsistente a la Jefe de Unidad Administrativa, decida presentar renuncia irrevocable al cargo de la dirección a partir del próximo 1º de abril de 2014.
Como habíamos manifestado en comunicación pública el mes de noviembre de 2013, el contexto político actual del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, a partir de la decisión de la Corte Internacional de La Haya, ha impactado de manera negativa a la población de las islas, en relación con la fragmentación de su integridad territorial.
Reiteramos que con la situación que se presenta en la Sede Caribe, se sigue desconociendo el contexto cultural de la población isleña, en el cual las familias raizales son extensas y sus miembros están por lo general emparentados entre sí. Al hacerlo se está impidiendo a sus miembros ocupar cargos en instituciones del Estado aun si se cumple con los requisitos suficientes, reconocidos por los concursos públicos de méritos que se realizan
regularmente, para el ingreso a la función pública. Por otra parte, no se está garantizando las condiciones básicas para promover la equidad de género en los cargos directivos de la Universidad Nacional.
En tal sentido, preocupados por esta nueva crisis que pone en riesgo la estabilidad de la Sede Caribe, solicitamos su mediación para abrir paso a una solución alterna y definitiva que posibilite a la comunidad académica las condiciones para continuar cumpliendo con su misión de formación, investigación y extensión y para sacar adelante el plan prospectivo de la Sede a 2032, que fue construido participativamente. Proponemos:
1. La conformación de una comisión mediadora. En vista de la renuncia irrevocable de la directora de la Sede Caribe a su cargo, solicitamos que se brinden garantías de estabilidad a la Sede Caribe y no se vuelva a producir una nueva crisis de gobernabilidad por asuntos administrativos que son manejables y de resolución inmediata si existiera la voluntad política para ello. En tal sentido, solicitamos que se conforme una comisión mediadora conformada por un representante de las directivas, un representante de los profesores del nivel nacional, un egresado de la Sede Caribe, el representante de los profesores de la Sede y un ex-director de la Sede, para que en una sesión de tres días en la isla de San Andrés estudie la situación y emita recomendaciones para la estabilización de la Sede Caribe.
2. Se consulte y acuerde un/una nuevo/a director/a de Sede. No estamos dispuestas/os a aceptar la imposición de una dirección de la Sede que desconozca los intereses de la comunidad académica (profesores, trabajadores, estudiantes, comunidad local). La decisión sobre el futuro de la Sede debe construirse a partir de fortalecer el consenso que ha construido la Universidad en su misión institucional en el Archipiélago.
3. Se establezcan relaciones laborales respetuosas de los derechos fundamentales de las/los trabajadoras/es de la Sede. Para el caso particular, enfatizamos que se garantice y respete el derecho fundamental al trabajo de la Jefe de la Unidad Administrativa, Luz Mila Ramírez, consagrado en la Constitución Política (Art. 25), y en ningún caso, se desfavorezcan sus condiciones de trabajo, las cuales no pueden, según sentencia de la Corte Constitucional “provenir de un poder discrecional o arbitrario de la administración” (C-356 de 1994). “En caso que lo amerite, (por un probable conflicto de intereses) las condiciones nuevas en las cuales habrá de actuar el trabajador en el lugar para continuar laborando deben ser dignas y justas y en ningún momento debe obligársele a renunciar…” (C-356 de 1994).
4. Se establezcan relaciones equitativas y de respeto a la autoridad de la dirección de la Sede. En particular, consideramos inaceptable la intimidación a la que ha sido sometida la profesora Johannie James, a quien no se le ha permitido desarrollar su gestión con las debidas condi
ciones. Solicitamos reconocimiento a su gestión y respeto a sus derechos
fundamentales.
Valga la oportunidad para resaltar el trabajo de investigación, formación y extensión que desarrollan conjuntamente las unidades y programas de la Sede junto con el Instituto de Estudios Caribeños, el Centro de Estudios en Ciencias del Mar y el Jardín Botánico, reconocidos por la comunidad en el Archipiélago y fuera de ella, aun a pesar de las restricciones financieras que ha sufrido la Sede en el período 2013-2015. Gracias al liderazgo de la profesora Johannie y al apoyo de su equipo de trabajo conformado por profesoras y profesores, administrativos y contratistas, se ha mantenido a la Sede cumpliendo con las labores misionales de la Universidad.
Como resultado, se han fortalecido los lazos de la Sede con las instituciones públicas y privadas del Departamento; se ha reforzado la cooperación con las instituciones de educación media, superior y de formación para el trabajo, así como con instituciones internacionales y estamentos gubernamentales del nivel nacional y departamental.
Consideramos que el nombre y el prestigio de la Universidad ante tan desafortunado tratamiento, que ha conllevado a crisis cíclicas en la Sede, en las actuales circunstancias locales en el Archipiélago, tiene graves repercusiones que afectan las relaciones que con tanto esfuerzo ha construido la comunidad académica de la Universidad con la sociedad isleña, que ha acogido en su seno a sus trabajadores, estudiantes, padres de familia y profesores, y deja mucho que desear de parte del primer centro académico del país que debe ser una universidad incluyente y respetuosa de los derechos de sus profesores y trabajadores y sobre todo comprometida con la comunidad en la cual está inserta.
Cordialmente,
Profesoras y profesores, personal administrativo de la Sede Caribe, madres y padres de familia de la Universidad, egresados de la Unal, contratistas y comunidad de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
C.C. Ministra de Educación y Viceministra de Educación Superior CC. Rector de la Universidad Nacional de Colombia CC. Comité Académico Administrativo Sede Caribe CC. Representantes profesorales de la Unal CC. Comunidad de la Universidad Nacional de Colombia en general
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