Comisión y JEP escucharon a víctimas durante evento en Cali. En la foto, se ve hablar a Martha Giraldo, de Movice.
Comisión y JEP escucharon a víctimas durante evento en Cali. En la foto, se ve hablar a Martha Giraldo, de Movice.
Solo ese departamento está libre de denuncias por este delito. Centro Democrático otra vez quiere reformar esa jurisdicción.
Las condiciones geográficas son, quizás, la única razón que explicaría por qué la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no ha encontrado ninguna víctima de ejecuciones extrajudiciales en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, región rodeada de mar por todas sus aristas.
Tras escuchar a las víctimas de ese delito y detallar los principales modus operandi de las organizaciones criminales que los cometieron, la magistrada Catalina Díaz, integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP, aseguró que ningún otro territorio de la nación se salvó de registrar civiles asesinados ilegítimamente y presentados como dados de baja en combate.
Según Díaz, la Jurisdicción ha logrado encontrar patrones específicos en las características de las víctimas y los montajes de inteligencia que permitían, posteriormente, vincularlos con grupos subversivos. Fue así como los llamados “falsos positivos” alcanzaron la cifra de 6.402 víctimas identificadas entre los años 2002 y 2008.
“La mayoría de ellos eran muchachos muy jóvenes: campesinos, comerciantes, gente del campo que, por lo general, no tenía empleo”, describió Díaz, quien reiteró que las actuaciones “se dieron de forma sistemática” y que hicieron parte –según las conclusiones de la JEP– de una estrategia de la Fuerza Pública para presentar resultados en época de guerra.
JEP levanta reserva sobre versiones voluntarias de falsos positivos
“Para el Ejército las víctimas solo eran números, vacaciones y premios; pero para nosotros eran todo lo contrario: personas con proyectos de vida y con ganas de salir adelante. Hoy alzamos la voz para pedir verdad y justicia”, dijo Astrid Sanabria Vega, representante de víctimas de Casanare que, según el Auto 033 del 12 de febrero de 2021, fue el departamento con más asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Cabe recordar que todo lo anterior se da en un contexto en el que el Centro Democrático vuelve a retomar, vía Congreso, su intento de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz.
Hasta la fecha siguen vigentes tres proyectos radicados ante el congreso en contra de la JEP: uno presentado por la senadora Milla Romero, quien llegó a ocupar la curul del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez tras su renuncia, y dos más presentados por la senadora Paloma Valencia.
El primero, busca derogar por completo a la JEP, mientras que los dos últimos pretenden crear una sala especial para juzgar a los militares y quitarle la prelación en los casos relacionados con el conflicto armado frente a la Fiscalía.
Los expedientes revelados
Los casos de falsos positivos fueron priorizados por la JEP en el macrocaso 03 y, fruto de esa investigación, ya se conocieron los dos primeros autos de determinación de hechos y conductas, publicados en julio de este año. Allí, la Jurisdicción describió las conclusiones a las que llegó tras escuchar a 436 militares y catalogó dichos asesinatos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Pese a que los expedientes permanecían bajo reserva por tratarse de información clave, la JEP anunció que 91 expedientes que se tuvieron en cuenta para imputar a 25 miembros del Ejército y a un civil serán revelados y publicados en sus canales oficiales para que cualquier ciudadano los conozca.
Foto de cortesía. Tomado de El Colombiano
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