Humberto Izquierdo Saavedra
Son tan irresponsables los que reclaman levantar precipitadamente el aislamiento como los que pretenden mantenerlo hasta que haya vacuna. La recesión económica y el COVID-19 son tragedias de consecuencias tan graves que merecen igual atención. El verdadero problema es que ambos frentes demandan la inversión de cuantiosísimos recursos y probablemente va a llegar un momento en que haya que escoger. Como lo han advertido los expertos, todo depende del denominado ‘espacio fiscal’, que en el caso colombiano deja un muy estrecho margen de maniobra.
Unos defienden el desmonte indiscriminado y repentino del aislamiento alegando que la crisis económica puede matar más gente que el coronavirus. Es cierto que el desempleo y la quiebra masiva de empresas puede profundizar el hambre y la pobreza, tanto como echar atrás unos buenos años de desarrollo; sin embargo, la salud y la vida son un imperativo ético y por tanto no es admisible privilegiar unas vidas sobre otras, tanto menos si se trata de sacrificar a los más vulnerables. Mientras haya soluciones para salvar vidas en los dos frentes, no hay otra alternativa que intentarlo.
En cuanto a la salud, el Instituto Wheeler para los Negocios y el Desarrollo ha explicado claramente que hay por lo menos dos formas de combatir el nuevo coronavirus (LBS, 2020): una es reducir la demanda de atención médica atacando la velocidad de contagio y la otra es ampliar exponencialmente y en tiempo record la capacidad de cuidados intensivos, es decir, aumentar la oferta del sistema de salud.
Pero instalar miles de unidades de cuidados intensivos no es tan sencillo como quisiéramos, al paso que el personal de la salud no es sustituible. Una vez infectados, los perdemos por al menos 14 días y ni qué decir de los casos en que el sacrificio es eterno. Por eso la única apuesta viable es aplanar la curva, como dicen los expertos, o comprar tiempo para preparar el sistema de salud, como dicen los políticos, lo que solo es posible mediante el aislamiento. La pregunta es por cuánto tiempo hay que sostenerlo. Desde esta perspectiva, no parece difícil culpar a los que anteponen la economía a la salud, ni comprender a los que privilegian el aislamiento por sobre la reapertura del comercio y la industria.
Pero la historia cambia del otro lado de la moneda. A estas alturas, para nadie es un secreto que el aislamiento no es gratuito. Quedarse en casa significa que una porción casi absoluta del sector productivo no puede ofrecer lo que otros necesitan. Solo se salvan los renglones que abastecen los bienes y servicios básicos apenas necesarios para sobrevivir en casa, los cuales también la pasan mal porque se deteriora el acceso a los insumos para operar.
En economía, este es un fenómeno conocido como choque de la oferta, pero que en este caso irradia todo el sistema económico y, de carambola, produce también un choque negativo de la demanda. En palabras más sencillas, el COVID no solo es sinónimo de pacientes y muertos; también se traduce en despidos masivos y empresas en quiebra, lo que a su vez ralentiza la recuperación económica. Como puede apreciarse, la relación entre el aplanamiento de la curva y el desempeño de la economía es inversamente proporcional: a mayor aislamiento, mayor es la intensidad de la recesión (Hausmann, 2020).
Este es el panorama dibujado por Ricardo Hausmann, quien, en un reciente estudio sobre las consecuencias marcoeconómicas del C-19, señala que la solución evidentemente pasa tanto por implementar medidas de distanciamiento social, que permitan reducir el ritmo de contagio, como por desplegar acciones fiscales orientadas a evitar o mitigar las consecuencias que en el largo plazo tiene para la economía.
En esa medida, aunque se han adoptado algunas medidas para contrarrestar los efectos devastadores del aislamiento sobre la economía, tales como incentivos estatales para que las empresas puedan continuar financiando el pago de la nómina, préstamos del banco central para facilitar alivios en el pago de los créditos, subsidios al desempleo y asistencia directa a la informalidad, todas ellas dependen de un esfuerzo fiscal del Estado cuyos recursos son por supuesto limitados.
Y aunque en circunstancias difíciles es posible conseguirlos mediante endeudamiento externo, el problema es que esta situación sencillamente no tiene precedentes. El contexto previo al coronavirus ya era preocupante dada la destorcida de los precios de los commodities, que reducía sensiblemente la renta petrolera y, con ello, buena parte de la torta de los ingresos públicos en Colombia, mientras que el shock del mercado de capitales dificultaba las condiciones de acceso al crédito. De ahí que el aterrizaje del virus en Colombia profundice las dificultades a un punto no menos que alarmante, por cuenta de un decrecimiento aun mayor del recaudo tributario y la necesidad de hacer elevadas inversiones. Además, para acceder al crédito multilateral ahora hay que sumarse a la larga fila de países que ahora lo necesitan. El COVID y la crisis previa conforman un coctel muy tóxico y es por eso que Hausmann concluye que todo se reduce a un problema de ‘espacio fiscal’.
El espacio fiscal es el margen de gasto de los gobiernos mientras la deuda pública es sostenible. Se busca que la capacidad del Estado de pagar sus deudas (superávit primario) sea siempre superior al valor estimado futuro de la deuda (LOZANO-JULIO, 2019). Entonces hay un límite en que la deuda pública se torna insostenible, de manera que a partir de ese momento el Estado estaría cada vez más endeudado, por lo que el espacio fiscal viene a ser la diferencia entre la deuda límite y la deuda actual.
En el caso colombiano, el estudio de Lozano y Julio estima que “el límite de la deuda pública consolidada de Colombia se situaría en 55,6% del PIB y que el espacio fiscal ascendería a 7 puntos porcentuales del producto, aproximadamente.” (LOZANO-JULIO, 2019). Eso quiere decir que, si el PIB de Colombia al término del 2019 fue de 241,3 billones de pesos (DANE, 2020), entonces el espacio fiscal sería de aproximadamente de 16 billones de pesos.
Sin embargo, ese margen de maniobra tendría que ser ahora significativamente menor, puesto que el espacio fiscal es especialmente sensible a los choques externos como el que atraviesa el país, lo que sugiere, con Lozano y Julio, que en malos tiempos esa cifra puede reducirse en 2,3 puntos porcentuales del PIB, para una cifra más aterrizada de aproximadamente 11 billones de pesos.
En definitiva, Colombia puede aumentar el endeudamiento estructural en no más de 11 billones de pesos para invertir en la superación del COVID, lo que comprende no solo el grupo de erogaciones necesarias para incrementar la capacidad del sistema de salud, sino también el financiamiento de las acciones dirigidas a preparar el terreno a hacia la recuperación económica y evitar al máximo daños a largo plazo a la economía nacional.
Desde este punto de vista, recobra importancia la necesidad de pronosticar la fecha estimada en que se levantaría el aislamiento. Al respecto, Boston Consulting Group calcula que la restricción en Colombia se mantendría hasta el 4 de junio, en un escenario corto, y hasta el 4 de julio, en un escenario más extenso, según un reciente estudio sustentado en el periodo que se tomó Hubei, en China, para controlar la curva de contagio, ajustado con base en variables propias de cada país, tales como la capacidad de recibir pacientes infectados, o de aislarlos, la cantidad de muertes por enfermedades respiratorias, la efectividad del Gobierno y la calidad regulatoria.
La pregunta más importante a responder, entonces, es: ¿el espacio fiscal colombiano es suficiente para asumir esas erogaciones públicas? La probabilidad de que la respuesta sea negativa es considerablemente alta, lo que obligaría, en determinado punto, a escoger entre financiar el sistema de salud o financiar la economía, y en ambos casos se pierden vidas. Indudablemente, sostener el aislamiento hasta que se produzca e inocule una eventual vacuna es una idea tan inviable como levantarlo ya, aunque reconocerlo no sea tan popular.
Por esa razón, aunque ha hecho carrera la idea, con cierto optimismo, de que no hay tal dicotomía entre salud y economía, la realidad es menos esperanzadora. Así lo demuestran estudios como del profesor Hausmann y el estrecho espacio fiscal de la economía Colombia. Por eso la invitación es a asegurar la continuidad de las medidas de distanciamiento social tanto como sea necesario y posible, conforme a lo permita el espacio fiscal de la economía colombiana, en lugar de hacer eco a las voces radicales y populistas que dividen a la sociedad en torno a la continuidad o desmonte de la cuarentena.
El futuro y el bienestar de millones de colombianos está ahora en manos de los gobernantes, quienes deberán elegir entre privilegiar su imagen, con anuncios inviables pero populares, o el interés público, tomando decisiones con base en la razón y la evidencia, aunque sean más difíciles de vender.
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