Según conoció THE ARCHIPIÉLAGO PRESS, la Contraloría General del Departamento ya concluyó la auditoría a las obras del Tropical Park y ha calculado en principio un detrimento patrimonial superior a los siete mil millones de pesos, los cuales elevará a faltante para fallo y juicio de responsabilidad fiscal contra varios funcionarios y contratistas que intervinieron en la adjudicación, autorización de adiciones presupuestales, pago y recibo a satisfacción de tales obras cuya inversión no se comparecen con las obras finales que se entregaron.
Aún cuando no trascendieron los nombres de los implicados a los que se les imputará el juicio de responsabilidad fiscal, está redacción conoció que ya la etapa de auditoría concluyó, se está esperando que el Departamento entregue algunas respuestas a glosas que ha planteado el ente de control y se encuentra en la dependencia de Juicios Fiscales para que entregué el informe final al jefe de la entidad para promulgar el respectivo fallo.
LA INVESTIGACIÓN DE THE ARCHIPIELAGO PRESS
Un proyecto de 12.249 millones que terminó costando 17.176 millones de pesos más 450 millones de pesos de interventoría y no tiene nada útil ni atractivo.
Si existe una contratación que de verdad merece la labor moralizadora del triunvirato anticorrupción conformado por la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría en los tiempos del Covid19 es la de construcción de las obras de urbanismo y espacio público del parque recreo deportivo “Tropical Park”; un contrato leonino hecho para favorecer a un contratista y entregarle a manera de ‘anticipo navideño’ más de 6.120 millones de pesos a finales de diciembre de 2017 sin haber pegado un solo bloque.
Esta obra fue adjudicada el 13 de diciembre de 2017 por Ronald Housni Jaller, en Audiencia de Licitación Pública N° 023 de 2017, mediante Resolución N° 006421 al proponente Tropical Park, por el valor de doce mil doscientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta pesos $12.249.991.440. Para ello suscribió contrato de obra N° 1865 de 2017, con el Consorcio Tropical Park 17, cuyo apoderado especial es Fredy Alberto Bustos Ariza, según poder especial conferido por Andrés Sanmiguel Castaño en calidad de Representante legal. Curiosamente este proceso de más de 12 mil millones de pesos solo concitó el interés del contratista adjudicatario, quien por obvia sustracción de materia termino siendo premiado con la contratación.
El producto de esta inversión pagada completamente por la Administración Departamental que no solo premió al contratista con un anticipo de 6.120 millones de pesos en diciembre de 2017, sino que incluso en 2019 recibió el último pago y en diciembre de ese mismo año fue recibida a satisfacción por la Administración de Tonney Gene Salazar, es hoy día un “peladero” de no más de medio centenar de bancas y senderos de cemento, luminarias, un cuarto eléctrico, una batería sanitaria, y una unidad de recreación infantil que ni siquiera concita el interés de una ciudadanía apática y anestesiada por la histórica corrupción que ya se acostumbró a los “elefantes blancos” que suelen dejarle sus gobiernos.
Pero más allá de ese patético panorama, resulta inexcusable que a estas alturas no haya un solo responsable de esta obra respondiéndole a la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría, por tantas irregularidades que desde la etapa de contratación, durante toda la ejecución, pago de anticipo, actas parciales y finales y recibo a satisfacción, solo ha favorecido al contratista, pero para nada al Departamento y menos a la comunidad insular.
En febrero pasado la Fiscalía General de la Nación se hizo presente en la Secretaria de Turismo para recabar toda la información del caso y se llevó abundante documentación que ahora hacen parte del proceso investigativo y previno a la Administración Departamental de no ejecutar acciones en esa infraestructura hasta tanto no avance la investigación, según reveló recientemente el secretario de turismo departamental Sebastián Ospina Archbold en diálogo con Radio Archipiélago.
El 27 de Agosto de 2019, a las 10:00 a.m., en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Turismo cito a los contratistas a una audiencia por incumplimiento de contrato, en donde los perjuicios por el presunto incumplimiento fueron tazados por el valor de $264.740.000.
En la referida diligencia, el apoderado judicial del Consorcio Tropical Park y el apoderado judicial de la Aseguradora Compañía de Seguros Mundial S.A presentaron sus descargos. Sumado a ello se decretaron las pruebas documentales y testimoniales solicitadas por los apoderados judiciales, Una vez analizadas las pruebas allegadas dentro del proceso, observado el informe de supervisión la Secretaria de Turismo Departamental procedió a
proyectar resolución declarando incumplimiento al contrato de interventoría y expidió la Resolución N° 006373 de 24 de septiembre de 2019, mediante la cual resolvió declarar el incumplimiento parcial del Contrato de Interventoría y se ordenó hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria en favor de la Gobernación por valor de $44.972.750,oo, descontar el valor de la Cláusula Penal liquidada, por el incumplimiento parcial declarado, de los
saldos adeudados por Consorcio Tropical Park por razón de la ejecución del Contrato de Interventoría.
Posteriormente el día primero (1) de octubre de 2019, en desarrollo del proceso sancionatorio los apoderados judiciales interpusieron y sustentaron recurso de reposición en contra de la Resolución N° 006373 de 24 de septiembre de 2019. Sin embargo, la Secretaria de Turismo confirmó el incumplimiento parcial del Contrato de Interventoría.
No obstante desde el 13 de noviembre de 2019 la saliente secretaria de Turismo Yadira Olivo Flores presentó un informe de empalme de 23 páginas ante el despacho de la entonces gobernadora encargada Tonney Gene Salazar denominado informe de gestión y empalme- Contrato de obra N° 1865 de 2017 y su contrato de interventoría N° 1873 de 2017- Tropical Park. Vigencia Noviembre 15 de 2018-Octubre 31 de 2019-Secretaria de Turismo y radicó copias ante la Contraloría Departamental, Fiscalía General de la Nación-Seccional San Andrés, Procuraduría Departamental, Contraloría Regional de San Andrés
Control Interno- Gobernación Departamental de San Andrés Providencia y Santa Catalina, detallando la situación de ese contrato y su respectiva ejecución, fallas, etc.
Como consecuencia de lo anterior, la Secretaria de Turismo, mediante Memorando N° 931 de 7 de octubre de 2019 dirigido a la Secretaria de Hacienda, remitió copia de la Resolución N° 006373 de 24 de septiembre de 2019, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato. Ante esa notificación a la Secretaria de Hacienda, ésta dio traslado ante la Oficina Jurídica mediante Memorando 282 del 17 de octubre para que se realizara el cobro persuasivo y hacer valer la póliza, para hacer el cobro coactivo mediante el juez de ejecución fiscal.
Todos estas gestiones y detalles fueron reportados en un informe de empalme, por la secretaria de Turismo Yadira Olivo Flórez quien le advierte a la mandataria encargada que se debió declarar el incumplimiento al contrato de interventoría N° 1873 de 2017, suscrito entre el Departamento Archipiélago y el Consorcio Tropical Park, puesto que el contratista no cumplió con el personal mínimo requerido en obra; hizo entrega tardía de los informes de interventoría; envió un delegado que no estaba debidamente facultado para la toma de decisiones, esto a sabiendas que en los mencionados comités se tomarían decisiones de vital importancia para la obra contratada a través del contrato de obra 1865 de 2017; no realizó la inspección final de obra, y que se le impuso la sanción pecuniaria para que se multara al mismo.
Suspensiones y reinicios:
Esta obra tuvo un total de cuatro suspensiones e igual número de reinicios; la primera de ellas tan solo un mes después de entregada en concesión y con más de 6 mil millones de pesos de anticipo embolsillados.
Esta primera suspensión en enero de 2018, por un término de un mes obedeció según el contratista debido a las condiciones climáticas (frente frío) y las mismas se reanudaron el 18 de febrero. No habían trabajado un mes cuando volvieron a solicitar suspensión de la obra el 9 de marzo por otro mes, argumentando motivos técnicos de la obra sobre los diseños y especificaciones técnicas, y reiniciaron el 10 de abril de 2018, por haber superado los inconvenientes que motivaron la suspensión.
De nuevo el 6 de diciembre de 2018, pidieron otra suspensión debido a que los tableros de distribución, postes, tapas de registro, transformador y luminarias llegarían a la Isla en un lapso de tiempo de 45 días calendario, por lo que solo hasta el 6 de febrero de 2019 se reanudaron las actividades. Y finalmente el 26 de febrero de 2019, se acordó suspender las actividades por un tiempo de 2 meses y 15 días, puesto que no se contaba con el permiso de rotura de pavimento por parte del Invias para la instalación y conexiones de tuberías eléctricas y de acueducto y alcantarillado, instalación, prueba y aprobación de uso del transformador eléctrico, y el suministro del material de lleno seleccionado ha sufrido diferentes percances, inherentes a la voluntad del contratista, lo cual generó atrasos en el desarrollo de las actividades.
Actas modificatorias, recibo parcial y pagos
El 16 de mayo de 2018 se llevó a cabo un acta modificatoria y en la que intervinieron Andrés San Miguel Castaño-Contratista-Representante Legal Consorcio, Tropical Park 17, Moisés Araujo Fuscaldo- Interventoria, Paola Toro Piedrahita, Secretaria de Turismo y Alejandro Lozano Bowie-Secretario de Infraestructura.
En dicha acta “existen ítems que fueron ajustados y otros dejados en ceros para ajustar al presupuesto asignado y cumplir con el objeto contractual de la obra, estos ítems hacen parte de un adicional en valor aproximadamente de $4.926.662.233 millones de pesos para instalaciones eléctricas, con lo cual la obra terminó costando 17.176 millones de pesos y no tiene nada útil ni atractivo.
No obstante, el 14 de noviembre de 2018 el representante legal del Consorcio Tropical Park le oficio a la Secretaria de Infraestructura Ninotskha Hudgson Hernández solicitando una adición presupuestal de 7 mil millones de pesos para cumplir el 100 por ciento del contrato.
Para justificar este valor adicional, el 15 de noviembre de 2018, se suscribió entre el Departamento Archipiélago de San Andrés y el Ingeniero Andrés San Miguel Castaño, en calidad de Representante Legal del Consorcio Tropical Park, Acta de Justificación del Modificatorio N° 01, ya que por parte de la interventoría y el contratista del proyecto, se encontraron que las cantidades de obra contratadas diferían de las expresadas en planos, además que para los sistemas constructivos diseñados se debían ejecutar actividades no contempladas en el contrato, lo cual generaba la creación de actividades o ítems nuevos que atienden de igual manera las necesidades de la comunidad,” argumentando que “la Isla de San Andrés tiene un medio ambiente marino que es muy agresivo contra cualquier tipo de estructura de concreto reforzado y metálica, lo que dio lugar a que las especificaciones de materiales se cambiaran para dar garantías sobre la estabilidad de la obra y dar funcionalidad al diseño.”
A la llegada de la última gobernadora que tomó decisiones respecto de este contrato, la señora Tonney Gene Salazar en octubre de 2019, de los $12.229.218.200,oo iniciales del contrato ya se habían pagado el anticipo de 6.120 millones de pesos, más un acta parcial de $4.794.642.011,oo. Lo que se desconoce es si se pagaron los saldos totales pendientes y la obra fue recibida totalmente por dicha administración.
Lo cierto es que toda esta obra lo que demuestra es la más absoluta improvisación del contratista que tuvo al menos cuatro suspensiones que se tomaron cerca de seis meses, apenas se dio cuenta en el camino que “el ambiente marino de la isla era muy agresivo”, y requería reforzar estructuras o que debía ejecutar obras eléctricas, etc., todo lo cual fue aceptado por la Administración Departamental que compromete las administraciones de Ronald Housni Jaller, Francisco Herrera Leal y Tonney Gene Salazar, y ameritan sanciones ejemplarizantes contra todos los responsables que dilapidaron más de 17 mil millones de pesos en una obra que resulta absolutamente inútil para la comunidad residente y turística.
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