Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘los Pachenca’, han consolidado un modelo de gobernanza criminal en Santa Marta y su entorno que va más allá del narcotráfico. Según informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y reportes de El Tiempo, El Espectador y medios locales, el grupo ejerce un control territorial y económico basado en la extorsión masiva, homicidios selectivos, amenazas y la imposición de “normas” en barrios y sectores comerciales donde la presencia del Estado es débil o inexistente.
La extorsión como principal fuente de poder
La FIP estima que las ACSN obtienen entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales solo por cobros ilegales a comerciantes, hoteles, restaurantes, transportadores, operadores turísticos y productores rurales en el corredor entre Santa Marta, el Parque Tayrona y Palomino. Casi el 95 % de las extorsiones ligadas al turismo estarían bajo su control.
El esquema es sistemático: comienza con una “matrícula” obligatoria (cuota inicial que puede ir de 300.000 a más de un millón de pesos) y continúa con pagos periódicos. En el Mercado Público de Santa Marta, por ejemplo, se reportan cobros diarios de 3.000 pesos a vendedores de tinto, 5.000 a fruteros, 10.000 a carniceros y entre 20.000 y 30.000 a locales grandes, además de mensualidades. Solo en esa plaza el grupo recaudaría cerca de 10.000 millones de pesos al año.
“Serenos” o vigilantes barriales realizan censos de negocios, identifican quién paga y quién no, y recogen el dinero. Quienes se niegan enfrentan amenazas, panfletos, cierres forzados, atentados o asesinatos. La consigna, según investigadores y testimonios recogidos por El Espectador, es clara: “Pagar o cerrar, o morir”.
Homicidios, robos y control social
La disputa territorial con el Clan del Golfo ha disparado la violencia. En Magdalena, el promedio anual de homicidios pasó de 204 (2016-2018) a 554 (2023-2025), según datos citados por El Tiempo. Las ACSN son señaladas de homicidios selectivos contra quienes se resisten a pagar, denuncian o colaboran con autoridades, así como de robos y “loteos” (venta ilegal de predios) en barrios periféricos.
En sectores urbanos de Santa Marta donde la presencia estatal es limitada, el grupo impone reglas de convivencia, castiga conductas que considera “incorrectas” con amenazas, trabajos forzados o desplazamientos, y actúa como regulador del orden. Investigadores como Lerber Dimas, de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, describen una “gobernanza armada criminal” heredada de estructuras paramilitares históricas: “Es un tema cultural. La gente tiene miedo y paga”.
El reciente paro armado de 48 horas, decretado tras la baja de alias ‘Cholo’, evidenció este poder: hombres armados en motocicleta obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas, paralizando hasta el 80-90 % de la actividad comercial en la ciudad, según analistas locales. No necesitaron tomar la ciudad por asalto; bastó recordar quién controla las rentas y la vida cotidiana.
Estructura y alcance
Con cerca de 594 integrantes (334 armados, según la Fuerza Pública; otras fuentes hablan de hasta 1.000), las ACSN operan a través de frentes que cubren Santa Marta, Ciénaga, la zona bananera, La Guajira y Cesar. Su frente urbano en la capital del Magdalena mantiene redes de milicias y “serenos” que sostienen el sistema de control social y económico.
Autoridades han capturado en los últimos meses a varios presuntos extorsionistas del grupo, pero el modelo persiste. Expertos coinciden en que desarticular este poder criminal requiere no solo golpes militares, sino presencia estatal permanente en los barrios y corredores donde las ACSN han llenado el vacío institucional durante años.
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